Los perjuicios al recurso hídrico y el suelo de las comunidades próximas a la mina de cobre que opera Minera Panamá, detalladas en cientos de páginas producto de más de una veintena de inspecciones, entre 2012 y 2019, casi quedan impunes.
Pese a que funcionarios de las provincias de Colón y Coclé preparaban detalladas evaluaciones ambientales sobre los compromisos de mitigación de la minera y se documentaron más de 200 incumplimientos –muchos reincidentes–, no se aplicó una sola sanción.
Eso cambió en 2020. En octubre de ese año, concluyó el proceso más antiguo abierto contra la minera, mediante providencia de 2013.
Desde entonces, se han cerrado otros 9 procesos sancionatorios; 4 más siguen su curso, informó este miércoles el Ministerio de Ambiente (Miambiente).
¿Cuál fue la razón? No se trató de ineptitud o falta de personal idóneo para fiscalizar a una de las minas de cobre más grandes del mundo, sino que de forma intencional no se le dio seguimiento, aseguró Milciades Concepción, ministro de Ambiente, en una entrevista con La Prensa en febrero de 2020.
Se trata del historial de la mina de cobre propiedad en 90% de la canadiense First Quantum Minerals Ltd –filial de Minera Panamá–; el 10% restante pertenece a la estatal coreana Korea Resources Corporation, e implica la mayor inversión privada en el país, con $6.7 mil millones para su operación, desde una zona de conexión de áreas protegidas: el Corredor Biológico Mesoamericano.
“Hay un común denominador, periodista. En los últimos 10 años quizás hubo corrupción, quizás hubo corrupción”, repitió pausada y enfáticamente Concepción.
“Había más de 12 casos de procesos administrativos de 6 y 7 años anteriores. Nuestro equipo legal y técnico los ha ido revisando, se han estado concluyendo algunos. La gran mayoría de estos se iniciaron, pero los congelaron en la administración anterior”, agregó.
Mirei Endara fue ministra de 2014 a 2017; Emilio Sempris fue su viceministro y, cuando ella renunció, asumió como titular. Endara comentó que en su gestión se le daba seguimiento a todas las concesiones y la única instrucción que transmitió a su equipo fue la de cumplir con las distintas etapas procesales.
“Lo cierto es que los procesos sancionatorios son burocráticos, complejos, engorrosos y demorados. Me alegro que la actual administración los esté culminando”, remarcó Endara.
Sempris contestó que es precisamente ahora cuando deben haber culminado los trámites que iniciaron en el gobierno pasado. Los casos de hallazgos por incumplimientos “deben realizarse bien para evitar que se caigan los procesos sancionatorios. La certeza del castigo solo es posible con expedientes robustos”.
Las fallas encontradas en las inspecciones realizadas bajo la actual administración son los mismos hallazgos citados desde los años 2012 a 2019, reconoció el ministro Concepción y así lo demuestran los informes de inspección requeridos por La Prensa con base en la Ley de Transparencia.
Ante los procesos por incumplimiento, la minera “ha estado evadiendo las notificaciones”, dijo Concepción, por lo que recurrieron a los edictos. Eso ocurrió con la providencia 028-2019 de diciembre de 2019, que le prohibió descargar aguas residuales de las cinco plantas de tratamientos y de dos pozas de sedimentación del puerto, “que luego descargan al ambiente [quebrada - río Caimito]”.
Dicha providencia detalla que la minera depositó llantas usadas de equipo pesado en un botadero, sin el aval de la autoridad, y que se incumplió el compromiso de no exceder las 2 mil 200 hectáreas en la etapa de construcción: 332 hectáreas de más, entre otros “daños”.
Las mejores prácticas
Minera Panamá asegura que los “hallazgos” no implican incumplimiento –aunque así lo cite Miambiente en sus informes– y que el hectareaje fijado en la etapa de construcción “se concibió como una expectativa y no como un límite taxativo”.
De las 13 mil hectáreas de concesión, han intervenido 5 mil 900. “Desde la exploración, la operación y hasta el cierre de la mina y su restauración ambiental, el objetivo de Cobre Panamá es tener un impacto neto positivo en la biodiversidad”.
Para lograr este compromiso, Minera Panamá sostiene que ha adoptado regulaciones nacionales establecidas en el estudio de impacto ambiental (EIA), “junto con una serie de las mejores prácticas mundiales descritas en la Corporación Financiera Internacional [parte del Banco Mundial], que proporciona orientación sobre ‘conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos’”, contestó la empresa a La Prensa, en marzo del año pasado, al ser abordada por los incumplimientos entre 2012-2019.
Su compromiso ambiental tiene dos pilares: mitigación de los impactos y la compensación.
Antes de intervenir una zona, el equipo de biodiversidad ejecuta un plan de rescate y reubicación de flora y fauna, aseguró la minera, que envió a este diario cientos de páginas de informes internos de sus labores personales de rescate, para sustentar estas aseveraciones.
Sin embargo, los informes de inspección también detallan fallas en este plan de rescate.
Incumplimientos
Por ejemplo, en la inspección de julio de 2015 no se reportó evidencia de la identificación y protección de lugares de translocación en la ecorregión ni en la concesión.
Al año siguiente, en la inspección de 2016, tampoco hubo evidencia de áreas nucleares protegidas en Punta Rincón (zona del puerto).
Durante las inspecciones se reportan múltiples incumplimientos de los monitoreos al agua, ausencia de cruces o puentes para que la fauna pueda transitar, en repetidas ocasiones, tala para tina de relave sin labores de rescate ni reubicación y bosques afectados por inundación sin rescate de fauna.
Otras veces, en la veterinaria que atiende a los animales rescatados se hallaron medicamentos vencidos y la máquina de esterilizar instrumentos no estaba operativa. Tampoco se tenían “indicadores reales” de las descargas que se efectúan al mar desde la termoeléctrica.
¿Conflicto de interés de Emilio Sempris?; un exministro ‘pragmático’
¿Por qué no se le dio continuidad a los procesos sancionadores?
De acuerdo con Emilio Sempris, los procesos iniciados en su gestión debieron culminarse ahora.
Existen algunos hallazgos que avizoran un posible conflicto ético en la administración 2014-2019, cuando se realizó el grueso de las inspecciones a la mina de cobre de Minera Panamá.
Todd Clewett, quien fue gerente de país y representante legal de Minera Panamá hasta 2019, y cuyo nombre aparece en todos los informes de inspecciones con decenas de incumplimientos en cada uno, figura recomendando públicamente al exministro de Ambiente, en la red profesional de LinkedIn.
“Encontré a Emilio franco, inteligente y pragmático en sus tratos conmigo. Era duro cuando necesitaba serlo, pero siempre era razonable y accesible...”, describe Clewett a Sempris, jefe de la cartera que debía fiscalizar el desarrollo minero que Clewett comandaba.
Previo a ser subadministrador y posteriormente ministro de Ambiente, Sempris trabajó en Golder Associates como coordinador de proyecto y apoyó el rescate de flora y fauna de la mina de cobre que opera Minera Panamá, describe en su hoja de vida.
Golder Associates Panamá, S.A., a su vez, fue la consultora que preparó el estudio de impacto ambiental (EIA) para que la mina pudiera operar.
Consultado al respecto, Sempris dijo que no existía ningún conflicto de interés, ya que él fue contratado por seis meses para ordenar un proyecto de conservación y protección de la biodiversidad, así como la Minera Panamá contrató directa e indirectamente a especialistas de otras organizaciones, y que el EIA ya había sido aprobado antes de que lo contrataran.
En tanto, el exdirector de calidad ambiental –durante la administración de Sempris–, Yamil Sánchez Peña, trabajó como superintendente de mina y puerto para First Quantum Minerals, en la mina de cobre, previo a ser funcionario.
Según se aprecia en decenas de informes de inspecciones, Sánchez recibía los informes de cumplimiento ambiental de la mina de cobre.
Otro de los excolaboradores de la minera, que luego terminó trabajando en la entidad supervisora del ambiente, es Manuel Pimentel, gerente de proyectos en Golder Associates y luego director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental de Miambiente.
Sempris y Pimentel firmaron dos modificaciones al EIA y admitieron reconsideraciones ambientales de Minera Panamá.
Abordado al respecto, Sempris contestó que en ese quinquenio conformaron un equipo interdisciplinario con abogados, expertos ambientales y especialistas en participación ciudadana, “para atender responsablemente los proyectos mineros” concesionados en los pasados gobiernos.
“Logramos un 100% de trasparencia”, publicando todos los trámites de las evaluaciones. “Ordenamos la gestión y esperamos que se continúe en esa dirección con amplia participación ciudadana”, contestó.
