La Caja del Seguro Social (CSS) adjudicó recientemente al Consorcio Salud en Control un contrato de $168 millones para la actualización, implementación e integración de procesos de almacenamiento, distribución y dispensación final de medicamentos a nivel nacional. El contrato tienen una duración de cuatro años, otorgado en medio de la crisis provocada por el nuevo coronavirus.
El consorcio beneficiado con el millonario contrato está integrado por dos sociedades: una panameña, llamada PMG Logistics Corp., y otra mexicana, denominada Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., también conocida como Intermed. Esta última es investigada en su país de origen por supuestos actos de corrupción.
Contratación
A la empresa mexicana se le ha acusado de una supuesta distribución de medicamentos “piratas” desde 2013. Pero también es –o ha sido– investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México por presunta defraudación fiscal y operaciones simuladas.
A pesar de estas acusaciones –todas publicadas en internet por medios mexicanos–, la resolución de adjudicación por la millonaria cantidad fue firmada por el director de la CSS, Enrique Lau Cortés.
La resolución de la CSS indica que el Consorcio Salud en Control fue el único proponente que “cumplió con todos los requisitos y exigencias del pliego de cargos”, algo que se repite en las licitaciones del país azteca en las que, en no pocas ocasiones, la empresa mexicana ha sido la única proponente o la única en cumplir los requisitos.
Según documentos publicados en Panamá Compra, la CSS adjudicó este contrato a fin de “aumentar los índices de atención de recetas y la satisfacción de la población, garantizar la disponibilidad de medicamentos a través de la mejora de procesos de distribución y mejorar la eficiencia en la entrega de medicamentos”.
La compra incluye equipo de distribución, equipo tecnológico para el control de inventarios y capacitación presencial al personal de la Caja, entre otros.
En el pliego de cargos, se detalla que el contratista deberá “poner a disposición de la CSS”, sin costo adicional, unidades de transporte que “fortalezcan el parque vehicular de la CSS” y que el proveedor deberá hacer un análisis de la flota existente (de la CSS) y, en caso de que la institución no cuente con vehículos con las condiciones o dimensiones necesarias, el proveedor estará obligado a suministrar nuevos vehículos.
Una condición similar se le plantea al contratista en cuanto a las bodegas de almacenamiento de los medicamentos. El contratista deberá “analizar” lo que hay disponible actualmente para la CSS y, de notar que no cumple con lo que la empresa necesita, será responsabilidad del contratista poner más espacio e infraestructura a disposición.
En otras palabras, si el consorcio no necesita alquilar más espacio de almacenamiento o suministrar más vehículos, el pago a la empresa sería el mismo que si llegara a tener que incurrir en dichos gastos para cumplir con el contrato.
Durante el proceso de selección de contratista, el cual duró cuatro meses –desde que se presentó la licitación en Panamá Compra y se publicó la resolución de adjudicación– se presentaron diversos reclamos a las especificaciones especiales y técnicas que planteó la CSS desde un principio.
En el acta de la reunión de homologación, al menos una de las empresas interesadas dejó por escrito la inconformidad con una de las especificaciones técnicas del pliego de cargos, que hacía referencia a la sección de experiencia de la empresa, a la que se le exigía que hubiese dispensado medicamentos o insumos médicos a, por lo menos, cinco millones de pacientes.
A este numeral se le denominó “excluyente”, pues en un país como Panamá, con una población de 4 millones, ninguna empresa nacional cumpliría dicho requisito, afirman expertos en el tema.
Según el acta de la reunión, las empresas interesadas pedían más explicaciones sobre esos cinco millones de recetas manejadas, no pacientes. Cuando se consolidó el pliego de cargos con las especificaciones expuestas y corregidas, este punto no fue modificado.
Lazos entre empresas
Los lazos entre la sociedad PMG Logistic Corp. y la empresa mexicana son varios. Según el sistema de consulta en línea del Registro Público mexicano, los directivos de Intercontinental de Medicamentos, S.A. de CV, incluyen a: David Aragón García, presidente; Lucia Aguilar Morales, tesorera; Héctor del Rincón Salazar, vocal; Javier Quiles Herrera, secretario; y Gustavo Álvarez, como comisario. Los documentos mencionan a Rogelio Rodríguez Quintana, como su representante legal.
Según esos registros, el 6 de enero de 2020 la empresa inscribió un cambio en su objeto social para incluir la distribución de fármacos en países fuera de México, con la opción de Centro y Suramérica.
El representante legal de Intercontinental de Medicamentos –Rogelio Rodríguez Quintana– también aparece como apoderado de la sociedad panameña PMG Logistic Corp., la cual, como ya se dijo, es socia de la empresa mexicana en el consorcio beneficiado por la CSS.
Es decir, a las dos empresas en consorcio que se adjudicaron el contrato de la CSS en mención las une, al menos, una persona: Rodríguez Quintana.
PMG Logistic Corp. fue constituida en 2016. La preside Francisco Gómez y aparecen, además, Myrian Ramírez, secretaria; José Lozano, tesorero; y Raúl Leis Arce y Daniel Poveda, suscriptores.
Según documentos publicados en Panamá Compra, el 23 de enero de 2020 la directiva de PMG Logistic Corp. sostuvo una reunión en la que se aceptó la renuncia de Carlos, Roberto y Rommel Bogarín, directores y dignatarios de la sociedad, quienes fueron reemplazados por la actual junta directiva.
Este medio pudo observar que Intercontinental de Medicamentos, S.A. de CV., suscribió la sociedad Intermed Consulting Panama, S.A., inscrita nueve días después de haberlo hecho PMG Logistic Corp., según el Registro Público. En esta nueva sociedad también aparece Rogelio Rodríguez Quintana, en calidad de tesorero. Esta sociedad es presidida por David Tomassoni; Alessandro Cavallera actúa como secretario.
Este último, Cavallera, aparece como representante de la sociedad Casa Lola, que logró poner en funcionamiento dos restaurantes y un hotel de 29 habitaciones en un inmueble del Casco Antiguo, a pesar de no contar con permisos de ocupación ni de operación del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá.
En julio pasado, el hotel Casa Lola fue multado con $100 mil por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, luego de determinar “incumplimientos legales” que podrían representar “un grave peligro” para las personas y el conjunto monumental histórico del Casco Antiguo.
En marzo de 2019, una investigación de La Prensa, reveló que en el lugar –ubicado a pocos metros del Palacio de las Garzas– hay dos restaurantes, uno de ellos llamado Salvaje, que opera en la terraza. La resolución de sanción de Patrimonio Histórico hizo alusión a las preocupaciones de los bomberos, que insistían en que el inmueble “representa un peligro para las personas que lo visitan”, porque “no cuenta con energía eléctrica y en la actualidad se mantiene operando con generador eléctrico, lo que puede representar un daño a la salud pública”. En 2005, Patrimonio Histórico también los multó con $150 mil.
En su momento, La Prensa intentó obtener la versión de Cavallera, pero no respondió. Sin embargo, luego de la investigación periodística y a través de un correo electrónico, Javier Lugones, quien se identificó como representante de Casa Lola Internacional, reveló que, aunque Casa Lola es dueña del inmueble, no lo es de los negocios que operan en el lugar, porque “están alquilados a otras sociedades”.
Cavallera, además, recientemente hizo entrega de una donación de “overoles de seguridad” a la CSS. Esto, según una nota de prensa publicada el 31 de marzo de este año por la CSS. En las fotos que acompañan la nota se aprecia a Cavallera haciendo entrega personalmente de la donación a Lau Cortés en su despacho. (Ver nota relacionada)
Respuesta de la DGCP
La situación de esta empresa mexicana y su vínculo con la CSS fue abordada el pasado martes con el presidente Laurentino Cortizo, en una conversación con periodistas, en cadena nacional.
Le preguntaron directamente por la adjudicación en cuestión. Cortizo dio la respuesta más corta de toda su intervención, pues se limitó a decir que pediría a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que “revise” este contrato.
Sin embargo, la Ley 22 de 2006 –de Contrataciones Públicas– no le da competencia a la DGCP de hacer revisiones de contratos ya adjudicados, como en este caso. Así lo explicó el director de Contrataciones Públicas, Raphael Fuentes, quien aseguró que enviaron el pasado 8 de abril un informe sobre la licitación a Cortizo.
“Durante el acto público hubo varios reclamos que fueron resueltos de acuerdo a lo establecido en la Ley 22”, puntualizó. Agregó, además, que las empresas que se vean agravadas por la decisión pueden presentar una impugnación en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas hasta el jueves de la próxima semana. Para ello, debe consignar una fianza.
No obstante, recordó que la Ley 22 también establece que la entidad licitante (en este caso, la CSS) en cualquier momento del acto puede proceder a cancelar la licitación.
Por su parte, el director general de la Caja del Seguro Social, Enrique Lau Cortés, aseguró que el acto público fue transparente. “Los interesados pueden usar los recursos que le da la ley”, manifestó. En cuanto al objeto de la contratación, el director puntualizó que el 80% de las quejas en la CSS tienen que ver con la falta de medicamentos, por lo cual buscan resolver ese problema.
Ante las críticas, el funcionario sostuvo que aquel que tenga alguna queja, que vaya a los tribunales. “Yo desde hace muchos años no contesto anónimos y chismes. Yo, ahora mismo, estoy concentrado en la lucha contra el coronavirus”, concluyó.
A su vez, la Contraloría General de la República, vía publicación en su cuenta de Twitter, advirtió que, hasta ahora, no ha recibido los documentos ni ha refrendado este contrato adjudicado por la CSS. De momento, no se ha publicado ni el contrato ni el borrador en el portal Panamá Compra.
(Con información de Ohiggins Arcia Jaramillo).
