El presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el contralor general, Gerardo Solís, defendieron el desembolso de $8 millones en contratos por servicios profesionales de la partida 172 de la Asamblea Nacional (AN), con el argumento de que en el pasado ese gasto era mayor.
La Prensa reveló que entre mayo y septiembre la AN contrató los “servicios especiales” de mil 750 personas, que se sumaron a la planilla permanente y eventual de la entidad, que ya en mayo había aumentado en 132% respecto a la de 2019.
En estos contratos figuran exdiputados, cuyas funciones no se revelan.
Solís dijo que heredó dos planillas: la del quinquenio 2009-2014, que fue de $185 millones, y la del quinquenio 2014-2019, que alcanzó los $165 millones.
Y este gobierno –dijo– se ha gastado $8 millones en todo el período, refiriéndose a lo que va de 2020. “Estamos haciendo los ajustes”, dijo ayer –un disgustado– Solís, en un evento público.
Cortizo y Solís defienden la 172
En lo que aparenta ser una defensa, el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, y el contralor general de la República, Gerardo Solís, coincidieron ayer en que los $8 millones gastados en contratos por servicios profesionales en la Asamblea Nacional (AN), a través de la reactivada planilla 172, es menor a lo que se gastaba antes.
En esta planilla –actualmente de unas mil 750 personas– figuran exdiputados, familiares de legisladores y otros funcionarios de anteriores administraciones.
Conocida como cashback, esta planilla fue usada en el pasado para contratar personal que no prestaba servicio alguno a la AN y que en la mayoría de los casos debía devolver entre el 90% y 95% del monto de los contratos, tal como ocurrió, por ejemplo, en 2011, con mozos de corral del hipódromo Presidente Remón.
Cortizo indicó que cuando presidió la AN (2000-2001), para pagar esa planilla se debía llenar un formulario, a fin de saber qué hacía y dónde trabajaba el contratado, así como autorización del diputado que actuaba como empleador. Y, además, era fiscalizada por la Contraloría, institución que, según el gobernante, le está dando seguimiento a las actuales contrataciones.
“Obviamente, los montos de esa época eran muy, muy inferiores a lo que eran en las pasadas dos administraciones y a lo que es ahora. Es un tema, como todos los recursos del Estado, muy supervisado por Contraloría”, dijo.
A su turno, el contralor aseguró que el asunto venía de “herencia” de la pasada administración, una afirmación que no se sustenta con los presupuestos –desde 2014 a la fecha– entregados a La Prensa por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Tu sabes que en el gobierno anterior, en esas planillas había...”. Solís interrumpió la idea para leer un papel que sacó de su bolsillo. Se refería al presupuesto de la partida 172 de la AN. Dio dos cifras, que luego este medio tuvo que consultar a su equipo de prensa para obtener la correcta: $165 millones en el quinquenio 2014-2019.
“Tenemos que destacar las correcciones. Las cosas se hicieron muy mal en el pasado y hay que reconocer los ajustes que se están haciendo y el mal de muchos y lo mal que lo hacían los otros no justifica que se hagan mal las cosas. $165 millones en el gobierno pasado. Y en el gobierno pasado, la Corte Suprema de Justicia dijo que la Contraloría tenía los mecanismos para haber hecho las correcciones que no hizo”, respondió Solís.
Según cifras proporcionadas a La Prensa por el MEF, la partida 172 fue surtida en esos cinco años con fondos que alcanzaron $147 millones, lo cual supone una diferencia de $18 millones respecto a las cifras de Solís.
Esta partida sufrió una disminución de fondos paulatina tras las investigaciones periodísticas de este medio. Así, en 2017, contaba con $48 millones; en 2018, bajó a $8.5 millones, y en 2019, terminó con $1.1 millón, de los cuales se ejecutaron 791 mil. Pero, para 2020 ya pagaron $8 millones.
Además, la AN contaba con otra partida –la 080– para pagar salarios a promotores comunales y deportivos, pero dejó de tener fondos desde 2019. Pero La Prensa descubrió múltiples “promotores” en la reactivada planilla de la partida 172, como el hermano del diputado Sergio Chello Gálvez.
Solís aseguró que ya verificó que no se haya dado dualidad de funciones en esa planilla respecto a la estructura permanente y eventual de la AN. Pero, ¿cómo comprobar que no existe si ni la AN ni la Contraloría publican las funciones de los contratados de la partida 172?. Solís prometió que revelarían estos servicios, pero sin decir cuándo.
“Entendemos la necesidad de criticar que tienen los medios”. Yo heredé una planilla de $185 millones y este gobierno, solo $8 millones en todo el periodo, y estamos haciendo los ajustes. Si no lo quieres ver no los verás", dijo. Luego, Solís aclaró que los $185 millones era la suma de la partida en la administración de Ricardo Martinelli.
