La demanda civil por daños y perjuicios fue presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) el 22 de marzo de 2012 contra Corporación La Prensa, S.A., (Corprensa) por una publicación hecha un año antes.
A continuación, brindamos un resumen de los orígenes, hechos y acontecimientos más relevantes que precedieron el secuestro preventivo presentado por el exmandatario la semana pasada.
¿Cuándo y cómo se inicia esta disputa?
En agosto de 2009, La Prensa llevó a cabo una serie de investigaciones que ligaban al círculo cercano y a familiares del expresidente Ernesto Pérez Balladares con pagos millonarios efectuados por una empresa que explotaba salas de juegos y de azar.
¿Cuál empresa?
Se trataba de Lucky Games, una sociedad que recibió durante la administración de Pérez Balladares una concesión directa, sin acto público, para la explotación de 9 salas de juegos por 20 años.
El 16 de junio de 1999, el Consejo de Gabinete autorizó el contrato de concesión. El Estado no recibió un solo centavo por la concesión, a pesar de que la concesionaria facturó en su primer año de operaciones 18 millones de dólares.
¿Se entregaron más concesiones para juegos?
El gobierno de Pérez Balladares otorgó, de manera de directa, otras dos concesiones: Comput-Bingo, S.A., y Competiciones Deportivas, S.A., que operaban Bingo 90, en Obarrio. Ambas tenían como accionista a Mario Pérez Balladares, hermano del expresidente.
¿No estaba prohibido a los particulares abrir casinos en Panamá?
En efecto, la Constitución establece que la “explotación de juegos de suerte y azar, y de actividades que originen apuestas, sólo podrán efectuarse por el Estado”.
Sin embargo, Pérez Balladares, mediante un decreto-ley, expedido por su Gabinete en 1998, utilizó la figura de la “concesión” para permitir la entrada de operadores privados en una actividad hasta entonces reservada exclusivamente al Estado.
¿Qué arrojaron las primeras investigaciones de ‘La Prensa’?
Este medio encontró que múltiples pagos salían de Lucky Games y eran depositados en la cuenta bancaria de una sociedad denominada Shelf Holding, Inc.
También se descubrió que Roosevelt Thayer (íntimo amigo y ministro de Vivienda de Pérez Balladares), así como Enrique Pretelt (yerno del expresidente) habían terminado ocupando cargos directivos dentro de Lucky Games: uno era el vicepresidente y el otro el secretario de la junta directiva.
La investigación descubrió, además, que otros directivos, tanto de Lucky Games como de Shelf Holding, eran personas muy cercanas a Pérez Balladares. Ese fue el caso de Samuel Camarena, presidente de la sociedad, que era el conductor de Enrique Pretelt; y de Ricardo Caputo, un cercano colaborador del expresidente que, incluso, estuvo a cargo de manejar las partidas discrecionales cuando ocupaba el Palacio de las Garzas.
¿Y la versión del expresidente y su entorno?
Antes de cada publicación, La Prensa contactó al expresidente para incluir su versión. Pérez Balladares prefirió no hacer comentarios sobre el contenido de la investigación de La Prensa, pero, a través de su vocera, Catia Rojas, aclaró que “todo el proceso de privatización, que incluyen las adjudicaciones y concesiones administrativas, se realizaron con apego a la ley”, así se publicó el 4 de agosto de 2009.
Roosevelt Thayer recibió personalmente al periodista de este diario y le admitió que, en efecto, él era director de Lucky Games, pero negó tener vínculo accionario alguno con la sociedad. Enrique Pretelt, sin embargo, no contestó los requerimientos.
¿Quiénes son los accionistas?
La Junta de Control de Juegos exigió a la empresa Cirsa, operador efectivo de distintos casinos y salas de juego en Panamá, revelar el nombre de los accionistas, tanto de Lucky Games como de otra concesionaria llamada Gaming & Services.
Cirsa contestó que aparecían como titulares del 29% de las acciones de ambas Enrique Pretelt y Roosevelt Thayer. Y que el 71% restante pertenecía a Cirsa.
En ese momento se supo que el total de salas que conjuntamente operaban ascendía a 23. Por último, el Ministerio de Economía reveló que desde el otorgamiento de las concesiones hasta el año 2008, las concesionarias habían obtenido ingresos por 266 millones de dólares.
¿Qué más se encontró sobre de Shelf Holding Inc.?
En el curso de la investigación periodística se reveló que Shelf Holding había sido incorporada por el bufete de un muy cercano abogado del expresidente y que desde su constitución, por su cuenta bancaria habían pasado ocho millones de dólares.
A pesar de no aparecer como directivo de Shelf Holding, Inc., los documentos de apertura de la cuenta bancaria estaban firmados por el expresidente Pérez Balladares. Adicionalmente, se encontró que Pérez Balladares, y su secretaria personal, Eyda Achon, era los firmantes de la cuenta bancaria de Shelf Holding, Inc. La chequera era manejada por el exmandatario y los cheques que giraba eran de su puño y letra.
¿Y los cheques “al Portador” girados por Shelf Holding, Inc.?
Pérez Balladares giró de su puño y letra cheques de la cuenta de Shelf Holding “Al Portador”, los cuales fueron endosados y depositados inmediatamente en su propia cuenta corriente.
¿Se beneficiaron otras sociedades?
Mister Bull Corporation, sociedad dueña del yate del expresidente, y Blue Cascade Inc., propietaria de su avión, también recibieron transferencias de Lucky Games.
¿Qué respondió Pérez Balladares?
A mediados de 2009, Pérez Balladares concurrió voluntariamente al Ministerio Público. Afirmó ante los periodistas y le entregó a la fiscalía una declaración afirmando: “no tengo ni he tenido ninguna participación accionaria ni de ninguna otra índole con la empresa Lucky Games, S.A., ni en ninguna otra empresa del sector de juegos de suerte y azar”. Aceptó, eso sí, la participación de sus allegados. “No he recibido ningún beneficio económico o de ninguna otra naturaleza de la referida actividad”, añadió.
Por esos días, el exmandatario también envió un correo a sus amistades y conocidos. En la misiva, reconoció que su administración otorgó a la empresa vinculada a Thayer y Pretelt una licencia para operar salas de máquinas tragamonedas. “El decir que esas personas son allegadas no es mentira, la mentira es insinuar que se le hizo un favor especial al margen de la ley”.
Sus declaraciones fueron reproducidas por La Prensa.
“Los golpes se dan, no se anuncian”
Por esos días, el expresidente advirtió en un correo enviado a una periodista de La Prensa que en “algún momento cobraré la cuenta”.
La amenaza la reiteró en una entrevista que por esos días brindó al diario Panama América:
PA - ¿A qué se refiere con saldar la cuenta?
EPB - Me refiero a que hayan armado dos semanas de infundios en primera plana partiendo de suposiciones y, sobre todo, que hayan involucrado y mencionado a miembros de mi familia, yo soy el político, mi familia, no. Eso se abre a ser castigado, yo tomaré el tiempo que tome, pero créanmelo, no para demandar a un periodista o a un periódico, no, no, esa parte de los errores son pasado, eso va por otro lado.
PA - ¿Por qué lado?
EPB - No, eso no te lo puedo decir. Ella [la periodista] me dijo que tenía que ponerlo en conocimiento de la Dirección del diario, y si eran amenazas, le dijo, no, yo no amenazo a nadie. Le dije tú puedes hacer lo que tú quieras, esta no es información secreta.
PA - ¿Esa posibilidad cabría contra otra gente que no sea periodista?
EPB - Yo no actúo sobre sospechas, yo actúo para saldar las cuentas de la gente que me ha hecho un mal comprobado.
En un encuentro de dirigentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en esas fechas, el expresidente reiteró públicamente: “Los golpes se dan, no se anuncian… a su debido tiempo lo sabrán”.
¿Entonces, a quién pertenecía Shelf Holding Inc.?
En una entrevista en el programa Debate Abierto, Pérez Balladares aseguró no ser dueño de Shelf Holding. “Los motivos por los cuales esta sociedad recibió o dejó de recibir dinero son estrictamente familiares, los cuales no tengo por qué divulgar, a menos que sean fondos mal habidos”.
“No tengo que estar debatiendo para el bienestar de La Prensa o de nadie lo que sucede en el seno de mi familia”. Además, el exmandatario dijo que le había prestado dinero a todos sus yernos para ayudarlos a hacer sus operaciones, pero aclaró que esto no tiene que estarlo divulgando ni mucho menos explicar cómo ellos le pagan. Sus declaraciones fueron reproducidas por este diario.
¿Se abrió algún proceso judicial?
El 14 de septiembre de 2009, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada anunció la apertura de una investigación. José Ayú Prado, quien entonces fungía como fiscal encargado, anunciaría posteriormente que se investigaba la posible comisión del delito de lavado de dinero.
El 27 de diciembre de 2009, el Ministerio Público giró una orden de conducción al exmandatario para que rindiera declaración indagatoria por presunto blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios.
Luego de aproximadamente 36 horas de una búsqueda que fue transmitida por los canales de televisión, y que incluyó la llegada de agentes a su residencia, su casa de playa, yate y otros lugares, el expresidente se presentó al edificio Avesa, a las 8:45 de la noche.
Primer expresidente detenido
El 14 de enero de 2010, Ernesto Pérez Balladares se convirtió en el primer y único expresidente, hasta ese entonces, a quien se le había decretado arresto domiciliario.
Durante los siguientes días, la defensa del exmandatario presentó un total de 19 recursos, incluyendo amparos, habeas corpus, recusaciones, apelaciones y solicitudes de fianza.
Su abogada, Guillermina McDonalds, incluso anunció que su cliente demandaría al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber quedado en un estado de indefensión. A su equipo legal se incorporó el abogado Carlos Carrillo.
¿Se le concedió fianza?
El juez noveno penal, Diego Fernández, a quien le correspondió el caso, negó la solicitud de fianza al expresidente, advirtiendo: “Se visualiza el ingreso de grandes sumas de dinero, así como el uso de intermediarios financieros, puesto que quienes manejan los fondos de las cuentas no son los dignatarios de las sociedades anónimas propietarias de las cuentas”.
Luego de casi tres meses de arresto domiciliario, el Segundo Tribunal Superior concedió al expresidente una fianza para no ser detenido que había solicitado su equipo. Quedó con impedimento de salida y obligación de notificarse dos veces al mes.
¿Hubo llamamiento a juicio?
El 8 de octubre de 2010, el Ministerio Público pidió el llamamiento a juicio del expresidente Pérez Balladares, bajo los cargos de lavado de dinero por fondos provenientes de actividades relacionados con juegos de suerte y azar.
“Pérez Balladares: Esta es una persecución judicial”
“Nunca he cometido ninguna ilegalidad ni mucho menos ningún delito de blanqueo de capitales”, fue el categórico comentario hecho por el expresidente, según se publicó en la portada de La Prensa el día 24 de marzo de 2010.
En todas las etapas de la investigación, detención, llamamiento a juicio y cuando se conoció la sentencia, La Prensa consultó y publicó la posición del expresidente, quien negó vehemente los cargos en todo momento.
La Prensa, incluso, publicó los resultados de una encuesta en la que el 45.5% consideraba que se trataba de un proceso justo, frente a un 41% que consideraba que era un caso de persecución política, y el 13% no sabía o no quería opinar.
¿Recibió apoyo del PRD?
Tras el anuncio de que se le llamaría a juicio, el expresidente recibió el apoyo de su partido. Al concluir una reunión en Penonomé, “figuras del PRD, como Balbina Herrera, Anel Flores, Omar José Torrijos y Laurentino Cortizo ofrecieron su respaldo a Pérez Balladares y aseguraron que lo acompañarían a la audiencia”, se reportó el 11 de abril de 2011 en este diario.
¿Por qué las autoridades involucraron a la ex primera dama?
Una vez recibido el llamamiento a juicio, el juez noveno ordenó ampliar las investigaciones para conocer la situación de Dora de Pérez Balladares, pues aparecía como firmante de una cantidad de cheques bajo investigación.
La firma de la ex primera dama volvería a aparecer en los cheques de una fundación de nombre “Seaside”.
La noticia que provocó la discordia
El 21 de marzo de 2011, La Prensa publicó la siguiente noticia: “El ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares podría ser objeto de una segunda investigación penal, también relacionada con el delito de blanqueo de capitales”, vinculada con “supuestas irregularidades detectadas en una cuenta bancaria en Bahamas”.
La Prensa reportó: “La anterior información consta en la ampliación de la vista fiscal del caso actual en el que se procesa al exmandatario por blanqueo de capitales, remitida el pasado 28 de febrero por el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, al Juzgado Noveno Penal. La audiencia preliminar está programada para el próximo 11 de abril.”
¿Una segunda investigación?
En efecto, el entonces fiscal contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, después de encontrar dos cheques (por 175 mil dólares y 45 mil dólares) que fueron depositados en la cuenta de Shelf Holding, Inc., ambos firmados por la ex primera dama Dora de Pérez Balladares, decidió indagar la razón de estos fondos que provenían de una cuenta en Bahamas.
Esa información había sido recibida por Aguilar después de que el Juzgado Noveno Penal le ordenó cerrar la ampliación del caso contra el exgobernante.
¿Buscó ‘La Prensa’ la versión del expresidente ante el nuevo hallazgo del fiscal?
Tanto en la edición del 21 de marzo 2011, como en la del día siguiente, La Prensa trató, en vano, de obtener la versión de Pérez Balladares.
Aún así, incluyó las declaraciones de su abogado, Luis Carlos Cabezas, quien declaró “que no hay nada ilegal en manejar una cuenta off shore y lo que mi cliente tenga que probar, lo hará en la audiencia programada para el 11 de abril.”
¿Qué error cometió el fiscal?
El Ministerio Público informó lo siguiente: “Seaside Foundation es dueña de una cuenta en el Banco del Istmo International con sede en Bahamas, de la cual fueron girados dos cheques –uno por 175 mil dólares, en 2005, y otro por 45 mil dólares, en 2006–, ambos firmados por la esposa del expresidente, Dora Boyd de Pérez Balladares, a favor de la sociedad Shelf Holding, Inc. Shelf Holding Inc. es una de las sociedades incluidas dentro de la investigación por blanqueo de capitales que se sigue contra el exmandatario”.
Cuando la fiscalía solicitó la información, lo hizo por el número de cuenta que aparecía en el cheque, sin percatarse de que la de Seaside Foundation tenía una subcuenta dentro de la cuenta madre del Banco del Istmo International Bahamas.
Por ello, la fiscalía informó que la cuenta de Bahamas contra la que se giraron los dos cheques “registró movimientos bancarios por más de 176 millones de dólares entre 2009 y 2010, época en que el expresidente era investigado.”
¿Fue aclarado el error?
En la edición del 23 de marzo de 2011, La Prensa reprodujo la respuesta de Luis Carlos Cabezas, abogado del exgobernante, quien calificó al fiscal Aguilar como “ignorante en materia financiera” y como “un instrumento de terceros” para afectar a Pérez Balladares (ver facsímil).
En la nota, Cabezas advirtió que el Ministerio Público cometió “un grave error” en la interpretación de la información que le suministró el banco, y que sirvió de base para hacerle la petición al juzgado para abrir un nuevo expediente contra el exgobernante.
Explicó, además, “que los más de 176 millones de dólares que se manejaron entre mayo de 2009 y junio de 2010 en una cuenta bancaria de Banistmo Internacional, con sede en Bahamas, no son propiedad de Pérez Balladares, y que ese monto corresponde a todos los depósitos y cheques girados por todos los cuentahabientes de ese banco durante ese período.”
“Pérez Balladares, sobreseído”
El 30 de abril de 2011, el expresidente Ernesto Pérez Balladares y otras 14 personas acusadas de blanqueo de capitales fueron sobreseídos de forma definitiva por el Juzgado Noveno Penal, en un fallo en el que se determinó que el Ministerio Público no había logrado probar ninguna de las acusaciones que le hizo a los imputados.
A criterio del juez Diego Fernández, la fiscalía se equivocó al imputar a los acusados los delitos de blanqueo de capitales y, como precedente de este, contra la administración pública.
En su fallo, Fernández indicó que el delito de blanqueo de capitales señala como delitos precedentes el peculado y la corrupción de servidores públicos, pero “de ninguna manera contempla genéricamente el delito contra la administración pública”.
El juez sostuvo que la fiscalía violó la legislación relacionada con el delito de blanqueo de capitales al tomar declaración indagatoria a 15 imputados con base en un criterio equivocado de los delitos por los cuales los estaba acusando.
Según reportó La Prensa, el fallo también señaló que la fiscalía no aportó “ninguna prueba directa o indirecta” que demostrara que los acusados incurrieron en los delitos de blanqueo de capitales o corrupción de servidores públicos. De igual forma, el juez dictó el descongelamiento de las cuentas bancarias secuestradas –desde abril de 2010– a nombre de la sociedad anónima Shelf Holding, Inc.
¿Hubo apelación?
Sí, el fiscal Marcelino Aguilar apeló la decisión. El 6 de enero 2012, bajo la ponencia de Elvia Batista, el Segundo Tribunal de Justicia confirmó el sobreseimiento dado al expresidente Ernesto Pérez Balladares y a otras 14 personas.
La Corte Suprema de Justicia, que admitió un recurso de casación contra la sentencia, lo reenvió con sus observaciones al Segundo Tribunal de Justicia.
El 13 septiembre de 2017, los magistrados del Segundo Tribunal absolvieron a Ernesto Pérez Balladares. “El delito precedente que fue objeto de estudio en el presente proceso judicial, [...] fue decretado su archivo debido a que los hechos investigados en ese momento habían sido juzgados anteriormente, aunado a que había pasado tiempo en demasía para ser dirimidos, desde que se otorgaron las concesiones, no siendo viable judicialmente su escrutinio para configurar el delito de blanqueo de capitales”, indicó el fallo.
¿Por qué demandó el expresidente a Corprensa?
Por los posibles daños y perjuicios que las publicaciones de los días 21 y 22 de marzo de 2011 –referentes a la cuenta de Bahamas– le hayan podido causar. El monto de la demanda fue de 5.5 millones de dólares.
¿‘La Prensa’ fue el único medio que publicó la noticia sobre la segunda investigación?
No, otros medios, tanto nacionales como extranjeros, cubrieron esta noticia.
¿El expresidente demandó a los demás medios que publicaron la noticia?
No, solo a Corporación La Prensa, S.A.
¿En este caso hay una sentencia condenatoria contra ‘La Prensa’?
No, no existe sentencia alguna contra La Prensa. El proceso, que lleva ocho años, luego de estar inactivo durante siete, fue reactivado por el demandante hace unos meses.
¿Por qué se ha presentado el secuestro?
El demandante presentó un secuestro preventivo por un millón 131 mil dólares, con el fin de asegurarse de cobrar, en el evento de que gane la demanda. Para ello, puso una fianza de 250 mil dólares.
¿Algún otro periódico ha sufrido una medida igual?
La acción de secuestro preventivo de bienes contra un periódico no tiene precedentes en Panamá.
