El 11 de febrero de 2011, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) –dirigido en ese entonces por Federico José Suárez– celebró un acto múltiple de licitación pública, a fin de recibir las propuestas técnicas y económicas de las empresas interesadas en ejecutar la segunda fase del plan de reordenamiento vial de la ciudad de Panamá. Cinco obras fueron ofrecidas por el MOP en esa ocasión.
Semanas después –a finales de marzo– el MOP, tras supuestas evaluaciones técnicas y económicas de los oferentes, reveló los ganadores: el Consorcio Ica-Meco (ensanche de la avenida Domingo Díaz, a un costo inicial de $238 millones); FCC (el Corredor Vía Brasil, tramos I y II, adjudicado por $360.3 millones); y Odebrecht ( preservación del Patrimonio Histórico, por $168.6 millones, y la tercera fase de la Cinta Costera, a un costo inicial de $777 millones).
Pero esta licitación fue una patraña. No hubo tal concurso de precios ni ganó la mejor oferta. Cada “ganador” sabía de antemano qué proyecto le sería adjudicado. Los oferentes ajenos a este pacto de recámara fueron descalificados. Y para colmo de males, eventualmente estas obras –que en ese momento representaban una inversión de $1,570 millones– terminaron costando $2,020 millones al entregarse.
En el caso del corredor Vía Brasil, tramos I y II, obra concedida a FCC, delatores han indicado en España que en el valor de adjudicación de estos proyectos ya iba incluido un sobreprecio, aunque resultó ser mayor del 10%, como se verá. Probablemente, la coima proyectada alcanzaría los $50 millones.
El impuesto de la coima
En abril de 2017 –cinco años después de la adjudicación de todas estas obras–, la Contraloría General de la República (CGR) divulgó un informe que no tomó a nadie por sorpresa. El rumor de coimas y sobrevaloración de estas obras no era cosa desconocida.
Pero el informe de auditoría de la Contraloría vino a corroborar las sospechas: las cinco obras citadas nacieron con el pecado original: sobreprecios.
Según la CGR, los precios de referencia “establecidos por el MOP se encontraban por encima de la realidad de los precios que estima la industria para el mercado de la construcción de infraestructura para el sector público”. La sobrevaloración calculada por la institución era de $318 millones para los cinco proyectos.
Se ignora de quién fue la idea del reordenamiento vial que ejecutó el ministro Suárez desde 2011. Lo que sí parece estar claro es que en muy poco alivió la razón formal por la que se hicieron estas obras: el embotellamiento vehicular. También parece muy claro que en el tema de la vialidad no había movimiento sin que mediara el cobro de coimas. Los ejemplos sobran, y no porque alguien lo dijo, sino porque hay numerosos confesos y documentación bancaria que avala las confesiones.
En el período presidencial 2009-2014 –correspondiente al de Ricardo Martinelli– se llevaron a cabo diversas obras, especialmente, viales, por las que se cobraron coimas. En la lista de los que confesaron el pago de tales coimas figuran, por ejemplo, Carlos Cerdas, presidente de Meco –una de las principales constructoras de Costa Rica–; Juan Rodríguez, presidente de Constructora Rodsa; Alberto Jurado, presidente de la constructora Bagatrac; y César Jaramillo, de Conalvías. También André Rabello, de Odebrecht –principal contratista del Estado en esa época– y ahora, dos exejecutivos de FCC, empresa española que entre 2009 y 2012 obtuvo contratos de obras públicas en Panamá que sumaron más de $1,900 millones.
Julio Casla, exdirector para Centroamérica de FCC, confesó el año pasado a fiscales en España el pago de coimas a funcionarios del gobierno de Martinelli. “Fue una imposición que se nos transmitió y que, de no acceder a ella, no cobraríamos lo que se nos adeudaba y nos dificultaría la tramitación de todos los expedientes y, a la postre, no podríamos volver a trabajar en Panamá. Esto no fue una cosa puntual, sino que se nos repitió en más de una ocasión. Nos indicaron que la persona a través de la cual se llevarían estas cuestiones y se tratarían estos asuntos sería con el ministro [de Obras Públicas] Federico José Suárez”, reveló Casla.
La reunión
Casla contó que Odebrecht convocó a varias personas una reunión en sus oficinas, en Torre de las Américas. A la cita asistieron, además de Casla, el organizador, Heitor Azevedo (Odebrecht); Alfredo Guzmán; también creía recordar a Denis Monge, ambos de las constructoras Ingenieros Civiles y Asociados (Ica) y Meco. Allí, Azevedo les dijo que el ministro de Obras Públicas estaba interesado en que las empresas presentes en esa reunión participaran en la licitación de las cinco obras ya citadas.
Pero no era solo eso por lo que estaban allí reunidos. Azevedo les propuso repartirse los proyectos que iban a la “licitación”, afirmó Casla. “Nos preguntó que si aceptábamos dicho reparto, y que habría una reunión al día siguiente para fijar los importes de las licitaciones”, añadió el exejecutivo de FCC. Casla, al salir de la reunión, consultó a su superior, Eugenio del Barrio, y este le indicó que asistiera a esa siguiente cita.
“En la reunión del día posterior –siguió Casla– se confirmó la futura adjudicación de los tramos indicados […] a cada empresa, es decir, la Vía Brasil [tramos] I y II a FCC; la vía Domingo Díaz a Ica-Meco; y las demás [Preservación de Patrimonio Histórico y la tercera fase de la Cinta Costera] al Grupo Odebrecht y CBPO Engenharia, Ltd., esta última, filial de Odebrecht”.
¿Cómo se eligió cada empresa? Casla dijo que eso lo decidió Odebrecht, aunque desconocía en que se basó para elegir la obra que le correspondería a cada empresa. ¿Y por qué Odebrecht decidía esto? Sencillo. Eugenio del Barrio –exdirector regional de FCC hasta mediados de 2013– señaló que Odebrecht era la designada por el Gobierno para hacer esta tarea.
Del Barrio también dijo a los fiscales que las licitaciones de las cinco obras “fueron organizadas por Odebrecht con la aprobación del ministro Suárez”. Eso se los informó Odebrecht, precisó del Barrio. En la licitación no habría competencia, sino que esta respondía a un “reparto previamente acordado”.
Según del Barrio, el objetivo era “repartir los cinco contratos entre las empresas mayores que operaban en Panamá [que] en ese momento eran Odebrecht, FCC, Ica y Meco. El reparto realizado fue el exigido por Odebrecht, en base a una estimativa de costes que tenía en los diferentes contratos”.
Añadió que “era fundamental para el ministro [Suárez] que las cuatro empresas que hacían parte del acuerdo: Ica, Meco, FCC y Odebrecht” presentaran una oferta por cada una de las cinco obras licitadas. Ello le daría al acto público una apariencia de legitimidad.
A su vez, “los precios de los perdedores [refiriéndose a las empresas del pacto] en cada lote eran fijados después de establecer el precio del ganador”, dijo del Barrio.
Sobreprecios
El exjecutivo, además, coincide con la conclusión de la Contraloría: que el precio de referencia del MOP era demasiado alto. “En ese precio de referencia estaba incluida la comisión ilícita que nos exigía para la adjudicación y sus correspondientes costes financieros”, explicó del Barrio.
El abogado local Mauricio Cort –contratado por FCC por sugerencia del exministro Suárez, y el encargado recolectar las coimas, según los declarantes– contactó a los ejecutivos de FCC. “El pago del 10% surgió después, a través de Mauricio Cort, quien indicó que debía colocarse un 10% a las obras y esto me lo comunicó directamente a mí por indicaciones del ministro Suárez”, dijo del Barrio. Tal exigencia suponía también “implicaciones en el coste de la financiación”, explicó del Barrio. Es decir, sumar la coima a los costes de la obra significaba un incremento superior al 10%, pues la coima también debía ser financiada.
Las empresas ajenas al acuerdo para repartirse las obras que participarían en la licitación serían descalificada por no presentar una oferta económica dentro del rango de adjudicación, es decir, serían descalificadas por una oferta onerosa o riesgosa.
Si se diera el caso de que alguna empresa presentara una oferta económica competitiva, el MOP contaba con una alternativa para descalificarla: penalizarla en la puntuación técnica, “de manera que, al final, el adjudicatario era el previsto”, indicó del Barrio.
Las coimas
Pero no fue todo. Casla reveló que después de cerrar el precio de los tramos I y II de Vía Brasil, con sobreprecio incluido, “nos indican que para uno de los dos tramos, y ahora mismo no recuerdo si fue el I o el II, donde Eugenio del Barrio me transmitió que había que subir en otros 5 más y 7, es decir, $12 millones más la oferta, por indicación del ministro Federico José Suárez”.
Según FCC, los tramos I y II de la Vía Brasil fueron adjudicadas originalmente por algo más de $360 millones. Ese precio contendría los $12 millones en el aumento del precio que, según Casla, exigió Suárez. También incluiría un sobreprecio del 10% y, por supuesto, la ganancia real de la empresa. Pero, inconformes con ello, Casla dijo que las adendas presentadas por FCC por estas obras también le sumaron 10% de sobreprecio.
Los tramos I y II de la Vía Brasil terminaron costando $455 millones, $95 millones más que el monto original licitado y presuntamente inflado, lo cual pudiera indicar que la coima, solo en estos dos proyectos, pudo ser superior a los $50 millones.
Para mediados de 2013, FCC habría pagado una fracción del monto de la coima, pues por estos proyectos se habían cancelado –según del Barrio– $14.4 millones en “comisiones”, sin contar los pagos que FCC contablemente atribuyó a otros proyectos públicos y privados, dentro y fuera de Panamá, para completar el monto de la coima.
Caso en el limbo
La Contraloría, en su auditoría, encontró sobreprecios superiores al 10%. Por ejemplo, en el tramo I del corredor Vía Brasil, calculó un sobreprecio de $70.6 millones, es decir, de casi el 30%; y en el caso del tramo II, el cálculo se eleva a $41.7 millones, equivalente a un 20%. En suma, la CGR calcula el sobreprecio en $112.3 millones por los tramos I y II de la Vía Brasil, cifra que sería el doble de los cálculos proporcionados por la empresa española.
Por ello, tanto Casla como del Barrio dijeron en sus declaraciones ante fiscales que, al menos en el caso del tramo II, el cálculo de la CGR es elevado. Del Barrio cree que el sobrecoste máximo debió elevarse a un 14%, por los costos del financiamiento.
Pero conocer el monto real de lo que se pactó y de lo que se pagó es una incógnita en Panamá, donde este caso pende de un hilo, ya que los testimonios de estos exejecutivos de FCC pueden ser excluidos de la investigación.
La investigación del Ministerio Público está en manos de la Corte Suprema de Justicia, ya que el Segundo Tribunal revocó la decisión del juzgado de la causa que declaró el caso causa compleja, período en el que habrían obtenido las confesiones de Casla y del Barrio.
