Panamá, un país donde el Ministerio Público investiga al menos 90 casos vinculados a actos de corrupción, no estaría exento de la nueva política que pondrá en marcha Estados Unidos (EU) para retirar visados a los implicados en malas prácticas, y sus familiares.
Patrick Ventrell, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), y Hugo Rodríguez, subsecretario adjunto de Estado para Centroamérica, desde Washington declararon a periodistas que serán “mucho más agresivos” aplicando visados “anticorrupción”. Es decir, revocarán las visas para viajar a su país a los ligados a este flagelo. La medida también alcanzaría a sus familiares.
El politólogo Carlos Guevara Mann califica de “oportuna” la medida.
“No más viajes de compras o viajes a Disney para líderes corruptos. No más estudios prestigiosos en Estados Unidos para los miembros de sus familias inmediatas que se benefician de ganancias robadas”. Así de tajante fue Ventrell, quien de paso advirtió que los afectados serán “nombrados y avergonzados públicamente”.
En otras palabras, dirán los nombres de los que se quedarán sin visa, información que hasta ahora es casi un secreto de Estado. Por lo general se queda en los escritorios de los funcionarios que aplican la medida, y en la conciencia del señalado, quien, como es de esperarse, casi nunca dice que Estados Unidos le revocó la visa.
‘Oportuna’
Pero, ¿cómo caló el tema en Panamá, una nación donde tener visa para viajar a Estados Unidos es casi como tener ciudadanía plena para el mundo, y señal de estatus?
El politólogo Carlos Guevara Mann califica de “oportuna” la medida. “Ya es tiempo de que los corruptos reciban sanción moral. Si no la reciben en su país, que al menos no puedan ir de compras y a divertirse con sus familias en los parques temáticos de la Florida o a esquiar en las montañas de Colorado”, sustenta.
Considera “atinado” y “novedoso” el que se divulguen los nombres de los que se queda sin visa.
“El público tiene derecho a saber a qué políticos se les impone una medida como respuesta a sus actos de corrupción”, añade.
Mientras que Carlos Barsallo, presidente de Transparencia Internacional, capítulo Panamá, manifiesta que “es un ejercicio soberano de cada país decidir a quién le da visa”.
Sin embargo, advirtió que si se las niegan por alegada corrupción, “es muy importante, ya que manda un mensaje de apoyo práctico en la lucha contra la corrupción”.
“A cierto tipo de corruptos le da un altísimo valor a esta visa, por lo cual la medida resulta práctica y eficiente. Lástima que en muchos casos los sistemas judiciales no producen resultados acordes”, argumenta.
Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), dice que “habría que entender quién aplica y cómo se aplica esa política”.
“Me preocupa el criterio que se utilice para retirar visas y que los afectados no estén sometidos a un debido proceso en ningún lado”, advierte.
Mientras que el abogado Enrique De Obarrio, del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, sostiene que cada país está en todo su derecho de impedir la entrada de personas responsables de actos de corrupción, pero sugiere que no se debería limitar a los “políticos”, pues corruptos los hay en todos los sectores.
Propone que Panamá haga lo mismo, ya que, agrega, la corrupción que permea en todos los sectores de la vida nacional es el principal cáncer que afecta a nuestros países. Dice estar de acuerdo con que se sepa el nombre de las personas que han sido condenadas por actos de corrupción, pues eso constituirá una advertencia efectiva para que otros se miren en ese espejo, y piensen mejor antes de cometer o permitir actos corruptos.
Un día importante
El anuncio de los dos funcionarios estadounidenses se dio a conocer a propósito de que el próximo lunes 9 de diciembre se conmemora el día internacional contra la corrupción.
“En los últimos años, hemos visto a numerosos funcionarios de gobiernos centroamericanos forzados a dejar el cargo, enviados a prisión e investigados por corrupción. No sorprende que la mayoría de las personas en Centroamérica crea que la corrupción es generalizada. La corrupción amenaza”, aseguró Rodríguez, quien también reconoció a funcionarios de países de la zona que luchan contra la corrupción. Incluso, los llamó “héroes”.
En la lista incluyó a Emilia Navas, procuradora general de Costa Rica. “Procesó a numerosos funcionarios públicos por malversación de fondos, obstrucción de la justicia y tráfico de influencias relacionado con el escándalo del Cementazo en 2017”, contó.
También anunció que esperan que esta “poderosa herramienta” -en referencia al retiro de visas- sirva como un disuasivo impactante para los funcionarios de todo el hemisferio que caen en la tentación de usar sus oficinas para fines corruptos.
La historia dice
En la historia reciente panameña se han registrado múltiples casos relacionados con el tema: Estados Unidos ha revocado la visa a distintos funcionarios, políticos y empresarios, por supuestas prácticas irregulares. Por ejemplo, en el año 1999, Estados Unidos retiró la visa al expresidente Ernesto Toro Pérez Balladares y a un grupo de sus colaboradores, al vinculárseles al tráfico de ciudadanos chinos.
En el 2005, también se suspendió la visa al entonces magistrado Winston Spadafora. A Spadafora se le aplicó la sección 212 (F) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos -enmendada por el US Patriot Act-, que suspende el ingreso a ese país de personas “que han cometido, participado o se han beneficiado de la corrupción en el desempeño de funciones públicas donde dicha corrupción resulta en graves consecuencias desfavorables para la actividad internacional de empresas estadounidenses, los objetivos de ayuda exterior estadounidense, la seguridad de Estados Unidos frente a delitos transnacionales y terrorismo o a la estabilidad de instituciones y naciones democráticas”.
Mientras que en 2015, la comerciante Paulette Morales admitió que Estados Unidos le había revocado su visa en momentos en que el Ministerio Público la investigaba por supuestos sobreprecios en la compra de mochilas escolares.
“Me quitaron la visa por culpa de La Prensa”, dijo en su momento.
Si se cumple lo que anunciaron los funcionarios de Estados Unidos, será cuestión de tiempo para que el país sepa quiénes no podrán hacer más shopping en Dadeland Mall o pasear en Disney World.