La ONU, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos denunciaron ayer un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia para controlar casi una semana de protestas contra el gobierno que dejan una veintena de muertos y centenares de heridos.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En la mañana de ayer había personas en las calles y bloqueos en Bogotá y Cali.
Hurtado hizo “un llamado a la calma (...) Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta”.
La Unión Europea se sumó a las advertencias y pidió “evitar el uso desproporcionado de la fuerza”.
La Defensoría del Pueblo registró el lunes 19 muertos y 89 personas desaparecidas durante las protestas. El Ministerio de Defensa contabilizó 846 heridos, de los cuales son 306 civiles.
Cali, una ciudad de 2.2 millones de habitantes está militarizada desde el viernes por orden del gobierno. La secretaría de Seguridad local registró este martes cinco muertos y 33 personas heridas durante manifestaciones y desmanes la víspera.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció que una persona de la entidad, junto a otro de la Procuraduría y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a detenidos en Cali.
Los cinco “fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar”, precisó.
La ONU participaba en esta comisión, pero no recibió “disparos directos”, según indicó en Twitter su oficina local de derechos humanos.
El ministro de Defensa, Diego Molano, evitó referirse al ataque y aseguró que policías y militares son víctimas de agresiones orquestadas por grupos armados.
“El despliegue de la fuerza pública fue demasiado alto, sin precedentes, una cosa aterradora (...) no ingresan mediando con la comunidad sino que ingresan disparando contra la ciudadanía”, dijo Yonny Rojas, de la Fundación Créalo que protege los Derechos Humanos en Siloé, un barrio de Cali.
“Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, advirtió la portavoz del organismo de derechos humanos de la ONU.
Tras estos pronunciamientos, la Cancillería de Colombia reafirmó que son un Estado de Derecho con instituciones democráticas sólidas y garantes de los derechos de los ciudadanos, incluido el de la vida de todas las personas y el de la movilización pacífica.
