La Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción podría ser una de las cartas de Panamá para hacer que Adolfo Chichi de Obarrio enfrente a la justicia.
El exsecretario privado de Ricardo Martinelli quedó libre, porque el Tribunal de Apelación de Milán no reconoció la vigencia del tratado bilateral de extradición entre Panamá e Italia, suscrito en 2013, pues la Asamblea de Panamá no lo ratificó.
Así lo explicó su abogada Gabriele Minitti. Pero, a juicio de Alonso Illueca, abogado internacionalista, el hecho de que no se le extradite no garantiza que no sea objeto de un proceso en Italia.
Illueca explicó que eso “es casi una obligación” de Italia por la citada convención.
Chichi de Obarrio está libre en Italia; ¿queda una salida?
Adolfo Chichi de Obarrio solo estuvo en prisión ocho días.
Gabriele Minitti, su abogada en Italia, informó ayer que el Tribunal de Apelación de Milán lo dejó en libertad, porque no reconoció la vigencia del tratado bilateral de extradición entre Panamá e Italia, suscrito en 2013, pues la Asamblea Nacional de Panamá no lo ratificó.
“Es un ciudadano italiano libre. Italia no lo va a extraditar”, dijo la abogada, quien también contó que De Obarrio está sin medidas cautelares y ni siquiera le quitaron su pasaporte o se le impuso alguna fianza.
De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y uno de los protagonistas de los escándalos de corrupción en el extinto Programa de Ayuda Nacional, fue detenido el 7 de abril en las calles de Milán. Fue enviado a la prisión de máxima seguridad de San Vittore, en esa ciudad.
Considerado uno de los hombres del círculo cero de Martinelli cuando estaba en el poder, De Obarrio abandonó el país a finales de noviembre de 2014. Su paradero era desconocido, pese a que contra él pesaba una orden de búsqueda y captura solicitada por Panamá a la Interpol.
Según un vocero de la Policía de Milán, “la persona buscada [por Panamá] habría recibido el pago de sobornos por empresarios a cambio de la adjudicación de contratos públicos relacionados con programas [de] ayuda nacional por la compra de material escolar”.
Tenía órdenes de búsqueda y captura emitidas por Panamá desde 2019, acusado de presunto blanqueo.
¿Y ahora?
A juicio de Alonso Illueca, abogado y profesor de derecho internacional, el hecho de que de alguna u otra forma De Obarrio no sea extraditado no garantiza que no sea objeto de un proceso de justicia en Italia. “Eso es casi una obligación que tiene Italia por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, planteó.
Illueca también puso sobre la mesa las probables consideraciones que habría tomado en cuenta el tribunal italiano para tomar esa decisión.
Habló de dos posibilidades. La primera, que al formalizar la solicitud de extradición el gobierno de Panamá se basó en el tratado de 2013, en vez del de 1930. “Esta es una posibilidad que pareciera ser la más probable, por la sencilla razón de que la negativa de mantener retenido al señor De Obarrio en estos momentos se basa en el hecho de que la República de Panamá no es parte del tratado de 2013”, añadió.
La segunda posibilidad, argumentó, es que ese mismo tratado de 2013, que sí fue ratificado por Italia, establezca en una parte que al momento de su entrada en vigor el tratado de 1930 dejará de tener fuerza jurídica.
En la nota “Dos tratados y una convención”, publicada en La Prensa el 10 de abril, Illueca explicó que el artículo 26 de la Constitución italiana establece que la extradición de un ciudadano de ese país (De Obarrio también tiene la nacionalidad italiana) solo puede permitirse cuando esté expresamente prevista en convenios internacionales.
También explicó que en caso de que dicha solicitud sea rechazada, el Estado requerido (Italia), a petición del requirente (Panamá), deberá someter el caso en cuestión a la autoridad nacional competente para el inicio del proceso penal, de conformidad con la legislación interna (italiana).
