El expresidente de Editora Panamá América, S. A. (Epasa) Ricardo Chanis ofreció al Ministerio Público en febrero pasado declaraciones sobre cómo Ricardo Martinelli y Henri Mizrachi compraron esta casa editorial en 2010.
La compra de Epasa implicó el desembolso de unos de $47 millones, que incluyó el pago en efectivo de una deuda de Epasa –de $12.5 millones– al Banco General, que pagó Martinelli en calidad de “préstamo de accionista”.
La compra requirió de una arquitectura financiera en la que, según Chanis, intervino directamente Global Bank, que para 2011, dos accionistas de Epasa –entre ellos, Martinelli– controlaban casi el 25% de las acciones de ese banco, dijo Chanis. Las maniobras corporativas sumergieron a los nuevos dueños de Epasa bajo capas y capas de entidades societarias, ocultando sus identidades.
Expresidente de Epasa se distancia de Martinelli
Cuando se trata de la libertad, cada uno vela por la suya. Y Ricardo Chanis –el otrora presidente de Editora Panamá América, S.A. (Epasa)– ha empezado a distanciarse de uno de los dueños de esa casa editorial: Ricardo Martinelli.
Acusado de lavado de dinero en el caso New Business, Ricardo Alberto Chanis ha revelado detalles de la compra-venta de Epasa en 2010 que, de acuerdo con el Ministerio Público, parte del pago se hizo con fondos públicos aportados por contratistas del Estado.
Y no solo eso. La operación habría tocado un espinoso terreno: el de la legalidad o no de la operación, según los detalles que describió Chanis en indagatorias que él ofreció –por iniciativa propia– al Ministerio Público, los pasados días 21 y 27 de febrero. Chanis empezó por decir que sabía que se pagarían $34.1 millones por Epasa, pero que desconocía el origen de esos fondos.
También dijo saber que a ese precio hubo que sumarle una deuda que mantenía Epasa con el Banco General, de $12.5 millones. En total, según Chanis, en la operación de compra-venta de la casa editorial se desembolsaron $46.6 millones.
El abogado afirmó que fue contactado en noviembre de 2010 por Henri Mizrachi Kohen, a quien, hasta entonces, no conocía personalmente. Mizrachi le pidió asesoría legal para comprar Epasa. Él aceptó, aunque su papel no se limitó al de asesor.
Chanis aportó al Ministerio Público correos y múltiples documentos sobre la compra de la empresa, sociedades armadas para este fin, así como comunicaciones con el Global Bank, que aprobó un préstamo para completar el millonario desembolso.
El abogado afirmó que no estaba previsto que él fuera miembro de la directiva de Epasa, pero que Mizrachi se lo pidió –alegando que no podría estar en Panamá por razones personales– poco antes de completarse la venta, el 21 de diciembre de 2010.
Y, aunque Mizrachi le endosó a Chanis la presidencia de Epasa –y el cargo de tesorero– , el empresario no tuvo problema en ocupar el cargo de secretario de la directiva, junto a Alberto Eskenazi, como director.
Chanis se distancia de ambos al asegurar que, aunque se desempeñó en esa directiva, lo hizo como un “independiente”.
La operación
Como se dijo, la compra de Epasa incluyó el pago de una deuda que tenía con el Banco General, institución que, enterada de la operación, pidió a Epasa honrar de inmediato la totalidad del préstamo.
Ello supuso un problema, como se verá más adelante, pero el banco recibió un cheque de gerencia de Global Bank por la suma adeudada, narró Chanis. Luego, el banco liberó las acciones que tenía en su poder en calidad de garantía prendaria.
La identidad de los nuevos dueños de Epasa quedó oculta bajo capas y capas de sociedades. La empresa pasó a ser propiedad de TPAHC, Inc. –creada el 7 de diciembre de 2010– dos semanas antes de la compra. TPAHC emitió mil acciones que, por instrucciones de Mizrachi, se repartieron así: 600 para Corporación de Inversiones Multimedios, S.A., cuyo beneficiario final es Ricardo Martinelli Berrocal, reveló Chanis.
El resto de las acciones –dijo Chanis– terminó en dos empresas, cuyo beneficiario final es Mizrachi: 200 para Ibiza Overseas Corp. y 200 para Meadows Investment, S.A.
La directiva de TPAHC la presidió Mizrachi hasta el 7 de julio de 2015, fecha en la que renunció, mientras que Chanis fue secretario y tesorero hasta el 6 de noviembre de 2019. Actualmente, TPAHC la preside Luis Eduardo Camacho González, abogado de Martinelli.
Mizrachi le informó a Chanis que el dinero usado para cancelar la deuda de Epasa al Banco General –$12.5 millones– debía ser reembolsado a Martinelli, quien lo aportó en calidad de “préstamo de accionista”. Esa fue la razón por la que –indicó Chanis– no fue parte del precio de compra de las acciones. Así, el fisco recibió impuestos por la operación sobre la base de $34.1 millones y no $46.6 millones.
Para pagar el dinero aportado por Martinelli fue necesario contratar un nuevo préstamo. El banco elegido para solicitarlo fue Global Bank, del que también era accionista minoritario Martinelli. Un oficial de ese banco –explicó Chanis– lo contactó para explicarle cómo se estructuraría el préstamo.
Explicó que Global Bank aprobó un préstamo de $10 millones, pero no a Epasa, sino a una empresa que debía ser constituida –según instrucciones del banco, dijo Chanis– que eventualmente se llamó Inmobiliaria TPA, S.A. Según Chanis, las acciones de esta nueva empresa, desde su constitución, se emitieron “100% a favor de TPAHC, Inc., sociedad tenedora de todas las acciones del Grupo Epasa”.
El préstamo de Global tendría que estar garantizado. Y para ello exigió que Epasa traspasara sus bienes e inmuebles a esta nueva sociedad, que era la que recibiría el préstamo, narró Chanis.
Lo siguiente fue que Epasa firmara con TPA un contrato de arrendamiento, a 10 años, cuya letra sería de unos $120 mil mensuales. Este contrato debía ser cedido íntegramente al banco, pues con este “arrendamiento” se cobraría el préstamo. Así, el banco le pagó a Martinelli a través de dos sociedades, el 18 de julio de 2011, recuperando el dinero que prestó para pagar la deuda al Banco General, explicó Chanis.
¿Por qué tantas vueltas para contratar este préstamo? Chanis dijo a los fiscales que las razones se las dio el oficial del Global encargado del crédito: Demetrio Serracín. La primera razón era que “el banco no le daba préstamos a empresas riesgosas, como medios de comunicación”. Ello explicaría la creación de una empresa inmobiliaria (TPA) a la que se dirigiría el préstamo.
La segunda razón era que “los señores Martinelli y Eskenazi no podían aparecer en este préstamo… el primero, por ser accionista del banco Global Bank, y el segundo, [por] ser director y accionista del Banco Global Bank”. Ello, agregó Chanis, “les obligaría [al banco] a realizar reservas indeseadas con cuestionamientos de la Superintendencia de Bancos”.
Chanis recordó que en 2011 –cuando Global aprobó el crédito de $10 millones– Martinelli y Esquenazi y sus respectivas familias poseían cada uno el 11.84% de las acciones de Global Bank, sus subsidiarias y afiliadas, incluido el Global Bank Overseas Ltd., por lo que entre ambos estaban en control de casi el 25% de las acciones de este banco.
“Lo que el banco necesitó fue no relacionar dicho préstamo a sus accionistas Ricardo Martinelli y Alberto Eskenazi por cuestiones administrativas o reglamentarias”. De ahí que, según Chanis, un memorando sobre el crédito otorgado dice que “fue aprobado a una parte ‘NO’ relacionada al banco.
Chanis insistió en no ser accionista de ninguna empresa, como constaba en una declaración jurada en la que Chanis aparecía como dueño del 50% de la empresa y que Mizrachi del restante 50%. “Nunca he sido ni accionista ni beneficiario de esa sociedad, como bien siempre lo ha sabido el banco”. Por ello, también rebatió la existencia de un memorando de crédito del Global Bank, dirigido al “Grupo Ricardo Alberto Chanis Correa”, grupo este que, según Chanis, “no existe”.
Para abonar a sus afirmaciones, Chanis dijo que tras la renuncia de Mizrachi de Epasa y TPAHC, “su interés por las empresas se hizo nulo y el señor Martinelli Berrocal, desde su liberación en el año 2019 [por el caso de los pinchazos], comenzó a actuar como si fuese el único dueño”.
Control de medios
En su indagatoria, Chanis se refirió al artículo 26 de la Ley 24 del 30 de junio de 1999 que regula los servicios públicos de radio y televisión. Dijo que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo consideraba restrictivo de la libertad de empresa, “lo cual conllevó que para el señor Martinelli se realizara una estructuración jurídicamente aprobada por nuestras leyes, para cumplir con lo allí establecido”, dijo.
Precisamente, en reuniones de la SIP, Chanis negó pública y categóricamente que Martinelli fuera uno de los dueños de Epasa, pese a que, desde el principio, lo supo de primera mano.
El artículo aludido por Chanis establece la prohibición del control de medios de comunicación: “Queda prohibido a los concesionarios de los servicios públicos de radio o televisión abierta controlar, en forma directa o indirecta, un periódico de circulación diaria...”. Y al revés: “Los concesionarios de servicios públicos de radio o televisión abierta no podrán ser controlados, en forma directa o indirecta, por un periódico de circulación diaria”.
Y es el propio Chanis el que sostiene que Martinelli es dueño de una televisora. En su indagatoria, refiriéndose a Riccardo Francolini como “amigo íntimo” de Martinelli, también dijo que lo asesoraba “en sus asuntos, incluso era presidente de Next Tv, que era otra empresa de medios de propiedad del señor Martinelli”.
Ello revelaría que estaban conscientes de que la estructura societaria creada para comprar Epasa ocultaría, a simple vista, que los dueños de un medio televisivo fueran, a la vez, dueños de medios escritos o viceversa, lo cual reñiría con la mencionada ley.
Préstamo de CA, con garantías de Martinelli
Las alegaciones de Chanis de no ser accionista del 50% del grupo que compró Epasa también serían abonadas por la aprobación de una línea de crédito de la Caja de Ahorros, a finales de abril pasado, a favor de Epasa, por unos $725 mil, destinada a sufragar gastos operativos de esa casa editorial.
El préstamo –con plazo de un año– está respaldado por la cesión pública al banco de facturas a favor de Epasa de 14 instituciones públicas, incluidas las del Ministerio de la Presidencia (por $308 mil) y la Caja de Seguro Social (por $406 mil), que completarían casi el 80% del total de las facturas que garantizan el préstamo, que suman $905 mil.
Además, el empréstito cuenta con otras dos garantías: fianzas solidarias de Ricardo Martinelli Berrocal y Henri Mizrachi, ambos identificados por Chanis como los mayores accionistas de Epasa.
