Voces de la sociedad civil coinciden en que la mesa técnica designada para llegar a un acuerdo entre diputados y el Tribunal Electoral (TE) sobre las modificaciones a la Ley electoral llega tarde, pues el consenso ciudadano se alcanzó con la labor de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, previa a la presentación del paquete de reformas en la Asamblea Nacional (AN).
Además, hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia ante ataques contra la democracia y por ello convocan a otra protesta mañana jueves frente al palacio legislativo.
El tema coincide con otro escándalo que emana de la Asamblea: el alcalde de Capira es chofer de la diputada Yanibel Ábrego y cobra tanto en el municipio como en el Legislativo. Otros empleados de Ábrego figuran en sociedades de ella y su familia.
A juicio de los consultados, esto deja en evidencia la falta de regulaciones para asegurar la transparencia y rendición de cuentas en la AN.
Ciudadanía volverá a la calle; la Asamblea está en la mira
Reformas electorales inconsultas y a la medida; opacidad en el manejo de planillas y contratos; presupuesto inflado y posible proselitismo político con fondos públicos. Son algunos de los ejemplos sobre cómo se maneja la Asamblea Nacional en Panamá.
Por esto, diversos sectores de la sociedad civil exigen cambios reales y, para ello, la ciudadanía volverá a las calles. Así como el pasado 14 de septiembre miles de voces gritaron en contra de los cambios hechos en la Comisión de Gobierno al proyecto de ley 544, que reforma el Código Electoral, la dinámica se repetirá mañana jueves. Será la segunda vigilia cívica por Panamá frente al palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea. Y le harán coro ciudadanos de Chiriquí, Penonomé, Veraguas, Los Santos, entre otras regiones del país.
La convocatoria coincide con el debate de las reformas electorales en una “mesa técnica”, en la que participan magistrados del Tribunal Electoral (TE) y diputados miembros de la Comisión de Gobierno. El pasado lunes, el pulseo de las dos partes se concentró en la potestad del TE para fiscalizar los torneos partidarios y eliminar la palabra “gratuita” del concepto de propaganda electoral, entre otros.
La discusión será retomada hoy, pero desde ya Freddy Pittí, quien participó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) en representación de organizaciones de la sociedad civil, asegura no tener “mucha confianza” sobre lo que allí se discute, pues considera que “la fase técnica ya pasó” en las discusiones de la CNRE.
Manifestó que continuarán con la presión ciudadana en temas que consideran no negociables: el financiamiento electoral, la prohibición de la doble postulación y la eliminación del fuero electoral penal, entre otros.
Por su parte, Carlos Ernesto González, abogado y directivo de Panamá Decide –movimiento que busca convocar a una constituyente paralela–, considera que el intento de modificaciones al paquete de reformas por parte de la Asamblea llevó a la ciudadanía al “límite”.
“El voto es el único espacio de participación democrática que tenemos y con las modificaciones buscan robárselo”, dice. Coincide con el planteamiento de que la mesa técnica “ya se dio” durante las reuniones de la CNRE y resalta que la ciudadanía no se puede confiar de esta negociación entre el TE y los diputados.
El caso Yanibel Ábrego
Una investigación de La Prensa dejó al descubierto que funcionarios del despacho de la diputada de Cambio Democrático Yanibel Ábrego figuran en sociedades de ella y de su familia.
Jorge Ramos, alcalde de Capira, distrito al que ella representa en la Asamblea, es su chofer y cobra dos salarios. En total, gana $6 mil 600 mensuales, si se suman los gastos de movilidad.
“Esto es una lucha de clases. Esto no es otra cosa. Yanibel Ábrego, la pobre, no puede aspirar, porque es hija de un pescador”, dijo ayer la diputada y jefa de bancada de CD al preguntársele sobre el tema.
Ábrego ha intentado convocar a elecciones extraordinarias en CD para retar al actual presidente, Rómulo Roux, a quien tildó ayer de “millonario de Costa del Este”. En cuanto a los cuestionamientos por tener a familiares nombrados en su planilla legislativa, aseguró que el alcalde de Capira, Jorge Ramos, “no es el único”. “Que las autoridades hagan su trabajo... eso no es problema mío”. La planilla mensual de Ábrego cuesta $51 mil mensuales.
Lea aquí: Yanibel Ábrego, funcionarios a su servicio y de su familia
Para Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, “la ausencia de regulación en la Asamblea no es casualidad”.
Recuerda que este órgano recibió una puntuación de 35.2% en el más reciente Índice Latinoamericano de Transparencia Parlamentaria, y que particularmente en la dimensión de presupuesto y gestión administrativa fue calificado con apenas 11%. “De las 10 normativas básicas que implican rendición de cuentas y fueron evaluadas, la AN carece de seis”, dice. Habla de opacidad en la publicación de contrataciones, en el concurso de cargos legislativos y en la publicación de la ejecución del gasto. Cuestiona el uso de asociaciones sin fines de lucro para manejar fondos estatales por parte de diputados y resalta la “disparidad electoral”, pues manifiesta, “se utilizan los cargos de elección popular para hacer una campaña de cinco años cortesía de los fondos públicos”.
Giovanni Miranda, quien retó a Ábrego en las elecciones de 2019 como candidato a diputado por el circuito 8-2, califica de “penoso” lo plasmado en la investigación de La Prensa. Sin embargo, aseguró, lleva “años sucediendo en Capira y otros lugares del país”.
Manifestó que los pobladores de Capira conocen la situación, pero “las acciones que llevan adelante los equipos que maneja la diputada (Ábrego) permiten que siga reeligiéndose”.
Dice que asistirá a la convocatoria ciudadana de mañana, pues considera que es necesario ejercer presión para que las reformas electorales se lleven a fin de la mejor manera. Considera que la vigilia es un llamado a [Laurentino] Cortizo, para que no sancione una ley “hecha a la medida”.
