Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder al presidente Daniel Ortega, afirmó ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe que señala “impunidad estructural” y “crímenes de lesa humanidad” en esa nación.
Los comicios ocurren en un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”, dijo la CIDH, un órgano de la OEA.
“Las condiciones anteriores hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre”, advirtió el organismo.
El informe, titulado Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho, nota especialmente que no se ha implementado “ninguna” de las medidas para promover elecciones libres planteadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En su más reciente reunión, en octubre de 2020, el órgano máximo de la OEA instó a Nicaragua a impulsar una reforma electoral para garantizar la transparencia de los comicios, pero el gobierno de Ortega rechazó la resolución.
El reporte de la CIDH destaca que este año, “de manera insólita”, fueron detenidas “arbitrariamente” más de 30 personas, incluidos siete precandidatos a la presidencia, que permanecen privados de libertad.
Denuncia también la cancelación de las personerías jurídicas de tres partidos políticos, el “continuo hostigamiento” a las organizaciones civiles y de derechos humanos, y el acoso y la represión contra todo opositor.
Nicaragua se ha transformado en un “Estado policial”, donde el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, “tiene instalado un régimen de terror”, con suspensión de los derechos fundamentales y un “intenso y sistemático” ataque a las libertades públicas “a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales”, dijo la CIDH.
El informe subraya además que, al responder a las masivas protestas antigubermentales que estallaron en 2018, el gobierno de Ortega “llevó a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.
La represión de las manifestaciones dejó al menos 328 muertos, mil 614 detenidos, de los cuales 136 siguen presos, y más de 103 mil exiliados, según la CIDH.
La CIDH dijo que Nicaragua expresó su “no aceptación y rechazo absoluto” del informe, una copia del cual le fue remitida antes de su publicación.
“No es sino una insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad de nuestro país y cuyo único fin es difamar al Estado”, dijo el gobierno de Ortega en su respuesta a la CIDH.
Agregó que lo consideraba “una franca obediencia y replica de los designios lesivos e injerencistas del imperio norteamericano, en su pretensión de lesionar nuestra soberanía y autodeterminación, de cara a su próximo proceso electoral”.
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