El cobre es uno de los metales fundamentales para la revolución tecnológica en curso. Teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de videojuegos, servidores de internet, baterías de autos eléctricos, electrodomésticos de todo uso y hasta cohetes espaciales están cargados de cobre.
En toda América Latina, los Estados enfrentan dramáticas crisis fiscales que obligan a revisar tributos y gastos públicos para ajustar las cuentas. En aquellos países en los que la minería es una actividad importante, el aumento de la tasa de regalías o del porcentaje de impuestos, están siendo considerados a todo nivel y con urgencia.
En Panamá, la particularidad de que el Contrato Ley 9 de 1997, que creó la concesión de Minera Petaquilla, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 21 de diciembre de 2017, abrió la oportunidad para una renegociación. Más aún cuando el precio del cobre se aproxima a los 10 dólares por kilo en el mercado internacional, haciendo que la tonelada del metal se acerque a los 10 mil dólares. El gigante financiero Goldman Sachs calcula que puede llegar a los 15 mil dólares por tonelada.
Anatomía de un contrato enfermo
En su decisión, la Corte Suprema encontró que la concesión minera de Petaquilla violaba los artículos 4, 17, 19, 48, 50, 118, 159, 184, 257, 259 y 266 de la Constitución Política de la República de Panamá. Esto deja claro que era un contrato que a todas luces iba contra el ordenamiento jurídico panameño. Además, el fondo del contrato creó un enclave minero que solo paga un 2% de regalía al Estado, con muy limitadas garantías ambientales, y una generalizada indiferencia de las autoridades hacia lo que allí ocurre.
Un estudio de la Comisión Chilena del Cobre indica cuánto es el cobro comparativo a las empresas mineras por regalías, más el impuesto sobre la renta en los principales países productores: “...en Australia Meridional llegan a 44.6%; en México a 41.6%; en Perú a 40.7% y a 40.1% en Columbia Británica [Canadá]”. En el caso chileno, la fórmula es la combinación del 14% de regalías y el 27% de impuesto sobre la renta. En Panamá, solo se cobra el 2% de regalía y en el contrato ley se le concede a la empresa minera un crédito fiscal equivalente al monto de su inversión, es decir, 6,3 mil millones de dólares. Una vez cubierto este monto, la empresa debería pagar impuesto sobre la renta
Un diálogo minero
El 30 de abril recién pasado, el Ministerio de Comercio e Industrias, regente de la minería en Panamá, giró invitaciones a distintos actores de la sociedad civil y la academia, entre otros, para efectuar una serie de seis reuniones a lo largo de igual cantidad de meses para generar insumos destinados a la construcción de una política minera.
Según informó el periodista Alex Hernández en La Prensa, en un anota publicada el 5 de mayo de 2021, las autoridades del Estado panameño ya se han reunido 14 veces con los representantes de la minera canadiense, para discutir los nuevos términos contractuales. Paralelamente a estas reuniones, se circuló un documento denominado “Evaluación del Marco de Políticas Mineras” (Panamá 2020), preparado por dos instituciones canadienses: el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible y el Foro Intergubernamental de Minería de Metales y Desarrollo Sostenible.
El informe dice en su página 53 que: “Está claro el deseo de las autoridades panameñas respecto de que la inversión en minería aporte recursos al Estado, más aun teniendo en funcionamiento el proyecto minero Cobre Panama. Sin embargo, si no tienen una institución capaz de recaudar eficazmente los impuestos, cánones y regalías mineras, no recibirán el beneficio en dinero correspondiente”.
Aunque el informe trata de ser científico e imparcial, el sesgo a favor de la minería es evidente. Por ejemplo, utiliza el término “minería sustentable”, para referirse a un modelo que es una imposibilidad en el mundo real. Panamá es el primer país tropical en el cual se hace minería metálica a cielo abierto. Esto implicó la deforestación de muchas hectáreas de bosques y el uso de explosivos y de químicos altamente peligrosos. Esa no es una actividad sustentable como lo puede ser la reforestación, la cría de abejas o los molinos de viento en el sur de Coclé, y otras más que se hacen en Panamá.
Este informe canadiense reconoce las falencias de un país que no estaba preparado para la minería. Destaca la ausencia de planes de cierre y post cierre para una industria acostumbrada al abandono de proyectos por los vaivenes de los precios de los metales. Es claro que el gobierno de Panamá está buscando dinero para pagar cuentas. Incluso, si se aplican los criterios chilenos, la minera habría pagado unos 800 millones de dólares en sus primeros dos años de operaciones. Este año, el gobierno nacional pedirá más de 6 mil millones de dólares para pagar sus cuentas. Aunque hay que obtener lo justo y procurar el menor daño posible a los lastimados ecosistemas panameños, la forma como se hace la minería en Panamá, es un síntoma de un Estado parásito.
Esta nota fue modificada a las 2:00 p.m. del lunes 10 de mayo de 2021. En su texto original, se informó que la empresa está exonerada de todos los impuestos existentes. Lo correcto es que el Contrato Ley 9 de 1997 concede a la empresa minera un crédito fiscal equivalente al monto de su inversión, es decir, 6,3 mil millones de dólares. Una vez cubierto este monto, la empresa debería pagar impuesto sobre la renta.
