La vieja aspiración ciudadana de que se prohíba a las empresas contratistas del Estado donar a campañas políticas dio un paso adelante esta semana.

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobó esa disposición en la sesión del pasado jueves. Se trata de la primera vez que este cambio al Código Electoral se pone en debate en el seno de la CNRE. La propuesta fue impulsada por el Tribunal Electoral.

El tema surge en momentos en que el Ministerio Público procesa a 102 personas por el caso Odebrecht, empresa que sobornó y aportó millonarias donaciones a candidatos de distintos periodos electorales, y que en tres gobiernos obtuvo contratos con el Estado por más $9 mil millones.

Además de prohibir donaciones de las empresas que contratan con el Gobierno, las modificaciones aprobadas en la CNRE también le impiden donar a las personas naturales o jurídicas condenadas por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos y terrorismo.

Sin embargo, estos cambios deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional. El documento irá a ese órgano del Estado en enero de 2021.

Duro debate por donaciones a las campañas políticas

En una extensa y acalorada sesión, la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que discute cambios al Código Electoral, aprobó prohibir que contratistas del Estado puedan donar a campañas políticas.

Quedan prohibidas las donaciones: “provenientes de personas naturales o jurídicas que al momento de la donación sean contratistas o concesionarios de servicios públicos de cualquier entidad del sector público. Cualquier empresa perteneciente al grupo económico de un contratista o concesionario del sector público queda igualmente impedida de hacer estas donaciones”.

Así quedó el numeral cinco del artículo 203 de la ley electoral, disposición a la que también se le agregaron otros cuatro numerales. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con que se avalara el cambio. Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), votó en contra de la propuesta porque considera que es una “discriminación” contra los ciudadanos que son empresarios. Suárez, quien forma parte del Foro Ciudadano de Reformas Electorales, y tiene derecho a voz y voto dentro de la comisión, aceptó que en algunos casos se puede presentar un conflicto de intereses, pero añadió que el “derecho ciudadano” de apoyar una candidatura no puede ser coartado.

Por su parte, Juan Diego Vásquez, diputado independiente que en la CNRE representa a los candidatos por libre postulación, manifestó que “no hay tal cosa como tener un derecho a apoyar a alguien económicamente en una campaña electoral”.

Agregó que a su modo de ver, en el país repetidas veces se ha “bloqueado” la creación de una ley de conflictos de interés, por lo cual la norma debe salvaguardar la integridad de las donaciones.

“Yo no les he dicho con quién hacer o dejar de hacer negocios”, dijo Vásquez, y sostuvo que prohibir las donaciones de este tipo no le quita a los empresarios el derecho cívico de participar con su voto o con su militancia en apoyo a un partido o candidato.

Mientras que Ana Matilde Gómez, presente en la CNRE como representante del sector académico, coincidió con Vásquez. Manifestó que la razón de ser de la reforma electoral es corregir errores identificados en la elección pasada, por lo cual le parece que es un tema que se tiene que tratar. “No creo que todo el sector empresarial es contratista del Estado, pero sí pensaría que es un avance importante para romper con el clientelismo”, argumentó Gómez.

Suárez volvió a intervenir. “No todo el mundo es corrupto, y no todo el mundo está buscando contratos a punta de dinero apoyando a un candidato”, manifestó, y agregó que lo que se estaba haciendo era una “estigmatización” al sector. Manifestó que “todos sabemos que esas cosas pasan”, pero que la prohibición de donaciones a contratistas del Estado es contraria a la aprobación del financiamiento mixto que se dio en la CNRE el pasado 12 de noviembre.

En esa reunión, el representante del Partido Panameñista y el de los independientes, al igual que los de las oenegés y los académicos, votaron a favor de que el financiamiento fuese solo público. Mientras que los del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Partido Revolucionario Democrático, Cambio Democrático, Partido Popular, Alianza, y de la empresa privada, avalaron el mixto.

El representante del Partido Panameñista en la CNRE, Herbert Young, quien fue el único de la comisión, aparte de Suárez, en votar en contra del artículo 203 con sus modificaciones.

Delitos

Las otras modificaciones a la norma incluyen la prohibición de donaciones por parte de personas o empresas condenadas por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo. También se prohíben las donaciones provenientes de “confesiones religiosas” y las recaudaciones de ingresos mediante ventas de artículos promocionales o de cualquier otro método.

Osman Valdés, director de Organización Electoral del TE, quien presidió la sesión, intentó someter la votación de los cambios al Código Electoral, artículo por artículo. Sin embargo, el diputado Vásquez manifestó que la reglamentación de las reuniones de la CNRE especifica que la votación debe hacerse un artículo a la vez, por lo cual se debía votar por todos los numerales juntos.

Solo Suárez, de Apede, y Young del Partido Panameñista, votaron en contra del artículo. Mientras que los representantes del Molirena, PRD, Cambio Democrático, Partido Popular, y Alianza, al igual que las oenegés, los independientes, y los académicos, votaron a favor de su adopción.

Avances en inclusión

Otro de los temas importantes discutidos y aprobados en la sesión de la CNRE fue la distribución de los recursos asignados a los partidos políticos y a los candidatos por libre postulación en cuanto al financiamiento post electoral.

Se precisó que el fondo de capacitación que se le entrega a los partidos deberá usarse en un 20% para la formación de mujeres; un 15% para la capacitación de jóvenes, y otro 15% en acciones políticas inclusivas en pro del empoderamiento de personas con discapacidad.

Todo lo aprobado por la CNRE deberá pasar a la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación. Primero, deberá ser avalado por la Comisión de Gobierno, que preside Crispiano Adames, del PRD, y luego por el pleno.

El TE tiene como meta presentar el paquete de reformas en enero de 2021. Hoy, la comisión se reúne en sesión extraordinaria para avanzar con el paquete de reformas.