La creación de una Corte Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés) es una iniciativa impulsada desde 2014 por el juez Mark L. Wolf para combatir la “gran corrupción”, que no es otra cosa que el abuso cometido por funcionarios de alta jerarquía del poder público para obtener un beneficio personal.
Según publicara en The Washington Post, el juez Wolf, “la IACC es necesaria debido a que el costo de la corrupción es muy grande, los regímenes corruptos proveen paraísos seguros para terroristas, traficantes de drogas y, sin duda, estáíntimamente relacionada con los abusos de derechos humanos más atroces”.
La gran corrupción desestabiliza a los países y crea grandes riesgos para la paz mundial y la seguridad.
La propuesta, según Wolf, es similar pero separada a aquella de la Corte Penal Internacional, y ha generado apoyo e interés en varios países.
Navi Pillay
Comisionada de Derechos Humanos de la ONU
En entrevista con La Prensa, Wolf conversó sobre los detalles de esta iniciativa que busca penalizar a aquellos gobernantes que abusando del poder controlan a las autoridades de Policía, los fiscales y las cortes, haciendo imposible que en sus propios países sean investigados, procesados y castigados por actos de gran corrupción.
¿Qué es la Corte Internacional Anticorrupción?
Tal como está concebida es una corte similar, pero separada de la Corte Penal Internacional. Es una corte que tratará casos de gran corrupción. Los sujetos de esta corte son los líderes mundiales y aquellos cercanos a estos que gozan de impunidad frente a los actos de corrupción en sus países, porque controlan la Policía, los fiscales y las cortes.
Juez Mark L.Wolf habla con La Prensa
La gran corrupción es endémica en muchos países, incluyendo algunos en Latinoamérica. Casi todos los países del mundo tienen leyes que penalizan la extorsión y el lavado de dinero, entre otros actos de corrupción. De hecho, un total de 178 países son miembros de la Convención en contra de la Corrupción de las Naciones Unidas, pero el problema es que aunque las leyes existan en los libros, en muchas ocasiones no son efectivas en la práctica, cuando se trata de quienes dirigen esos países.
Por otro lado, estos gobernantes no permiten la investigación, procesamiento y consecuente castigo de sus amigos, socios o allegados.
¿Se encargaría esta corte de procesar también a personas como Marcelo Odebrecht, que aunque no es gobernante de su país mantenía lazos muy cercanos al Gobierno brasileño?
Efectivamente, estas personas que trabajan en cercana colaboración con los gobernantes y que a través de actos de corrupción se benefician personalmente de esta relación, podrían ser procesados por la IACC.
Sin embargo, la IACC, al igual que la Corte Penal Internacional, solo operaría complementariamente a la jurisdicción de cada país; es decir, solo en los casos en que los países no estén dispuestos a procesar a aquellos acusados de gran corrupción. En el caso de Panamá, por ejemplo, con el expresidente Ricardo Martinelli, quien es procesado en Panamá y está pendiente su extradición desde Estados Unidos, según comentó el presidente Juan Carlos Varela, en la inauguración de la Conferencia Internacional de Transparencia, siempre que el país pueda y esté dispuesto a procesarle de buena fe, entonces no sería objeto de un segundo proceso bajo la Corte Internacional Anticorrupción. Sin embargo, lo anterior se basa en el hecho de que el proceso en el país de origen haya sido realizado de buena fe, y que no constituya un juicio falso o amañado y que la persona haya sido juzgada de forma imparcial y genuina. En otras palabras, serán los jueces y fiscales de la Corte Internacional Anticorrupción los que definirían si una persona que ya fue juzgada en su país sería objeto de un segundo juicio ante la IACC.
¿Cómo se aplicarían las decisiones de la IACC a gobernantes de países como Venezuela, o Ecuador, donde hay evidentes casos de corrupción y no se respetan las decisiones de los organismos internacionales?
En el caso de presidentes de países como estos, si se niegan a comparecer ante la IACC voluntariamente, su universo se haría cada vez más estrecho, ya que en caso de ir a países que sí serían miembros de esta iniciativa, estos deberían proceder con su conducción.
El uso de posiciones públicas para beneficios personales, conocido como gran corrupción, es un crimen serio. El dinero que anualmente se pierde en actos de corrupción es 10 veces más del que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas destina para ayuda internacional. De hecho, Navi Pillay, alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que “la corrupción mata. La cantidad de dinero robado cada año con la corrupción es 80 veces más de lo que hace falta para alimentar a la gente que pasa hambre en el mundo. Al menos, 870 millones de personas van a dormir con hambre todas las noches, muchas de ellas niños. La corrupción les niega el derecho a la comida y, en algunos casos, el derecho a la vida”.
La gran corrupción está asociada con el terrorismo y los más serios delitos, la corrupción es una traición a la democracia. La corrupción es ilegal en todos los países y estáíntimamente ligada a la falta de respeto por los derechos humanos. Es por esto que la iniciativa de crear una Corte Internacional Anticorrupción es respaldada por organizaciones como Human Rights Watch.
La gran corrupción no es un crimen sin víctimas, por lo que el rol que juega la comunidad internacional en la lucha en contra de la corrupción es legítimo. Es por esto que virtualmente todos los países del mundo han firmado la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas. Para estos países existe la obligación de cumplir con los parámetros de este acuerdo. Sin embargo, hasta este momento la comunidad internacional no ha sido lo suficientemente enérgica en el combate a la corrupción, especialmente en el caso de países en los cuales sus gobernantes son culpables de actos de gran corrupción.
Por esta razón, la idea de la IACC no es crear nuevas leyes, sino, más bien, proveer mecanismos para facilitar la aplicación de la legislación ya existente en los diferentes países en materia de corrupción, sobre todo en los casos en los cuales los mismos países no están dispuestos -o no son capaces- de aplicar esas mismas leyes a sus gobernantes.
¿Por qué crear una corte diferente a la ya existente Corte Penal Internacional?
Si bien la IACC podría ser parte de la Corte Penal Internacional, algunos, y yo me incluyo en ese grupo, hemos recomendado que actúen de forma separada. La idea de una corte separada para de esta forma juzgar a los “intocables” y que trabaje de la mano con la Corte Penal Internacional.
Esta es una corte que los diferentes países del mundo deben querer tener. No debe ser una iniciativa exclusiva de Estados Unidos o Gran Bretaña. La mayoría de los países están cansados de ver el futuro de sus países truncados por la corrupción.
¿Qué clase de castigo recibirían aquellos gobernantes y sus allegados, de ser encontrados culpables de gran corrupción por la IACC?
En mi concepto, el castigo sería la cárcel, en una prisión internacional. Este es el eslabón que hace falta en la iniciativa internacional para el combate a la corrupción. Los niveles de impunidad en estas naciones son muy grandes, no hay evidencia de que efectivamente la corrupción se pueda extinguir en estas cleptocracias.
Si el castigo consiste solamente en devolver parte de lo apropiado ilegalmente, esto no va desalentar a nadie a cometer actos de gran corrupción; sin embargo, si se trata de que existe el riesgo de ir a prisión, más gobernantes pensarán en las consecuencias de sus actos.
Es un principio fundamental del derecho penal: Las personas pierden su libertad si cometen actos ilegales.
¿Cómo pueden estar seguros de que las decisiones de la IACC serán respetadas por los países y sus gobernantes?
Estamos en una etapa muy inicial en el proceso de aplicación del imperio de la ley en las cortes internacionales. Tocará a cada ciudadano de cada país ejercer presiones para lograr que se respeten estas decisiones. Para lograr que el mundo de los cleptócratas se haga cada vez más pequeño.
¿Qué previsiones existen para que la IACC no vaya a ser utilizada con fines políticos?
Esto es un tema muy serio, creo que hay menos riesgo de que exista un proceso político en una corte internacional del que ya existe en cualquier otra corte. Por lo que los jueces y fiscales, y demás personas involucradas en las cortes internacionales, deben estar muy informadas y entrenadas para poder comprobar que no se trata de un caso meramente político. La corte ha de tener importantes recursos para poder seguir el dinero que ha sido apropiado indebidamente y de esta forma poder deslindar responsabilidades debidamente. Los líderes corruptos invierten mucho dinero y tiempo en esconder el dinero.
Y aunque el riesgo existe, creo que es menor en las cortes internacionales que en las locales.
¿Estaría dispuesta la IACC a procesar a Donald Trump o cualquier presidente de Estados Unidos si ese fuera el caso?
Efectivamente, si las cortes de Estados Unidos no pudiesen o no estarían dispuestas a procesar al presidente del país, la IACC podría, sin duda, entrar a procesarle por actos de gran corrupción.
¿Bajo que ordenamiento jurídico serían procesados los gobernantes acusados de gran corrupción ante la IACC?
Serían procesados de acuerdo con las leyes de su país. No sería justo procesarles de acuerdo con normativas aplicables en otras jurisdicciones. Aunque algunos podrían acusar a la IACC de violar la soberanía judicial de cada país, este no sería el caso, porque cada país que decide adherirse a la Corte lo debe hacer de forma voluntaria manifestando su consentimiento. Estaría delegando de alguna forma el control de este tipo de procesos a una corte internacional.
¿Cómo se financiaría la IACC?
La cantidad de dinero que esta corte ahorraría y recuperaría sería suficiente para financiar las operaciones de la corte, sin embargo, todavía hay muchas conversaciones al respecto. El costo de la corrupción es muchísimo más alto.
¿Cuánto tiempo cree que pasaría hasta que la IACC esté efectivamente establecida?
Realmente no tenemos una fecha límite. Muchos dicen que es una muy buena idea y aunque puede que tome un tiempo, es probable que quede establecida antes de lo que se cree. Independientemente del tiempo que tome, es muy necesaria.
¿Qué otros organismos han respaldado esta iniciativa?
Desde que anunciamos la idea, hemos recibido apoyo incondicional de varias organizaciones y personalidades: El comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, Transparencia Internacional, Human Rights Watch, Global Witness, el parlamentario de Sudáfrica Richard Goldstone, Luis Moreno Ocampo, de Argentina, y José Ugaz, de Perú, entre otros.
¿Cuál cree que sea la posición de Panamá?
Creo que hay un gran interés de Panamá.
Hay un incentivo para que participe, sobre todo debido a las iniciativas del Gobierno para combatir la corrupción.
