La Fiscalía Anticorrupción adelanta las primeras diligencias de la investigación que busca determinar si hubo irregularidades en la gestión de compra de ventiladores para ser usados en el sistema de salud en medio de la pandemia de la Covid-19.
Fuentes ligadas al proceso informan que en las últimas dos semanas la fiscalía citó a por lo menos cinco personas para tomarles declaración jurada, aunque no precisaron si se trata de funcionarios, exfuncionarios o empresarios.
La investigación, que fue abierta de oficio en abril pasado, le sigue la pista a la compra directa de 100 ventiladores AHP-300 de la marca Allied, a un costo de $48 mil 950 cada uno, a Muriba Company Inc. La compra fue gestionada por el Ministerio de la Presidencia, que en ese momento era la responsable de manejar los fondos de la emergencia.
Sin embargo, debido a cuestionamientos ciudadanos, que surgieron luego de que se filtrara un documento con el precio unitario de los ventiladores, la compra se suspendió. Juan Carlos Muñoz, quien habría gestionado la compra, renunció al puesto de viceministro de la Presidencia por este caso.
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