En octubre de 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia lo designó magistrado del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz estuvo en el ojo de la tormenta.
Después de que Alejandro Moncada Luna, entonces presidente de la máxima corporación de justicia, anunciara que Araúz era el elegido para reemplazar a Gerardo Solís en el TE, salió a relucir la posición que el nuevo magistrado tenía sobre la reelección presidencial, tema que calladamente impulsaba Ricardo Martinelli, presidente de la República en ese momento.
Araúz opinó que nada “impediría” que el presidente (de ese entonces), Ricardo Martinelli, aspirara a la reelección, ya que cuando fue elegido en 2009 era un ciudadano común y no un asalariado del Gobierno. Esto a raíz de la interpretación que le dio al artículo 178 de la Constitución, que dice así: Los funcionarios que hayan sido elegidos Presidente y Vicepresidente no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos períodos presidenciales inmediatamente siguientes”.
Esta posición de Araúz quedó consignada en una consulta que le mandó a Eduardo Peñaloza, quien fungía como fiscal general electoral. La nota fue enviada el 21 de febrero de 2011, y el 26 de abril de 2011, Martinelli designó a Araúz miembro de la comisión de consultas a nuevas reformas a la Constitución.
Estos criterios legales a favor de la reelección presidencial inmediata desataron una lluvia de críticas sobre el nombramiento de Araúz, y sus posibles vínculos con Martinelli.
“Araúz no fue elegido por mérito, sino para trabajar a favor de la reelección. Entró con mal pie; o sale a repudiar la reelección o que se vaya”, aseguró por aquellos días el constitucionalista Miguel Antonio Bernal.
Araúz se defendió argumentando que habían traído a colación una consulta que él había hecho con fines académicos. “En realidad, en nuestro sistema jurídico hay un vacío. Si un ciudadano deseare que una autoridad le interprete el alcance de una norma constitucional, no hay a quién puede acudir. Yo hice una consulta que fue un ejercicio académico interesante, pero fallido. Ese vacío, a mi juicio, debe ser cubierto en el futuro”, manifestó a este medio en octubre de 2012.
10 años después
Casi 10 años después de que se conociera su posición sobre la reelección presidencial, y cuando le faltan pocos meses para que se le termine su periodo como magistrado del TE, otra posición jurídica de Araúz a favor de Martinelli es objeto de controversia. Se trata del fallo del pasado 22 de febrero que le mantiene el fuero electoral penal al expresidente de la República, y en consecuencia no podrá ser juzgado por los casos New Business, proceso que le sigue la pista a la compra de Editora Panamá América S.A. con supuestos fondos públicos; y por el pago de sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de millonarios contratos para obras públicas.
El fallo también fue avalado por el magistrado Alfredo Juncá, y contó con el salvamento del magistrado Eduardo Valdés Escoffery, quien alegó que es improcedente para el TE entrar a analizar el fondo de la aplicación del principio de especialidad. Abogados expertos en derecho electoral, y exmagistrados de la Corte, entre otros, han coincidido en que los magistrados Araúz y Juncá se extralimitaron en sus funciones al echar mano de este principio a sabiendas de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha reiterado que Martinelli no goza de esta garantía procesal, razón por la cual el Ministerio Público y el Órgano Judicial pueden avanzar en los procesos penales por acciones cometidas antes de su extradición en junio de 2018.
A la Corte
El exmagistrado de la Corte Harry Díaz, incluso sugirió que ese fallo podría demandarse ante la Corte por “inconstitucional”. De hecho, José Isabel Blandón, presidente del opositor Partido Panameñista, ya dio el primer paso y anunció que el equipo legal de su partido prepara un recurso en ese sentido. Consultado ayer sobre el tema, Blandón dijo lo siguiente: “nos hemos puesto como meta, presentar la acción de inconstitucionalidad este lunes próximo, suponiendo que ya está ejecutoriada la resolución”. Es decir, el próximo lunes 4 de abril. La Alianza Ciudadana Pro Justicia, en un comunicado divulgado el pasado domingo, exhortó a la comunidad a “mantenerse vigilante” y “exigir los correctivos inmediatos de esta situación (fallo que mantiene el fuero penal electoral a Martinelli) incluyendo las acciones de control constitucional para que el pleno de la Corte restablezca los roles constitucionales de cada ente (...)”. La Alianza, al igual que múltiples juristas, advierte que con el fallo, los magistrados Araúz y Juncá, han “debilitado la acción de la justicia penal”, y permitido que el Tribunal Electoral se convierta en “un salvoconducto para la corrupción”.
Carlos Lee, presidente de esta organización, también cuestionó la anodina posición del presidente Laurentino Cortizo sobre el polémico fallo. “El Presidente es el responsable de las relaciones internacionales y no puede desconocer lo conceptuado en el Tratado de Extradición y la opinión vertida por las autoridades norteamericanas respecto a la extradición del señor Martinelli. Decir que respeta una decisión claramente contraria al ordenamiento jurídico es un acto temerario viniendo del Presidente, quien tiene entre sus funciones: “velar por la conservación del orden público”, tal como lo indica el Artículo 183 de la Constitución. Es cierto que no le compete interpretar la ley, pues eso compete a la Corte Suprema, por lo que lo que se podía esperar era un llamado a que la Corte determine la legalidad del cuestionado fallo del Tribunal Electoral”.
El pasado domingo, Cortizo evitó referirse al fondo del fallo. “Respeto las decisiones, la democracia es así”. “Yo no puedo entrar a calificar si es o no un blindaje, al final es una decisión que tomó el TE, yo la respeto”, manifestó a los periodistas que le preguntaron por su posición sobre el asunto.
(Con información de Dalia Pichel)
