Abogados y expertos coinciden en que adjudicar de forma directa un contrato para elaborar encuestas de mercadeo a la empresa Mercadeo Integral, S.A. desvirtúa la figura de las contrataciones públicas directas.
La decisión de la Presidencia de la República, la entidad contratante, de utilizar la excepción de “obras de arte o trabajos técnicos” que solo puede ejecutar una persona o empresa en particular fue criticada por limitar la competencia.
Este medio intentó contactar a Raphael Fuentes, de la Dirección General de la Contrataciones Públicas, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. Por su parte, Carlos Guillermo De Ycaza, presidente de la compañía en cuestión, dijo desconocer los aspectos legales del contrato.
De Ycaza, que además es miembro de la directiva del Banco Nacional, afirmó que este nexo no expone ningún conflicto de interés.
Expertos cuestionan contratación directa
La Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas, modificada 15 veces desde su promulgación, incluye 11 causales que permiten llevar a efecto una contratación pública mediante un procedimiento excepcional. Es decir, de forma directa.
Para Carlos Barsallo, presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, estas excepciones “desnaturalizan la contratación pública”.
Precisamente, por estos días el Ministerio de la Presidencia pretende contratar un servicio de investigación de mercadeo y planeación estratégica a través de procedimiento excepcional, amparado –según Panamá Compra–, en el numeral 7 del artículo 79: “Los actos o contratos que se refieren a obras de arte o a trabajos técnicos, cuya ejecución solo pueda confiarse a artistas reputados o a reconocidos profesionales”.
Según Barsallo, dicho numeral se presta para ese tipo de contratación por la frase “reconocidos profesionales” que, a su juicio, es muy difícil de especificar. De acuerdo con su opinión, argumentar en un contrato que hay profesionales más reconocidos que otros busca “evitar la competencia”, cuando lo que se debería promover es todo lo contrario.
Consideró que las excepciones que se plantean en la norma son “más importantes que la regla general”, pues estas no promueven la transparencia ni la competencia.
Recordó, además, que la norma ha sido modificada cada año desde su creación por cuatro gobiernos distintos, pero a su modo de ver “no siempre para bien”.
Aseguró que es un problema que “viene de raíz”.
Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño sostuvo que contratar de forma excepcional no es un mecanismo para disminuir costos, como se alega en documentos adjuntos a la compra.
Cedeño recordó que el artículo 266 de la Constitución habla de principios de licitación para que cuando haya competencia entre proveedores se abaraten los costos. “Me parece que hay muchas empresas que ejecutan ese tipo de trabajos” [investigación de mercadeo y planeación estratégica], dijo, y destacó que justo para eso existe la figura de la licitación pública.
Manifestó que por la justificación dada en este contrato [en trámite] es “evidente” que se quería contratar con un proveedor en particular. “Se ha pervertido la figura de procedimiento excepcional”, opinó.
En tanto, el experto en mercadeo y dueño de la empresa Marketing Group, Domingo Barrios, consideró, como competidor de la empresa beneficiada con el contrato, que existen otras empresas especializadas en el país que pueden prestar estos servicios.
“Es un requisito básico de toda licitación demostrar que se cuenta con la trayectoria, metodología y capacidad de ejecución para lo que se contrata”, explicó.
Indicó que calificar de “profesional conocido” a una empresa por poder prestar estos servicios no va de la mano con la realidad en la industria del mercadeo en el país.
A su juicio, la credibilidad demostrada de la empresa siempre es un requisito para participar en licitaciones públicas. Afirmó que su empresa ha trabajado con otras administraciones en campañas comunicacionales y en encuestas similares.
Agregó que las encuestas de mercado son una manera fácil de generar negocio para las compañías especializadas en mercadeo, pues es rentable.
El más reciente contrato que adjudicaría la Presidencia a la empresa Mercadeo Integral, S.A., por $195 mil, se suma a dos contratos del año pasado que sumaron en su momento $2.6 millones. Esto, en el auge de la pandemia en el país y el mundo y en tiempos de contención del gasto.
