La Corte Suprema de Justicia mantiene en firme el fallo que declaró inconstitucional la Ley 9 de febrero de 1997, con la que se aprobó el contrato de la concesión minera ubicada en Donoso, Colón, asignada a la empresa Petaquilla, S.A. (hoy Minera Panamá).
En un fallo con fecha del pasado 28 de junio, que tuvo como ponente a la magistrada María Eugenia López Arias, el tribunal negó una aclaración de sentencia, una nulidad, una reconsideración y una advertencia de inconstitucionalidad presentados contra esa decisión.
Consideró “no viables” los recursos de aclaración de sentencia presentados por la firma Morgan & Morgan, apoderados de Minera Panamá (antes Minera Petaquilla, S.A.), y por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que alegaban la existencia de “puntos no claros” en la sentencia del 21 de diciembre de 2017 que declaró inconstitucional el contrato.
La Corte dijo que este recurso no puede ser entendido como una instancia adicional para discutir nuevamente alegaciones y hechos que fueron resueltos dentro del fallo.
Con respecto a los recursos de nulidad y reconsideración, también presentados por Morgan & Morgan, la Corte señaló que en ellos se plasmaron argumentos de oposición a la decisión adoptada, que no fueron sustentados. “Dada la naturaleza inmutable de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia”, el fallo no se puede revertir, dice el documento. Para sustentar este punto, los magistrados citaron el artículo 206 de la Constitución, que dice que las decisiones de la Corte son “finales, definitivas, y obligatorias”.
En cuanto a la advertencia de inconstitucionalidad, impulsada también por Morgan & Morgan, los magistrados alegaron que “es ineficaz”, pues fue presentada dentro de otra demanda de inconstitucionalidad, por lo que no es viable a la luz de los artículos 206 y 207 de la Carta Magna, que dicen que “no se admitirán recursos de inconstitucionalidad ni de amparo de garantías constitucionales contra los fallos de la Corte o sus Salas”.
Con relación a la pretensión de que el fallo de la Corte entre en vigencia cuando se expida una ley que reemplace a la Ley 9 de 1997, los magistrados estimaron que dicha petición es contraria a las decisiones asumidas en materia constitucional por la Corte, y que se incurriría en una violación de la separación de las atribuciones de cada órgano del Estado. “No es potestad del Órgano Judicial instar a otros órganos del Estado a cumplir con sus funciones”, sustentaron.
El momento
Dos días antes de que se hiciera público el fallo, la Presidencia de la República anunció que negociará con Minera Panamá los aspectos legales de la concesión. Para tal fin, designó un equipo negociador en el que figuran, entre otros, cuatro ministros: Ramón Martínez, del MICI; Héctor Alexander, de Economía y Finanzas; Milciades Concepción, de Ambiente, y Doris Zapata, de Trabajo.
‘Posible desacato’
El Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), organismo que en su momento presentó la demanda de inconstitucionalidad contra el contrato entre el Estado y Petaquilla, S.A., advirtió de que el gobierno puede entrar en desacato si no acata este último fallo y, en cambio, decide iniciar conversaciones para alcanzar un nuevo contrato con la empresa. Añadió que si el Órgano Ejecutivo persiste en su intención de seguir violentando la Constitución, corresponde al Legislativo apoyar al Judicial y no reproducir una ley que ha sido declarada inconstitucional.
El Ciam también alegó que el manejo de la concesión minera otorgada a Petaquilla es otro ejemplo más, “que se une a las múltiples experiencias internacionales de proyectos de extracción de minerales metálicos que operan al margen de la ley”, por lo que se oponen a una posible nueva concesión minera de más de 22 mil hectáreas, en las provincia de Coclé y Colón.
Amenazan con demanda internacional
La Asociación de Derecho Ambiental anunció que acudirá al Tribunal Internacional de la Haya si el Estado panameño y la minera adelantan negociaciones para establecer una proyecto de explotación en miles de hectáreas de tierra que incluyen bosques, ríos y ecosistemas de vida silvestre, que estarían en peligro de desaparecer.
Donaldo Sousa, presidente de esa agrupación, recordó ayer que se presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, contra la decisión del MICI de adelantar proyectos mineros en estos territorios.
