La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia avaló una solicitud para levantar la suspensión provisional de la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la vía Omar Torrijos.
La petición para que se dejara sin efecto la suspensión de obras fue presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), luego de que el proyecto vial fuera paralizado provisionalmente el pasado 11 de febrero de 2019, como parte de una demanda de nulidad que interpuso por el entonces alcalde del distrito capital, José Isabel Blandón.
La decisión de la Sala surge cuando el MOP decidió resolver administrativamente el contrato con la empresa Astaldi para la ampliación de la vía.
El proyecto de ampliación de la vía Omar Torrijos fue cuestionado por organizaciones, como el Centro de Incidencia Ambiental, por el daño ecológico en el lugar.
MOP logra anular suspensión de obras en vía Omar Torrijos
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia accedió a levantar la suspensión de la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto de ampliación de la vía Omar Torrijos.
Esta medida había sido solicitada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), luego que el proyecto fue paralizado el 11 de febrero de 2019 como parte de una demanda de nulidad que interpuso el entonces alcalde capitalino, José Isabel Blandón
De acuerdo con la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, la medida cautelar de suspensión no es efectiva, porque genera mayores grados de afectación ambiental que podrían incidir en la vida y salud de la población.
El fallo, con fecha del 30 de diciembre de 2019 –pero divulgado el 20 de enero de 2020–, lleva la firma de los magistrados Abel Zamorano (ponente) y Cecilio Cedalise. Luis Ramón Fábrega salvó su voto.
De hecho, el MOP pidió que se continuaran las obras para mitigar ciertas áreas por su condición de vulnerabilidad a desastres.
El malestar
El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) expresó su preocupación ante la decisión de la Sala Tercera, porque considera que ya el contratista no tendría restricciones para reanudar la obra.
Este proyecto tiene un costo de 89.1 millones de dólares y se extiende a lo largo de 7 kilómetros, desde la sede del Servicio de Protección Institucional (SPI) en el sector de Cárdenas hasta el puente Centenario.
Tanto el CIAM como las organizaciones de vecinos de áreas revertidas y en su momento la Alcaldía de Panamá se opusieron a la construcción del proyecto por las afectaciones en el Parque Nacional Camino de Cruces y la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, incluyendo la pérdida de 13 hectáreas de bosque de dicha área protegida.
Conforme al CIAM, estos impactos ni siquiera habían sido adecuadamente evaluados, toda vez que fueron autorizados mediante un estudio de impacto ambiental categoría II y no de categoría III, la más rigurosa de las categorías y la exigida por el propio contrato extendido por el MOP.
“La ilegalidad de dicha aprobación aún queda pendiente de pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia”, puntualiza una nota emitida por la oenegé.
En resolución del pasado 15 de enero, el Ministerio de Obras Públicas decidió resolver administrativamente el contrato No. AL-1-73-17, que mantenía con la empresa Astaldi para esta obra.
