El presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo dio por hecho ayer que la polémica Resolución No. 1 del 3 de marzo de 2021, que rebaja el puntaje requerido para la certificación de los graduados de medicina como requisito para entrar al internado, será derogada.
El mandatario mantuvo su opinión de que la puntuación hay que “subirla”. Al consultársele si la iba a derogar, indicó: “por supuesto”. ¿Cuándo?: “pronto, pero se va a derogar. No tengan ninguna duda”, respondió ayer a los periodistas en horas de la tarde, luego de que le fuera aplicada la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19.
Ayer, también en medio de los duros cuestionamientos ciudadanos y de gremios médicos por las supuestas amenazas del Ministerio de Salud (Minsa) hacia el Consejo Interinstitucional para que bajara el puntaje de la certificación, el titular de la cartera de salud, Luis Francisco Sucre, se desligó del tema y dijo que la decisión fue tomada por el Consejo de forma unánime.
Sucre pidió a dicha instancia que “por favor regrese a la puntuación anterior”. Pero dejó claro que derogar la resolución “depende de ellos [del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica de Medicina]”.
Reuniones
Este lunes, el ministro Sucre se reunió con los miembros del consejo, con el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, y con el decano de la Facultad de Medicina de esa casa de estudios superiores, Enrique Mendoza, y se acordó analizar la eliminación de la mencionada resolución.
Esta reunión fue catalogada por el decano de la Facultad de Medicina de la UP como “positiva”.
Mendoza explicó en el programa Infoanálisis que se reafirmó la posición del Presidente de la República, que “el proceso de certificación continúa, que el puntaje va a ser respetado, que se va a fortalecer la educación médica de pregrado y a fortalecer la educación de postgrado, el internado y la residencia”.
Precisamente, se esperaba que ayer saliera publicada en la Gaceta Oficial la decisión del Consejo Interinstitucional, que estuvo reunido todo el día según confirmaron fuentes del Minsa, pero al cierre de esta edición se desconocía su decisión.
Mendoza, quien el pasado viernes reveló –en un audio divulgado en redes sociales–, que en las últimas semanas se habían producido “presiones” de parte de altos funcionarios del Minsa a nivel de la Certificación Básica de Medicina, de la Comisión Nacional de Docencia y de la propia Facultad de Medicina, ayer se defendió de acusaciones hechas por algunos diputados contra él.
Indicó que el origen del problema no fue el Minsa, sino la iniciativa legislativa 525, que busca modificar la Ley 43 de 2004, sobre el régimen de certificación y recertificación de los profesionales y especialistas técnicos de la salud. La propuesta busca “diferir” la aplicación de la prueba de certificación básica de médicos, enfermeras, odontólogos y veterinarios para finales del internado, de manera que puedan cumplir lo antes posible con la obligación impuesta por el Estado durante dos años. Esta propuesta la impulsan los diputados perredistas Crispiano Adames y Mariano López.
“¿Cuál es el interés de estos diputados de estar persistentemente modificando una ley que se está cumpliendo?”, se preguntó.
En la actualidad, la norma señala que las certificaciones y recertificaciones son mecanismos que permiten evaluar el nivel de competencia académica, científica y técnica, así como una conducta ética adecuada de los nacionales y extranjeros que por necesidad del servicio ingresen al sistema de salud.
Pruebas llegan selladas
Mendoza negó que haya ventaja en el examen de certificación para los estudiantes de medicina de la UP.
“Yo no soy juez y parte ni intervengo en nada relacionado con la confección de este exámenes. Esto lo hace el The National Board of Medical Examiners”, afirmó.
Explicó que dicha instancia envía los exámenes en cajetas completamente selladas; que a la hora de revisar las cajetas están los representantes, incluso de la universidades privadas, observando que estén selladas; que las cajetas que contienen el material administrativo se abren un día antes en presencia de todas las facultades de medicina.
“Las cajetas del examen, como tal, se abren el mismo día del examen. Cada examen viene sellado, el estudiante cuando lo recibe rompe un sello para poder abrir el cuadernillo de preguntas. Tienen cuatro horas para poder responder 160 preguntas”, detalló.
De hecho, Jaime Sánchez, presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, dijo que un grupo de galenos fue invitado por el Colegio Médico para participar del proceso de evaluación del examen del pasado 5 de marzo. “Observamos la seguridad que tiene el examen”, dijo. “No es posible hacer trampa, como alegan”, añadió, y acotó que las aseveraciones que se han hecho de que ese examen se pasa de una persona a otra no son ciertas”.
Pero, ¿cómo serán evaluados los estudiantes que hicieron el examen de certificación el 5 de marzo, día de la publicación en la Gaceta Oficial de la mencionada resolución? Mendoza aseguró que “el puntaje de pase que se va a utilizar sigue siendo 405 (41.5%). En ningún momento se ha aplicado o se va a aplicar un puntaje inferior a 405, que fue el puntaje que se estableció hace aproximadamente dos años. Nadie ha aprobado con un puntaje inferior de 405 y es el que vamos a usar en este mes de marzo”, precisó.
La resolución aprobada por el Consejo Interinstituional la semana pasada establece como puntaje mínimo 360, lo cual, de acuerdo con el texto, corresponde al porcentaje equiparado de 34.5%.
Pronunciamiento conjunto de asociaciones y sociedades médicas de Panamá. #facultaddemedicina #certificaciones #panama #examenresidentes #equiparidad pic.twitter.com/5q390LacDp
— SPOG (@spogpanama) March 9, 2021
En pie de guerra
Entretanto, las Asociaciones Médicas de Panamá reiteraron su rechazo a las modificaciones al examen de certificación médica establecidas en la Resolución N° 1 del 3 de marzo. Consideran que no es justificable bajar el puntaje de 405 a 360 ni que el estado de emergencia que rige en el país por la pandemia de la Covid-19 sea utilizado como “excusa” para desmejorar la calidad de la formación médica.
Por ello, pidieron derogar la resolución y hacer públicos los resultados del examen de certificación en la universidad formadora.
Asimismo, el retiro del proyecto de ley 525, que está en una subcomisión de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. “Si se avanza en la Asamblea, le pedimos al Presidente que lo vete”, dijo Sánchez.
