Ciudad Hospitalaria, adjudicada con 9% de su costo en coimas

Exejecutivos de la empresa FCC revelaron ante fiscales en España que la obra conocida hoy como Ciudad de la Salud fue adjudicada a su favor, porque tuvieron que pactar el pago de una coima del 9% del costo bruto de la obra, que incluía el financiamiento de su construcción: $587.5 millones. Ello suponía el pago de casi $53 millones.

No obstante, dado que la banca estaba reticente a ofrecer tan elevados créditos, necesarios para ejecutar la obra, “intermediarios” habrían negociado, según los delatores españoles, una reducción del período de financiamiento, con lo que fue posible seguir adelante con la obra.

Eugenio del Barrio –exdirector regional de FCC– reveló en España que Riccardo “Francolini, apareció también como el intermediario en los cobros de las coimas de Ciudad Hospitalaria, que consistía en pagar el 9% del importe de la adjudicación y una comisión adicional que surgió después de $12 millones para la aprobación del cambio en las condiciones del pago del proyecto”.

Esta nueva “comisión” habría elevado el monto de la coima a más de $65 millones. Del Barrio explicó que, a su salida de FCC, a mediados de agosto de 2013, por este proyecto ya se habían pagado $15 millones.

Este caso, que se ha ventilado en los tribunales de justicia panameños, virtualmente llegó a su fin en octubre de 2019, cuando el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó una decisión del Juzgado Octavo Penal que sobreseyó de forma definitiva a los imputados en este caso, acusados de peculado en este proyecto, conocido hoy como la Ciudad de la Salud.

El Ministerio Público presentó el único recurso que que le quedaba para evitar el cierre definitivo del caso: el de casación ante la Corte Suprema de Justicia, el cual no se ha resuelto aún.

FCC exige al Gobierno el reconocimiento de $65 millones adicionales al costo de la obra por los retrasos sufridos a lo largo de 8 años.

En las entrañas de un negocio corrupto

Aquella reunión de agosto de 2012, en el despacho del presidente Ricardo Martinelli, en el Palacio de las Garzas, en la que participaron el entonces director general de FCC, Avelino Acero, y el director regional de la empresa, Eugenio del Barrio, terminó en otra reunión fuera del despacho del gobernante. Pocos minutos antes, Martinelli les había presentado al nuevo “intermediario” –Riccardo Francolini– que reemplazaría al ministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, en el delicado asunto de las “comisiones” que la empresa debía pagar por obras estatales adjudicadas a su favor.

Del Barrio, quien reseñó el breve encuentro con Martinelli en la Presidencia en una declaración ante fiscales en España, describió a Francolini como un sujeto que “se convertía en una suerte de testaferro del Presidente”. Pero Francolini demostró ser más que eso. Era diligente, pues, al salir del despacho del Presidente, de inmediato se interesó “en detalle” de todos los proyectos que manejaba Suárez, recordó del Barrio.

Y si bien la lista no era larga, no era poca cosa. Para entonces, FCC tenía los contratos del hospital Luis Chicho Fábrega, los tramos I y II del corredor Vía Brasil, y meses antes –en abril de 2012– había recibido el contrato de la Ciudad Hospitalaria, obras que sumaban inversiones –al momento de ser adjudicadas– casi $1,100 millones, y por las que FCC debía pagar importantes “comisiones”, siguiendo instrucciones del entonces ministro de Obras Públicas, dijo del Barrio.

Del Barrio describió, por un lado, el papel de Francolini en el proyecto de la Ciudad Hospitalaria y, por el otro, el de la firma Martínez Acha & Asociados en ese mismo proyecto, el más costoso que FCC manejó de forma individual, adjudicado en 2012 por $587.5 millones, obra que este año cumplió ocho años, inconclusa y subiendo precio.

Ciudad Hospitalaria

Según del Barrio, la licitación de la Ciudad Hospitalaria de la Caja de Seguro Social (CSS) se la ganó FCC legítimamente, gracias a una oferta competitiva. Sin embargo –advirtió– su adjudicación “se condicionó a la aceptación de una comisión del 9%”. Fue el abogado Mauricio Cort –recordó del Barrio– quien les recordó el pago del 9% del monto de la obra.

Cort era un abogado local, contratado por FCC a sugerencia de Suárez. El abogado cobraba y recibía las coimas en cuentas bancarias de una sociedad uruguaya denominada Arados del Plata, contó del Barrio. Cort justificaba el dinero que entraba a estas cuentas como pagos de honorarios por servicios jurídicos a FCC, aunque Cort, al igual que Francolini, eran intermediarios –entre la fuente del dinero y los destinatarios finales– según la descripción de del Barrio.

El monto de la coima del 9% por la Ciudad Hospitalaria supuso un pequeño cambio, pues se había pactado previamente pagar el 10% por cada dólar que cobrara FCC al Estado, tanto por contratos viejos como actuales. Ese 9% que debía pagar por la Ciudad Hospitalaria se elevaría, teóricamente, a unos $53 millones.

Cuando del Barrio dejó FCC –en julio de 2013– se habían pagado $15 millones de coimas por esta obra, es decir, $1 millón al mes –en promedio– desde su adjudicación.

El elevado monto de la coima aplicada en todas las obras adjudicadas a FCC en Panamá obligó a la empresa a diseñar una arquitectura contable para restar de sus proyectos locales privados y públicos, así como los que desarrollaba en países de Centroamérica, un 4% del monto de estos, incluidas obras que no estaban supuestas a pagar “comisiones”, hecho este que desconocían esos países.

De esa manera, FCC podía justificar contablemente la “comisión”, y al mismo tiempo completar contablemente el monto que se le exigía, aunque el dinero salía de los proyectos públicos adjudicados en Panamá.

Cambios en el contrato

El arranque de la obra parece haber tenido problemas por los términos del financimiento: los bancos estaban reticentes. Cort intervino. Según del Barrio, le dijo que FCC tendría ahorros en esos costos y ello les permitiría “encajar” la coima.

Esos ahorros serían del producto de reducir el plazo de financiamiento, y eso era posible porque la CSS contaba con liquidez, les dijo Cort. Gracias a ello, podrían ahorrarse entre 3 y 4 años de financiamiento, citó del Barrio a Cort. Solo que el ahorro para FCC era, en realidad, ganancias para los coimeros, pues, a cambio, la “comisión” se elevó varios millones más.

Además de diligente, Francolini era hospitalario. No era que prestara servicios para un hospital –aparte de ser el intermediario del negociado hospitalario– sino porque del Barrio contó que las reuniones con Francolini se hacían en su casa de Costa del Este. Eran reuniones entre él y del Barrio, con la ocasional compañía de Julio Casla –hoy exdirector de FCC para Centroamérica–, quien también pactó acuerdos de pena con el Ministerio Público.

De estas visitas a la casa de Francolini y de las comunicaciones que mantenía con él, del Barrio conoció detalles de la intervención de Francolini en el proyecto Ciudad Hospitalaria. Dijo que este último negoció con la CSS la reducción del periodo de financiamiento. Este cambio era vital, y según del Barrio, supuso un pago adicional de $12 millones, que se sumarían al importe del 9% del costo bruto de la obra. Así, el monto de la coima –tras la intervención de Francolini– teóricamente se elevaría a $65 millones.

Julio Casla relató a fiscales en España que el período de financiamiento contractual de la Ciudad Hospitalaria era de 7 de años, pero los bancos no estaban convencidos de aprobar créditos “a tan largo plazo”, pues la CSS no estaba sometida a los controles de auditoría que exigían los bancos. Ello hacía tales créditos riesgosos.

Reducir el plazo de financiamiento permitiría a FCC obtener el dinero necesario para costear la obra mientras la construía. Según Casla, el cambio en las condiciones del contrato se tradujo en una adenda en el contrato con la CSS en la que se variaron las condiciones de pago. Así, el proyecto dejó de ser llave en mano y pasó a fast track: pago por avance.

“Sin ese cambio en las condiciones de pago del proyecto, este no era viable –se justificó del Barrio– porque los bancos no aceptaban la financiación del mismo, y nos hubieran ejecutado la garantía bancaria, por lo que una vez más tuvimos que aceptar pagar la comisión, sintiéndonos coaccionados y extorsionados”.

Del Barrio le indicó a Casla que contactara a Francolini, que tenía que decirle algo. Era una instrucción: “por la aprobación de esta adenda se debía pagar...”, dijo Casla.

A mayo de 2013, $4 millones se habían pagado por el cambio relativo al financiamiento, indicó del Barrio. Ese dinero se pagó a través de la firma Martínez Acha & Asociados, reveló.

“Esa cantidad [los $4 millones] –precisó– corresponde sólo a Ciudad Hospitalaria. Es decir, a la comisión exigida por el señor Francolini para el cambio en las condiciones de pago del proyecto Ciudad Hospitalaria. Adicionalmente, se pagaba una comisión del 9% por la adjudicación de ese proyecto a Arados del Plata”, la empresa de Cort.

Según del Barrio, un contrato de servicios de consultoría legal, financiera y administrativa fue firmado por FCC y Martínez Acha & Asociados –oficina sugerida por Francolini– para canalizar el pago de los $4 millones por la reducción del plazo de financiamiento. La Prensa intentó obtener la versión de representantes de la firma, pero no hicieron comentarios.

Del Barrio fue insistente en que Francolini le daba a entender que el entonces director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens “estaba involucrado en el cambio [del plazo] de financiamiento del contrato y daba a entender de que esos $4 millones o parte de esa comisión iban para él, pero no me consta si realmente fue para él”, indicó.

Pero Sáez Llorens dijo a La Prensa, que “es totalmente falso que yo haya pedido o me hayan dado un pago por cambio del financiamiento de la obra. El señor Francolini... nunca tuvo nada que ver con la CSS ni con el proyecto de la Ciudad Hospitalaria”.

El exdirector de la CSS fue enfático: “No se a quién le cabe en la cabeza que por haber rebajado un monto de $70 millones a un proyecto (de $587 millones a $ 517 millones), le van a dar una comisión a alguien de $4 millones, cuando lo que buscó la Junta Directiva fue rebajar este monto, no subirlo. Creo que es el único proyecto en Panamá en que se firmó una adenda para reducir el monto inicial de un proyecto”.

El exfuncionario añadió que “el cambio del financiamiento no fue iniciativa mía, fue por una solicitud de la junta directiva, ya que la CSS en este momento tenía buena liquidez y vio una oportunidad para reducir el monto del proyecto, y esto fue analizado y aprobado tanto por el financista de la Junta Directiva como por el Director de Finanzas de la CSS”. (Lea la respuesta completa: ‘Nunca he tenido relación con hecho ilícito alguno’).

Casla no sabía quién recibiría ese dinero y si el contrato con Martínez Acha & Asociados era ficticio. “Lo que sí hice –dijo– fue indicárselo a esta fiscalía, pues podría corresponder a un contrato ficticio, dado el importe del contrato, que parte de lo contratado lo podrían hacer los departamentos correspondientes de FCC directamente, y que yo nunca vi documentación o informe alguno relacionado con esos servicios que figuran en el contrato”.

“No me consta que haya realizado servicio alguno para el proyecto de Ciudad Hospitalaria ni ningún otro. No recuerdo cuándo se firmó ni dónde, pero puedo afirmar que no fue en presencia de alguna persona de Martínez Acha & Asociados ni en sus oficinas”, concluyó Casla.

Cortizo quiere negociar con FCC finalización del proyecto

La admisión de FCC de haber pagado decenas de millones de dólares en coimas ha obligado a la empresa a entablar negociaciones con el Ministerio Público (MP), a fin de devolver esos fondos. Para tal efecto, FCC propuso algo parecido a un trueque.

FCC presentó recientemente una serie de facturas, que incluyó pagos no reconocidos o atrasados de obras en desarrollo e inconclusas. El propósito de ello era que Panamá no pagara tales importes a FCC, a fin de amortizar el monto pagado en coimas. Pero la propuesta, tras un examen de los documentos, fue rechazada debido a que las autoridades solo reconocen como buenas una fracción de éstas, lejos de alcanzar el 100% del total de las coimas.

Las negociaciones con el MP se suspendieron tras la declaración de la pandemia en Panamá. Y en medio de esta emergencia, el presidente, Laurentino Cortizo, anunció una negociación directa con FCC: “Nosotros preferimos como país llegar rápido a un acuerdo con FCC”, dijo, refiriéndose a la Ciudad Hospitalaria, proyecto concebido corrupto desde su nacimiento, con sobreprecios de más de $60 millones.

Por la pandemia, el presidente Cortizo quiere llegar a un acuerdo con FCC a fin de que entregue la obra. Esta negociación sería al margen de la que FCC ha entablado con el Ministerio Público.

FCC exige que le reconozcan $65 millones por “permanencia extendida” en el proyecto, que ha sufrido retrasos por años. “Requerimos llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo no puede ser con la cifra que ellos están solicitando… esa cifra hay que podarla”, indicó Cortizo.

La negociación con el MP, lejos de ser sencilla, se proyecta como compleja, de acuerdo con fuentes oficiales consultadas por este medio.

Esta nota fue modificada el miércoles 19 de agosto de 2020, a las 9:20 a.m., para hacer una corrección en el nombre del exdirector regional de la empresa FCC. Es Eugenio y no Eusebio del Barrio como se publicó originalmente.