La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional acogió ayer los cambios que hizo el Consejo de Gabinete a las asignaciones de 38 de 59 instituciones –sugeridos por la propia instancia legislativa–, y aprobó en primer debate el proyecto de ley 362, que dicta el presupuesto general del Estado para 2021.
Con los cambios avalados, el presupuesto del Estado para el próximo año asciende a $24 mil 192 millones 392 mil 971.
En su momento, el Ministerio de Economía y Finanzas, que dirige Héctor Alexander, presentó un presupuesto original de $24 mil 88 millones 935 mil 560, pero con los reajuste a las 38 entidades el monto se elevó $103 millones 457 mil 411.
Durante el debate, el diputado independiente Gabriel Silva cuestionó la forma en la que el Consejo de Gabinete presentó a la Comisión los ajustes presupuestarios que hizo a diferentes instituciones, pues no estaba el detalle de cómo se usarán los recursos otorgados. “No comparto y no estoy de acuerdo con la resolución de gabinete ni con la parte financiera del proyecto de presupuesto ”, dijo.
Presenté 9 propuesta hoy.
— Gabriel Silva (@gabrielsilva8_7) October 22, 2020
-Transparentar planilla 172
-Reducir viáticos y que se devuelvan si sobran
-Establecer metas por institución
-Quitar viajes en clase ejecutiva
-Rendición de cuentas de instituciones
-Otras
Todas fueron rechazadas. Pero seguiremos luchando https://t.co/BZcUfS8j5T
Sus argumentos fueron refutados por su colega y presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, quien manifestó que las modificaciones planteadas eran “acertadas”. Lo importante, le dijo a Silva, es que podía publicar en sus redes sociales que a la Asamblea no le toca “un solo real de estos aumentos” en la reformulación del presupuesto.
Los diputados también presentaron varios modificaciones al proyecto. Por ejemplo, Silva propuso que el presupuesto se haga con base a “metas” y “objetivos”. También pidió que los funcionarios devuelvan los viáticos que no usan. No obstante, estas mociones fueron rechazadas. Se aprobaron por mayoría las planteadas por Robinson y otros diputados, entre ellas, la renovación y contratación de arrendamientos en las instituciones.