Yami Garcés, una de las panameñas que está a la espera de que el Estado le reconozca su matrimonio, dio su testimonio la tarde de ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Mi familia merece ser reconocida, celebrada y visibilizada”, dijo ante un panel compuesto por comisionados de la CIDH, voceros de la sociedad civil organizada de Panamá y representantes del Estado panameño que participaron de la audiencia celebrada la tarde de ayer.
Garcés y su esposa Jessica son una de las cuatro parejas que esperan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie sobre el no reconocimiento de sus matrimonios civiles celebrados en el extranjero. Enrique Jelenzky, también panameño, manifestó durante su testimonio que a pesar de conocer a su esposo desde hace 21 años, para que éste obtuviera residencia en Panamá tuvo que aplicar mediante una visa de inversionista, pues su matrimonio no fue reconocido a su regreso.
La audiencia fue resultado de una petición que presentó Fundación Iguales, ONG panameña que defiende los derechos de la población LGBTIQ+. Participaron miembros de la organización, como Iván Chanis, abogado y presidente, y Linx Alexander Arango, tesorero. Chanis recordó que Panamá fue el último país hispanoparlamente en despenalizar la sodomía, en 2008. “El sistema de oportunidades e igualdades ante la ley no se ve reflejado a muchas minorías discriminadas”, manifestó Chanis, quien lideró la intervención en representación de la sociedad civil organizada, durante la audiencia.
Arango, por su parte, expuso un listado de instancias en las cuales el Estado ha violentado recientemente los derechos de la población LGBTIQ+. Mencionó, por ejemplo, que en los manuales de conducta de estamentos como la Policía Nacional y los Bomberos, se califica de “falta gravísima” practicar el “homosexualismo o lesbianismo”.
El abogado Carlos Ernesto González Ramírez, quien representa a los afectados en las demandas ante la CSJ, hizo un repaso jurídico de la legislación existente para sustentar el caso. Además, reiteró que la emisión de la opinión consultiva de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que “la orientación sexual es una categoría protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos”.
En representación del Estado panameño, Arlette Mendieta, la directora encargada de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados de la Cancillería, reafirmó el compromiso que tiene Panamá con la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconoció que la población LGBTIQ+ ha sido sometida a discriminación histórica. Por su parte, Isabel Valderrama, jefa de la oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades del Ministerio de Seguridad, destacó el “compromiso” de esa entidad en llevar a cabo capacitaciones para los estamentos en materia de derechos humanos.
Sus declaraciones enfrentaron lo mencionado por Arango en su intervención, quien detalló cómo la cuarentena por género a causa de la pandemia por Covid-19 afectó desproporcionadamente a la población trans. Además, recordó el incidente de la pareja lesbiana que a principios de septiembre fue detenida y multada por darse un beso dentro de su auto estacionado.
Ante estas declaraciones, Valderrama recordó que durante la pandemia, el Ministerio emitió un comunicado en el cual manifestaban que se le había instruido a los estamentos de seguridad a velar por la integridad de todas las personas, sin distinción de su expresión de género u orientación sexual. Arango replicó que dicho comunicado no estuvo acompañado de un lineamiento a seguir o firmado por un encargado responsable.
Tres comisionadas de la CIDH tomaron la palabra durante la audiencia para reiterar su llamado al Estado panameño de fallar en concordancia con lo expresado mediante la opinión consultiva de 2017, que pidió a los países impulsar reformas legislativas, administrativas y judiciales para garantizar que personas del mismo sexo tengan derecho a contraer matrimonio.
“No es sobre un caso en particular; hay discriminación histórica estructural”, dijo la comisionada Julissa Mantilla.
Otra comisionada, Flavia Piovesan, reiteró que la opinión consultiva genera “deberes estatales” en materia de derechos humanos.
Igualmente, el representante regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Alberto Brunori, expresó la necesidad de reconocer la discriminación por orientación sexual como categoría protegida.
Al terminar el encuentro, el propio presidente de la CIDH, Joel Hernández, fue categórico en el llamado.
“Hago votos porque Panamá continúe en el camino que ya ha iniciado y que culmine este proceso mediante el reconocimiento del matrimonio igualitario. Este es el reto que tiene el Estado panameño en sus manos”, indicó.
En tanto, Chanis hizo una solicitud formal ante la Comisión que se instaurara una mesa de trabajo entre la CIDH, el Estado panameño y la sociedad civil organizada de Panamá.
