El Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) anunció ayer, en Luxemburgo, a los integrantes de su lista negra de paraísos fiscales. Entre los nueve países que constituyen el listado se mantiene a Panamá, mientras que Anguila, Dominica y Seychelles salieron de esta lista.
La lista de territorios no cooperadores en materia fiscal de la UE, fue creada el 5 de diciembre de 2017, como una de las iniciativas de respuesta al escándalo de los papeles de Panamá. La lista original implicó un análisis de 92 territorios, que no forman parte de la Unión Europea. La versión más reciente, dada a conocer ayer, tiene únicamente nueve jurisdicciones que son: Fiyi, Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Palaos, Panamá, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago, y Vanuatu. Según disposiciones de la UE, la lista debe actualizarse cada semestre.
Entre febrero de 2018 y febrero de 2020, Panamá no formó parte de la lista negra de paraísos fiscales.
Un tigre de papel
Esta versión de la lista de paraísos fiscales se da a conocer apenas dos días después de la divulgación mundial de los Pandora Papers, del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). Los Pandora Papers son una filtración y análisis de más de 11.9 millones de documentos que evidencian que la evasión fiscal está muy generalizada.
Los críticos europeos de la lista de paraísos fiscales señalan que esta excluye jurisdicciones mencionadas en Pandora y que, por ejemplo, Seychelles, que fue retirada de la lista europea, tiene un gran protagonismo.
Para la facción del Partido Demócrata Cristiano en la euro cámara de diputados, la lista de paraísos fiscales es “un tigre de papel”, según dijo Markus Ferber a la agencia alemana de noticias DW.
Para Sven Giegold, especialista en política financiera de los Verdes en la eurocámara, “la lista es muy poco sistemática, faltan paraísos fiscales importantes y Bruselas busca incluso borrar a algunos de la lista”, según dijo a la DW.
Según el jurista José Galindez, especialista en derecho tributario internacional, la lista sí tiene consecuencias: “Que las subsidiarias o sucursales de los grupos multinacionales europeos decidan trasladarse a otras jurisdicciones no listada en la lista, ocasionando pérdidas de empleos y una caída en la inversión extranjera directa proveniente de los países miembros de la Unión Europea. Además, con la inclusión de las listas, pudiera ocasionar que los beneficios de las entidades panameñas que no hayan sido sometidos a imposición sobre los criterios de tributación efectiva de la Unión Europea, sean gravados en la jurisdicción de la casa matriz, así como la no deducción de los gastos causados en territorio panameño en las entidades europeas, asemejándose a la propuesta del Impuesto Mínimo Global del Marco Inclusivo de la OCDE”.
La evolución de Panamá
Durante la última década, Panamá suscribió acuerdos de intercambio de información financiera con los principales países del mundo, y desde 2017, cuando nació esta lista, efectuó un importante cambio en su normativa: La Ley 70 del 31 de enero de 2019, por la que se estableció en Panamá el delito de evasión fiscal, y se le calificó de precedente al blanqueo de capitales. Durante la administración del presidente Laurentino Cortizo, se aprobó la Ley 129 del 17 de marzo de 2020, por la cual se creó un sistema para registro de beneficiarios de las sociedades anónimas panameñas. En el papel, estos dos instrumentos jurídicos debieron ser suficientes para sacar al país de cualquier lista. Sin embargo, existe un gran problema: el cumplimiento.
Las obligaciones contraídas por el Estado panameño, por los acuerdos de intercambio de información y la legislación que la acompañan, requieren de una importante coordinación entre una multiplicidad de instituciones que ven colmadas sus capacidades frente a las nuevas obligaciones. Por ejemplo, una mayor coordinación de la Unidad de Análisis Financiero, con la Dirección General de Ingresos y la Intendencia de Sujetos no Financieros, con bases de datos comunes y una integración digital de su información facilitaría enormemente el cumplimiento del país.
En declaraciones al programa Infoanálisis de Omega Stereo ayer, el exdirector de la Dirección General de Ingresos, el abogado Publio Cortés, reveló que en su gestión (2014-2018) la DGI no tenía “ni caja menuda”, y que él mismo debía pagar los courier con información solicitada para que llegara a Europa.
Un gran rezago que enfrenta Panamá es el alto grado de politización de los equipos técnicos encargados de gestionar estas temáticas. Con cada cambio de gobierno, el país pierde personal especializado, y a los funcionarios capacitados internacionalmente que mantenían las relaciones de trabajo con sus pares de otros países.
El dilema de las sociedades buzón
Una de las críticas más puntuales de los especialistas de la UE, en lo referente a Panamá y otros supuestos paraísos fiscales, es el tema de las “sociedades buzón”. Esto hace referencia a aquellas sociedades anónimas que no tienen operaciones reales, sino que simplemente funcionan como una entidad empresarial y domicilio legal, para efectuar transacciones financieras o transferencias bancarias.
Las sociedades buzón son uno de los principales productos ofrecidos por las firmas de abogados y otros intermediarios financieros que participan del negocio de la protección de activos. Sin ese producto, instrumentos jurídicos de mayor complejidad no son posibles. En otras palabras, desarticular las sociedades buzón significa desmantelar un componente muy relevante de este negocio.
Para José Galíndez, Panamá: “debería seguir avanzando en las recomendaciones y compromisos para cumplir los criterios de los Foros para salir de las listas, así como debería evaluar la factibilidad como país de ser parte de la OCDE, siguiendo el ejemplo de sus países vecinos, Colombia y Costa Rica, considerando que nos llevaría a aumentar la competitividad conforme a los mejores estándares de competitividad a nivel global”.
Tal vez la pregunta más importante que representa la inclusión periódica de Panamá en estas listas, es ¿el país debe continuar con esa parte del negocio de los servicios financieros?
Los productos asociados con los servicios jurídicos de las sociedades buzón y la opacidad fiscal están en vías de extinción. Tarde o temprano, ya sea por vía de las listas o por otros medios, la Unión Europea o Estados Unidos le harán demasiado caro a Panamá mantener un régimen societario tan flexible.
En un estudio de 2019, se estimó que la evasión fiscal en la UE superaba los 825 mil millones de dólares al año. La inmensa mayoría de ese dinero no pasa por Panamá. La mala fama del país contribuye a que los peces grandes de este negocio se escapen de la atención mundial.
En la reunión del día de ayer del Consejo de Ministros de Finanzas estuvo ausente el ministro holandes Wopke Hoekstra. La razón fue que su nombre aparecía en los Pandora Papers como otro beneficiario de una sociedad en un paraíso fiscal. Así de bueno es el negocio.
