La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una sanción aplicada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) a la diputada Yanibel Ábrego, expresidenta de la Asamblea Nacional.
Bajo la ponencia del magistrado José Ayú Prado, la Corte concedió un amparo contra la resolución No DS-3937-18 del 10 de agosto de 2018, en la que se sancionó a Ábrego con el pago del 50% de su salario mensual, por entregar información inexacta e incompleta sobre la planilla 080 de los diputados.
Según la Corte, la Antai no es competente para aplicar dicha sanción a un diputado.
Ayú Prado tumba sanción de Antai contra Yanibel Ábrego
La Corte Suprema de Justicia, en un fallo bajo la ponencia del magistrado José Ayú Prado, concedió un amparo de garantías constitucionales presentado por la diputada y expresidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, contra una resolución de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) que la multó por haber entregado información incompleta sobre la planilla 080.
La Antai, a través de la resolución NoDS-3937-18 de 10 de agosto de 2018, sancionó a Abrego a pagar y endosar al fisco nacional el 50% de su salario mensual, por haber incumplido el derecho de acceso a la información pública, luego que la diputada entregó de manera incompleta la información de la planilla 080 que le fue solicitada por la Antai. Esa información también había sido requerida por La Prensa y Ábrego igualmente se negó a entregarla en su totalidad a este medio.
La información correspondía al personal adscrito directamente a los diputados y fue requerida en 2018 por la entonces directora de Antai, Angélica Maytín Justiniani.
En esa ocasión, Maytín alegó que la Ley 33 de 2013, que creó la Antai, le permitía aplicar multas a los servidores públicos hasta por un monto que no supere el 50% del salario mensual, siempre que se compruebe algún incumplimiento a la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia).
Maytín sustentó que se sancionó a Ábrego porque, como presidenta de la Asamblea Nacional, entregó información parcial e inexacta sobre la planilla 080.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, al ser consultado el 3 de mayo de 2018 por Maytín, respondió que la Antai sí estaba facultada para abrir un proceso a Ábrego, por ser esta última una servidora pública.
Ábrego aportó información sobre el número de posición, nombre, apellido, cédula, salario y cargo de cada uno de los emplanillados, pero no informó quiénes eran los diputados que los habían contratado y qué funciones debían ejercer.
El fallo de la Corte, con Ayú Prado como ponente, sostiene que la Antai no podía aplicar la sanción, ya que por tratarse de un diputada, dicha competencia recae en la Corte.
El fallo precisa que la Antai pudo haber hecho uso del recurso de habeas data, instaurado a través de la Ley 6 de 2002, que es procedente cuando un funcionario responsable del suministro de la información lo hubiese hecho de manera insuficiente e inexacta, y cuyo conocimiento corresponde a los tribunales superiores y al pleno de la Corte Suprema de Justicia.
El amparo fue presentado por el abogado Jerry Wilson, en representación de Ábrego, quien alegó que la Antai no tenía competencia para sancionar a su cliente, ya que corresponde a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las denuncias y procesos que se adelanten contra los diputados.
El excontralor Federico Humbert, durante su gestión, denunció serias irregularidades en el manejo de los fondos asignados a las planillas 080 y 179 de la Asamblea Nacional. De hecho, Humbert ordenó la suspensión de ambas planillas, así como la contratación de todo personal por parte de la Asamblea Nacional.
En junio de 2018, Humbert presentó denuncias, al encontrar que empleados de empresas particulares ligadas a los diputados aparecían en las planillas de la Asamblea, sin prestar servicio alguno.
Posteriormente, algunas de estas denuncias fueron enviadas al Ministerio Público, luego que en los comicios electorales de 2019 algunos de los denunciados perdieron su condición de diputados, al no ser favorecidos con el voto popular.
