El presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetó ayer el proyecto de ley No. 508, que establecía medidas en materia educativa en los centros educativos a nivel nacional y modificó artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.
A través de una nota dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, el mandatario plantea que ha encontrado razones en el documento que permiten objetarlo en su conjunto por “inconveniente e inexequible”.
Este proyecto, que había sido presentado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático Leandro Ávila, fue cuestionado en su momento por gremios empresariales, ya que fijaba descuentos en la educación particular de 35% para aquellos colegios privados con más de mil 200 alumnos si la modalidad de enseñanza es virtual. Lo mismo sucedía con las universidades con una matrícula de más de 400 estudiantes.
En su nota Cortizo señala que los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del proyecto de ley son “inconvenientes”, porque el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, a través de sus diferentes instrumentos legales, se encarga de vigilar el funcionamiento de los programas a distancia, así como sus guías didácticas, las plataformas tecnológicas, la estructura física y el personal que labora en las instituciones de educación superior a distancia.
Por otra parte, indica que en nuestro país la posibilidad de crear centros docentes particulares es un derecho y no una concesión del Estado, como se ha sostenido en los últimos días, ya que, aunque estos centros de educación privada están sometidos a las directrices académicas del Ministerio de Educación, su estructura económica y administración no están sujetas al control de dicha entidad ministerial, tal como se desprende de lo establecido en el artículo 94 de la Constitución.
“La educación particular se concibe y desarrolla en un ámbito de libertad de empresa en donde la competencia constituye el motor de la economía, tal como se concibe en el convenio de la Organización Mundial del Comercio, que determina que para los efectos del mismo se comprende la libre competencia económica como la participación de distintos agentes económicos en el mercado, actuando sin restricciones en el proceso. En este sentido, este proyecto de ley puede atentar contra la letra y el espíritu de ese tratado”, concluyó el escrito enviado a la Asamblea.
Tras conocer lo decidido por Cortizo, la vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, Katya Echeverría, subrayó que el mandatario actuó en estricto derecho.
Mientras que Ávila manifestó que fue una decisión muy particular del Órgano Ejecutivo y dijo que entendía que este recibió una fuerte presión de los dueños de los planteles y universidades particulares.