La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de nulidad contra la resolución del Consejo de Gabinete que aprobó un crédito por $22.8 millones para pago de planilla de la Asamblea Nacional (AN).
Además de acoger la demanda, el magistrado Luis Ramón Fábrega dio traslado a la Procuraduría de la Administración y solicitó al ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, un “informe explicativo” en relación con lo actuado en la resolución de Gabinete.
En la demanda, presentada por Ricardo Lombana, del partido en formación Otro Camino, se advierte de que la resolución “viola las normas legales y reglamentarias que regulan el presupuesto del Estado, y la responsabilidad social fiscal”.
Carrizo deberá enviar a la CSJ informe sobre crédito a la Asamblea Nacional
El ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, deberá presentar un “informe explicativo” en relación con lo actuado en la resolución de Gabinete 81 del pasado 27 de octubre, a través de la cual se aprobó un crédito al presupuesto del Estado de 2020, para la planilla 002 de la Asamblea Nacional.
Dicho informe fue solicitado por el magistrado Luis Ramón Fábrega, luego que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera el pasado 3 de diciembre una demanda de nulidad contra la resolución que aprobó el citado crédito por $22.8 millones.
La demana, presentada el 23 de noviembre por Ricardo Lombana, del partido en formación Otro Camino, señala que con la aprobación de este crédito se viola el artículo 15 del Decreto Ejecutivo 52 del 3 de junio de 2019, sobre responsabilidad fiscal, porque se pretende cubrir gastos corrientes de la Asamblea a través de un crédito público.
También apunta que se atenta contra los artículos 312 y 313 sobre créditos adicionales, de la Ley 110 del 12 de noviembre de 2019, que dicta el presupuesto del Estado de 2020, porque da un crédito adicional, cuando este “no es viable” en ninguno de sus supuestos. Sobre este punto, Lombana sustenta que la norma ha sido infringida porque aprueba un crédito adicional cuando no existían los mínimos elementos, pues la misma ley dice que estos se otorgan cuando exista un superávit, un ingreso que no ha sido incluido o se fije uno nuevo.
Para el activista Luis Pinedo, quien acompañó a Lombana a la CSJ, la ley es clara, ya que no se puede pagar operación corriente con deuda.
“Estas planillas están llenas de irregularidades y se niega información tanto en la Asamblea como en la Contraloría. Están regalando dinero en el peor momento de crisis del país, durante una pandemia”, dijo Pinedo.
En la Asamblea hay 5,428 funcionarios, de los cuales 3,175 son eventuales.
