El Municipio de Arraiján parece haber encontrado la fórmula para compensar a aquellos funcionarios que perdieron el ingreso que recibían en concepto de “gastos de movilización”, a raíz de la decisión de la Contraloría General de la República de eliminar estas erogaciones.
Los gastos de movilización permitían que algunos alcaldes y representantes de corregimiento del país tuvieran ingresos mensuales superiores a los $10 mil.
En Arraiján, una docena de funcionarios, tanto del despacho superior de la Alcaldía, que dirige Rollyns Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), como del Consejo Municipal, integrado por cuatro perredistas, tres panameñistas y un miembro de Cambio Democrático, recibieron un “ajuste de salarios”, que va de $150 a $600 mensuales.
La información se desprende de la más reciente reforma al presupuesto para la vigencia fiscal 2022. Se trata del Acuerdo Municipal 13 de 15 de marzo de 2022 (publicado en Gaceta Oficial, número 29509, del 4 de abril pasado), que modifica el Acuerdo Municipal 44 del 14 de diciembre de 2021, que aprobó el presupuesto de 2022 (por $26.6 millones).
El Acuerdo Municipal 15 reforma el artículo 81 del presupuesto, en lo concerniente al renglón denominado “estructura de personal”. Así, siete funcionarios del despacho del alcalde recibieron un aumento que, entre todos, representa 2 mil 300 dólares al mes. Se trata del secretario general de la Alcaldía ($300), el jefe de Cultura ($300), el jefe de Aseo Urbano ($300), el tesorero ($300), la subtesorera ($500), el jefe de Proyectos ($300) y el coordinador de Proyectos ($300).
Al mismo tiempo, en el Concejo, los beneficiados son: el secretario general ($600), la subsecretaria ($250), el abogado consultor ($500), el relacionista público ($150) y la secretaria auxiliar ($125). Es decir, un ajuste total de mil 625 al mes. Cabe aclarar que estos funcionarios no tenían ingresos elevados, como el alcalde y los concejales. El que más gana, por ejemplo, es el secretario general de la Alcaldía, Carlos Morán, que recibe $2,500 y ahora recibirá $2,800.
Todos estos funcionarios tienen algo en común con los ediles y el alcalde: recibían ingresos por gastos de movilización. Y los ajustes se corresponden exactamente con los montos que perdieron tras la decisión de la Contraloría de eliminar estos gastos a partir de marzo pasado. En la reforma al presupuesto citada no consta que este ajuste también beneficie al alcalde Rodríguez y a los ocho concejales, quienes recibían hasta hace poco $5 mil cada uno en concepto de gasto de movilización.
Salario del alcalde chocaba con la Ley de presupuesto
Como alcalde, Rodríguez tenía ingresos mensuales de $10 mil 400, muy superior al de un ministro de Estado (que gana $3 mil 500 en salario y $3 mil 500 en gasto de representación). Rodríguez recibía $5 mil en gastos de movilización, $4 mil en salario y $1,400 en gastos de representación. Pero desde que el pasado 3 de marzo la Contraloría, a cargo de Gerardo Solís, suspendió los gastos de movilización a través de una circular, la remuneración del alcalde -al menos en lo que consta en el presupuesto reformado- ha ido a la baja.
Uno de los aspectos no tan ruidosos de la citada circular de la Contraloría es que, además de sugerirle a las autoridades locales el uso del gasto de “imprevisto” para “eventualidades” en las comunidades, plantea que estos funcionarios no pueden ganar más que un miembro del Gabinete de Laurentino Cortizo.
Ese es el tope establecido en la Ley 248 de 29 de octubre de 2021 (que dicta el presupuesto general del Estado para el 2022).
El artículo 278 de esa norma señala que “con excepción del presidente de la República, el vicepresidente, los ministros de Estado y demás cargos establecidos por ley, ningún funcionario podrá recibir en concepto de sueldo, gastos de representación o cualquier otra remuneración una suma mayor que la asignada para el cargo de ministro de Estado, en cada concepto”. Están exceptuados de esta ley los que de forma expresa autorice el Ejecutivo o los funcionarios del Judicial y el Legislativo que tengan “sueldos superiores” a $5 mil.
Fue precisamente esta la excusa del Concejo para reformar su presupuesto. Así está en las considerandos el Acuerdo Municipal 12 del 8 de marzo de 2022, en el que “se rebaja el salario” del alcalde de 4 mil a 3 mil 500.
Jugarretas de vieja data
No es la primera vez que el Municipio de Arraiján, que atiende a una creciente población de alrededor de 300 mil personas, está bajo la lupa. En 2017, el entonces contralor Federico Humbert demandó ante la Corte el Acuerdo Municipal 72 de 30 de diciembre de 2016 (que dicta el presupuesto de 2017), por haber incluido los gastos de movilización como si se tratara de un gasto fijo. La Corte, sin embargo, demoró el fallo y en 2018 declaró sustracción de materia, puesto que el acuerdo demandado ya no estaba vigente.
Y hay más. El anterior alcalde, Pedro Sánchez Moro (2014-2019), también del PRD, fue condenado por el Juzgado Tercero Penal en 2018 a siete años de prisión por peculado. Moro presentó un recurso de casación ante la Corte y, en diciembre de 2020, la Sala Penal ratificó la condena.
Uno por uno, los tribunales validaron un informe de la Contraloría que concluyó que Moro nombró en la Alcaldía a directivos y jugadores del club de fútbol de su propiedad, Santa Gema, sin que hubiese constancia de que ejercían sus funciones. Pero Moro no ha cumplido su condena. Su paradero es desconocido y desde abril de 2021 tiene una orden de captura del Juzgado Liquidador de Causas Penales de Panamá Oeste.
