En medio de la repartición de dádivas adquiridas con fondos públicos por parte de figuras del Ejecutivo, de los gobiernos locales y del poder Legislativo, el fiscal electoral, Dilio Arcia, se limitó a decir que envió una circular a las entidades del Estado mediante la cual advierte que está prohibida la utilización de bienes y recursos del Estado para fines políticos.
El recordatorio de Arcia surgió luego de que medios de comunicación reportaran hechos en los que se vincula a personajes de la vida pública con la posible comisión de delitos electorales. Sin embargo, el fiscal reiteró que no puede investigar a los diputados porque esta tarea le compete a la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, la Procuraduría de la Administración remitió a la Fiscalía Electoral copia de un expediente que contiene una denuncia por la entrega de dádivas por parte de diputados oficialistas.
El clientelismo marca la ruta
En una circular enviada el pasado 13 de diciembre, la Fiscalía General Electoral advierte sobre la entrega de bienes y servicios estatales por parte de “funcionarios de elección popular”, y la responsabilidad que tendrían los ministros y directores de distintas entidades sobre el tema.
La circular está dirigida a “titulares de la administración pública central y descentralizada”, y, según expone el propio fiscal electoral, Dilio Arcia Torres, nace a raíz de “la reproducción audiovisual (en medios de comunicación tradicionales y redes sociales) de actos que registran la posible comisión de delitos electorales como lo son la utilización de bienes y recursos del Estado”.
Dádivas
Desde octubre pasado y, particularmente, al cierre del año, diputados de distintas áreas del país han liderado las entregas de bienes y ayudas estatales de distintos programas del Ejecutivo. La mayoría de ellos, publican fotos en sus redes sociales en las que, incluso, incluyen frases de campaña política.
La circular que emitió el fiscal Dilio Arcia surgió días después de que la Procuraduría de la Administración, a cargo de Rigoberto González, le remitiera un expediente que contiene una denuncia sobre el posible uso de bienes y recursos del Estado por parte de diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). González también envió copia de esa denuncia al Ministerio Público.
En la circular, la Fiscalía General Electoral cita el artículo 35 del Código Electoral, el cual plantea que los bienes y recursos del estado “no pueden utilizarse en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos, salvo que, en igualdad de condiciones, se destinen a un uso electoral legítimo”. Igualmente, hacen referencia al numeral 6 del artículo 471: “se sancionará con pena de prisión de seis meses a tres años... a las personas que utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos”.
La fiscalía responde
Arcia Torres considera que “hay una gran confusión” entre lo que la ciudadanía espera de la Fiscalía General Electoral y la “realidad jurídica en materia de derecho”. Así lo manifestó durante una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía durante la tarde de ayer.
Reiteró que esta entidad “no tiene competencia para investigar a los diputados”.
La Fiscalia General Electoral realiza conferencia de prensa relacionada a las denuncias por presunta utilización de bienes y recursos del Estados con fines políticos. Video Isaac Ortega. #LaPrensaSecuestrada sigue informando en https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/MouprjAQRt
— La Prensa Panamá (@prensacom) December 28, 2021
Sin embargo, Carmelo González, asesor del despacho superior, explicó que la fiscalía avanza con procesos para verificar el posible uso de fondos estatales para fines políticos. De momento, se envió una nota al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, directamente al ministro de esa cartera, Augusto Valderrama, y se está a la espera de un informe de gestión para determinar si se utilizaron fondos públicos para proveer los bienes entregados por funcionarios electos.
“Es un primer paso”, aseguró González. Ante cuestionamientos por parte de periodistas de si se avanzará con procesos similares en otras entidades, puntualmente en la Autoridad de la Micro, Pequeña, y Mediana Empresa (Ampyme), González se limitó a decir que esa entidad estuvo incluida en la circular enviada.
El programa Capital Semilla, de la Ampyme, ha estado bajo escrutinio a raíz del protagonismo que han tenido diputados del PRD en la entrega de las ayudas. Por ejemplo, la diputada Cenobia Vargas, del circuito 8-10, publicó fotos en su cuenta de Instagram en las que aparece entregando los beneficios de Capital Semillas. En una de las fotografías, incluso, está el director de la Ampyme, Oscar Ramos. Esta diputada también posteó un video mercadeando las ayudas y en el que aparece la frase: “Cenobia junto a ti en medio de la pandemia”.
“Definitivamente eso no debe ocurrir”, dijo Arcia Torres sobre la presencia de diputados en el reparto de bienes y servicios, y agregó que “cada uno de estos cargos tienen sus funciones y la función del diputado no es repartir bienes”.
Sin embargo, en este caso la fiscalía electoral no hará nada, pues argumentaron que “deben ser cuidadosos de no extralimitar sus funciones”. “Los tiempos políticos no son los tiempos de la investigación jurisdiccional”, dijo Arcia durante la conferencia de prensa.
