La corrupción, ese flagelo que implica el robo y el desvío de fondos públicos a bolsillos particulares, impregna la imagen del gobierno de Laurentino Cortizo.
Una encuesta encargada por La Prensa a la consultora española GAD3 y aplicada entre el 5 y 10 de mayo puso en la balanza cinco conceptos: corrupción seguridad, liderazgo, confianza y transparencia, y le preguntó a los mil 207 encuestados cuál de ellos identifica al actual gobierno.
71.1% de los encuestados escogió la corrupción (ver gráfica). Este dato se corresponde con la respuesta dada en el caso de la transparencia: apenas 15.8% identifica al Gobierno con esta práctica positiva, que significaría lo opuesto a la corrupción: mayor rendición de cuentas y menos opacidad en temas de interés público.
27.7% avala gestión de Cortizo; 41% la rechaza
Exactamente dos años después de haber ganado las elecciones de 2019 con el 33.3% de los votos, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, registra un nivel de aceptación de 27.7%, según la encuesta de GAD3. Este nivel de aceptación corresponde a la suma del 24.9% que valorara como “buena” la gestión del mandatario y del 2.8% que la considera “muy buena”. Al contrario, si se agrupan las respuestas de “mala” y “muy mala”, arroja un nivel de rechazo de 41%.
Carrizo tiene la peor gestión
El vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, recibió la peor evaluación en una encuesta elaborada por la firma española GAD3 por encargo de La Prensa.
Se evaluaron siete funcionarios: Carrizo; el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz; el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge; el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés; el contralor general de la República, Gerardo Solís; y la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo.
La pregunta que se le hizo a los mil 207 encuestados fue: “A continuación, en una escala de 0 a 10 (en la que 0 es muy mala y 10 muy buena), ¿cómo valora la gestión de los siguientes funcionarios?
Carrizo obtuvo una media de 3.7, mientras que Sucre y Ruiz lograron 5.5 y 5.4, respectivamente, para destacar entre los mejores evaluados comparativamente (Ver gráfica).
En orden descendente, siguieron Lau Cortés (5), Castillo (4.9), Sabonge (4.4) y Solís (4.1). El nivel de conocimiento de los encuestados sobre Sucre y Carrizo fue el más alto, con 93.5% y 92.5%, respectivamente.
El margen de error de la encuesta, que se hizo vía telefónica, fue de más/menos 2.9%.
En esta encuesta también se incluyeron las respuestas de los residentes del distrito de Panamá sobre la valoración del alcalde José Luis Fábrega. Pese a ser altamente conocido (97.4%), el promedio de su evaluación apenas llegó a 4.4. Hay que aclarar, sin embargo, que en este último caso el margen de error es mucho más amplio que en la encuesta nacional.
La encuesta se aplicó entre el 5 y el 10 de mayo, justo en momentos en que Sucre y Lau Cortés, así como el titular de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, comparecieron ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para explicar el estado de la pandemia de la Covid-19, el programa de vacunación y la situación económica y financiera del país.
El sello de la corrupción y falta de transparencia
El gobierno de Cortizo ha sido sacudido por denuncias de corrupción y sobrecostos, particularmente las compras y construcciones relacionadas con la pandemia, que incluso provocaron la renuncia del segundo al mando en el Ministerio de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz.
Precisamente, el tema de la percepción de corrupción y falta de transparencia se observa en esta encuesta. A los encuestados se le plantearon cinco conceptos para que señalaran cuál identifica al Gobierno: corrupción, seguridad, liderazgo, confianza y transparencia.
En primer lugar salió la corrupción (71.1%), seguido por seguridad (24.1%), liderazgo (22.9%), confianza (19.3%) y en el sótano transparencia (15.8%).
Recientemente fue divulgada la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020 que preparó el Lawyers Council for Civil and Economic Rights, del Cyrus R. Vance Center for International Justice. Panamá se ubicó con la segunda peor calificación entre ocho países evaluados.
El país obtuvo 3.97, en una escala de 0 a 10 (0 más baja, 10 más alta), solo superado por Guatemala, la nación peor valorada, con 3.89.
En otro estudio, el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, de Transparencia Internacional, difundido en enero, se observa que Panamá perdió un punto en cuanto a percepción de corrupción. Obtuvo 35 puntos de 100 (en una escala en la que 0 es mayor percepción y 100 menor percepción). En el informe de 2019 había logrado 36, 6 puntos por debajo de la media regional, que es de 43.
El funcionario más importante en la lucha anticorrupción del país nombrado por Cortizo, el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, solo ejerció el cargo 13 meses, entre el 2 enero de 2020 y el 1 de marzo de 2021. Renunció sin profundizar los motivos y lo reemplazó el procurador suplente, Javier Caraballo.
Cortizo, con 27.7% de aceptación
Dos años después de haber obtenido el triunfo en las elecciones del 5 de mayo de 2019 con el 33.3% del electorado, el mandatario Laurentino Cortizo tiene un nivel de aceptación popular de 27.7%, según la encuesta.
El 24.9% y el 2.8% de los encuestados valoró como “buena” o “muy buena” la gestión del mandatario, respectivamente. En contraste, el 26.1% consideró su gestión “mala” y el 14.4% fue más drástico al calificarla como “muy mala”. En una posición intermedia, el 30.8% respondió que “ni buena ni mala”.
Llama la atención que la gestión del gobernante cala un poco mejor entre los hombres y personas mayores de 65 años que entre las mujeres y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad (Ver gráfica).
En su primer discurso a la Nación, tras ser electo en 2019, Cortizo prometió reformas a la Constitución, una “estrategia de austeridad con eficiencia” y combatir la desigualdad. De hecho, al llegar al poder el 1 de julio de ese año se adhirió al proyecto de reformas propuesto por la Concertación Nacional para el Desarrollo, pero esta iniciativa naufragó en la Asamblea Nacional, cuando los diputados incluyeron una serie de cambios que generaron rechazo ciudadano.
Luego, en marzo de 2020, llegó la pandemia de la Covid-19 y el Gobierno en pleno centró sus esfuerzos en tratar de contenerla con un impacto negativo en la salud y la economía en general.
