L as concesiones fuera del negocio aeronáutico, es decir, las comerciales, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen (Aitsa) deberían ser llevadas obligatoriamente a licitación pública, según lo establecía el reglamento vigente hasta el pasado 16 de noviembre, pero, cambios importantes se hicieron ese mes, así como este martes 22 de diciembre, que dieron paso a legitimar un lucrativo contrato en medio de la pandemia de la Covid-19.
Pocos días antes de que el Gobierno anunciara la apertura del aeropuerto de Tocumen, una fuente advirtió que se estaría entregando la concesión a una empresa que no era un laboratorio, sino proveedora de insumos médicos: Jers Medical Panama, Inc.
Tres días después –el pasado 9 de octubre– el Gobierno, a través de un comunicado, anunció no sólo la reapertura de esa terminal aérea, sino que se aplicarían pruebas de Covid-19, a un costo de $50, a todo viajero que no contara con la prueba de hisopado (PCR) o antígeno negativo del país de procedencia, 48 horas previa a su viaje. La nota omite el nombre de las empresas que se encargarían del servicio.
El 12 de octubre pasado, el aeropuerto de Tocumen reabrió sus operaciones para los vuelos internacionales y de paso. Los viajeros pasaron su primer escrutinio de salud de manos de los laboratorios que realizan la prueba rápida de Covid-19.
Empieza la opacidad
Los primeros diagnosticados con Covid-19 fueron una uruguaya y varios venezolanos que intentaban ingresar al país. La Prensa solicitó información sobre esta situación al aeropuerto y al Ministerio de Salud (Minsa), pero fue poco lo que se entregó. Directivos del Minsa fueron cuestionados sobre el destino de los otros pasajeros que venían en el mismo vuelo, cómo sería su registro de trazabilidad y a qué puntos del país se habían distribuido, pero no hubo respuestas a esas preguntas.
Al día siguiente el –13 de octubre– La Prensa volvió a solicitar información al aeropuerto –al amparo de la Ley de Transparencia– sobre el nombre de la empresa proveedora de las pruebas rápidas, los laboratorios encargados de aplicarlas a los pasajeros, del por qué se hizo una contratación directa, las condiciones de la concesión y copia de los contratos a las empresas favorecidas.
Una semana después de esta solicitud, y tras la insistencia de La Prensa, –el 21 de octubre– Aitsa dio una respuesta parcial; alegó “confidencialidad” de la información. Lo poco que se comunicó fue que “un grupo de laboratorios de gran trayectoria y prestigio nacional como: Laboratorio Lasso, Clinilab y Medimed [sic], están prestando el servicio actualmente”.
Nada mencionó de Jers Medical Panama o de otras empresas. “La Junta Directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., después de analizar cuidadosamente todas las posibilidades, determinó la necesidad de concesionar a quienes ofrecieran las mejores condiciones, calidad y trayectoria, a los laboratorios con capacidad de colocar instalaciones en espacios reducidos sin afectar el flujo en la terminal, y el procesamiento rápido de pruebas Covid con alto nivel de especificidad”, resalta la nota de Aitsa a este medio.
El aeropuerto no indicó cuál sería el alquiler mensual ni el porcentaje de las ventas brutas que se proporcionaría a Tocumen. Sólo que sería lo que disponía el Reglamento de Concesiones de Tocumen, en sus artículos 2 y 17.
Ese mismo día –el 21 de octubre– este medio pidió una aclaración a la entidad aérea y que se enviara la resolución que clasificaba la información de esta concesión como confidencial.
‘Confidencialidad’
La escueta respuesta llegó al día siguiente “Según la resolución No. 044-JD-18 emitida el 15 de octubre de 2018 por la junta directiva… Se tomó la decisión de aprobar una resolución para declarar información restringida, las actas que emita la Junta Directiva, así como la información de debida diligencia que se practica a los concesionarios actuales y futuros de Aitsa, así como a los proponentes que participan de las licitaciones para el otorgamiento de concesiones en Aitsa”.
Agregó que, esta resolución era de “estricto cumplimiento”. El 22 de octubre, este medio preguntó a Aitsa cuántos años se mantendría en reserva la información e insistió en la entrega de la documentación solicitada. No hubo respuesta.
El 23 de noviembre pasado, La Prensa preguntó a Aitsa por qué Jers Medical Panama estaba cobrando por las pruebas a los viajeros que se practicaron la prueba rápida de Covid, si esta empresa no había sido mencionada por el aeropuerto como una de las empresas que practicarían las pruebas Covid-19. También, sobre el tipo de acuerdo que el aeropuerto mantenía con Jers Medical; como copia del contrato; cuál fue el criterio de selección de los laboratorios que estaban prestando el servicio y por qué no se les permitía a los viajeros realizarse una segunda prueba en el lugar para confirmar el resultado.
Al día siguiente –el 24 de noviembre– este medio solicitó información al presidente de Jers Medical, Darío Martínez, quien pidió una prórroga de 48 horas para responder. Su solicitud fue atendida.
El consorcio
La respuesta llegó el 26 de noviembre. Martínez confirmó que era parte del consorcio Pty Covid Free, asociada con Minimed, Corp., VMA Laboratorios, S.A., HMG Investment, Corp., Ayac Laboratorios Panamá, S.A. y Phoenix Farmacéutica Panamá, S.A.
Martínez también indicó que había recibido una concesión de tres meses prorrogables; que pagarían $100 por metro cuadrado de alquiler y 8% sobre las ventas brutas que facturara en el aeropuerto. No respondió cómo logró alzarse con la concesión directa y los alcances de la contratación: “La forma de contratación es una decisión del Aeropuerto”, indicó.
Tampoco se refirió a la entidad responsable de su selección para hacer las pruebas en el aeropuerto. Ese mismo día, La Prensa envió otro cuestionario a Martínez, pues no respondió por qué estaba cobrando a los pasajeros, cuando el servicio lo estaba prestando supuestamente los laboratorios Clinilab, Medimed [sic ] y Lasso. Se le cuestionó, además, sobre la fecha en que constituyó el consorcio y cuándo se le entregó la concesión.
Al día siguiente –el 27 de noviembre– llegó su respuesta: que no tenía relación con los laboratorios Clinilab, Medimed [sic ] y Lasso y que por un tema de “organización administrativa”, su empresa era la que hacía los cobros. No respondió cuándo se constituyó el consorcio ni cuándo se les entregó la concesión. “Esta pregunta debería ser dirigida al aeropuerto de Tocumen”, dijo.
Mientras La Prensa intercambiaba correos con el presidente de Jers Medical, este medio seguía a la espera de las respuestas del aeropuerto, que finalmente llegaron el 27 de noviembre, tras mucha insistencia.
Confirmación
Aitsa confirmó que Jers Medical era parte del consorcio beneficiado con la concesión; que esta formaba parte de “los 4 laboratorios instalados en el aeropuerto para realizar la prueba”. Igualmente, el aeropuerto se mantuvo en que no darían detalles de la contratación por tratarse de una información “restringida”. Tampoco se refirió a los criterios de selección de estas empresas ni qué entidad las eligió.
Ese día, La Prensa pidió a Aitsa que aclarara si Jers Medical era el cuarto laboratorio –junto a Clinilab, Lasso y Medimed [sic]– para hacer las pruebas a los pasajeros, ya que estos laboratorios no aparecían en el listado de los que el Instituto Gorgas ha certificado para hacer pruebas Covid-19.
Ese mismo día –27 de noviembre– Aitsa respondió que Jers Medical era parte del consorcio Pty Covid Free, así como los nombres de las empresas que lo acompañaban. La entidad no negó la existencia de los laboratorios Clinilab, Medimed [sic] y Lasso.
El pasado 1 de diciembre, tres días después de la consulta a Martínez, éste respondió a La Prensa que Pty Covid Free se “conformó en la segunda quincena de octubre”, es decir que se formalizó después de haber empezado a prestar el servicio, a partir del 12 de octubre pasado, cuando reabrió operaciones el aeropuerto.
En cuanto al cobro que hacía a los pasajeros por las pruebas, cambió su versión. Indicó que había sido un error haber dicho que habían dejado de cobrar, ya que antes había dicho que solo había cobrado al principio. También dijo que el consorcio aún no se había inscrito en el Registro Público, pero que estaba en trámite.
Sorpresa
Cuando Aitsa alegó a La Prensa –el 21 de octubre pasado– “confidencialidad” para no entregar la información solicitada sobre las empresas beneficiadas para hacer las pruebas de Covid, tal argumento no estaría en firme.
Y es así porque en una reunión extraordinaria del pasado 29 de octubre, la junta directiva de Aitsa aprobó modificar la resolución de 2018 que les permitía mantener la información confidencial. Es decir, Aitsa alegó una confidencialidad que no vino existir legalmente sino hasta más de un mes después, cuando la modificación fue promulgada en Gaceta Oficial, el pasado 16 de noviembre.
Esta confidencialidad regirá sobre “los procedimientos, requisitos y demás mecanismos de contratación con terceros sobre las concesiones de servicios aeronáuticos, aeroportuarios y servicios no aeronáuticos”.
No fue lo único modificado. El pasado martes – 22 de diciembre– se promulgó en Gaceta Oficial otra modificación –aprobada también en reunión extraordinaria de la directiva de Aitsa el 30 de noviembre pasado–a una resolución de enero de 2020 que también modifica la misma resolución de 2018.
Se establecieron dos nuevas clasificaciones en las tarifas, cánones y tasas por servicios no aeronáuticos comerciales y las rentas mínimas que cobra Aitsa: clínicas de atención y servicios médicos a los pasajeros y casa de cambio de moneda extranjera.
El canon mínimo mensual por metro cuadrado para clínicas y servicios médicos es de $100 y 8% de la venta bruta. Es decir, que el canon de arrendamiento cobrado a Jers Medical y laboratorios asociados fue aprobado mes y medio después de haber empezado a cobrar por las pruebas y de facturar.
Un ex directivo de Aitsa, consideró todo el tema de la “confidencialidad” como un trámite irregular e “ilegal”, ya que cuando se aprobó en 2018 mantener información confidencial se indica que sería para actas y la debida diligencia de las empresas que participaban en las licitaciones y concesiones, no así en los acuerdos comerciales.
