Entre junio y agosto pasado, la Autoridad Nacional de Descentralización –a cargo de Francisco Vigil– transfirió $25.5 millones a 113 municipios y juntas comunales del país, y hasta ahora no ha dado explicaciones para qué son esos fondos públicos.
El 57% de ese dinero ($14.6 millones), fue a dar a gobiernos locales controlados por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Sobresalen montos asignados a Barrio Norte, en Colón; y juntas comunales en Bocas del Toro, territorios que son controlados políticamente por los diputados del PRD Jairo Bolota Salazar y Benicio Robinson.
Barrio Norte recibió $1.7 millón, mientras que juntas comunales de Bocas, en total, recibieron $2.6 millones. La cifra se eleva a $4.3 millones si se toma en cuenta lo que recibieron municipios de esa zona, algunos de estos a cargo de alcaldes de Cambio Democrático.
Pobladores de Bocas del Toro aseguraron que no han visto el progreso a raíz de la llegada de ese dinero.
Versión de las autoridades
Francisco Vigil, de la Autoridad de Descentralización, dijo que un equipo se encargaría de responder para qué es el dinero, pero al final no respondió. El contralor Gerardo Solís dijo que cree ‘firmemente en la descentralización como modelo implementado por Omar Torrijos’.
Bonanza de la descentralización llega a Barrio Norte y Bocas del Toro
Millones de dólares de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) han sido transferidos a juntas comunales y municipios controlados por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) sin que las autoridades den cuenta de cuál es el propósito de estas transacciones.
Entre junio y agosto pasado, la Contraloría General de la República —entidad a cargo de Gerardo Solís— refrendó, al menos, 182 gestiones de cobro a favor de 113 municipios y juntas comunales del país, por un monto que suma $25.5 millones.
De ese total, $9.1 millones se destinaron a juntas comunales y $15.4 millones a municipios. El resto del dinero —$1 millón— fue transferido a la Asociación de Municipios de Panamá y otras organizaciones.
El 57% del dinero transferido por la Autoridad Nacional de Descentralización ($14.6 millones) fue a dar a gobiernos locales en control del PRD, mientras que $7.1 millones llegaron a juntas y municipios bajo el dominio de Cambio Democrático (CD); $1.7 millones a territorio del Partido Panameñista; y $588 mil fueron entregados a poblados controlados por el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), colectivo aliado del PRD.
Bastiones de diputados
Si bien es cierto que el PRD controla la mayoría de los gobiernos locales del país tras las elecciones de 2019, un detalle importante sale a relucir en esta danza de millones: las dos juntas comunales que han recibido los mayores montos son las de Barrio Norte, en Colón: $1.7 millón; y la de Changuinola, en Bocas del Toro: $850 mil.
Barrio Norte, donde, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, habitan unas 21 mil 771 personas, es territorio controlado políticamente por el diputado del PRD Jairo Bolota Salazar. De hecho, en las elecciones de 2019, Salazar también fue elegido representante de ese corregimiento, pero como la ley le impide ejercer los dos cargos simultáneamente, optó por la curul de diputado. En consecuencia, el representante de este corregimiento es Javier Lynch.
Este medio llamó dos veces a Lynch y envió un mensaje a su celular para que informara cómo se invertirán esos $1.7 millones, pero no respondió. Tampoco lo hizo el diputado Salazar.
Por otro lado, La Prensa contactó a José Arturo De La Lastra Mondul, representante del corregimiento de Changuinola —en Bocas del Toro— para que explicara cómo usaría los $850 mil.
El funcionario dijo estar dispuesto a atender a este medio, pero puso como condición que la entrevista se hiciera en su oficina, en Changuinola. “Con mucho gusto le remito lo que está en los expedientes. Son proyectos para la comunidad”, indicó.
Este medio le comunicó que, por ahora, no podía desplazarse a Bocas del Toro. Se acordó entonces que se le enviarían las preguntas por chat. Al cierre de esta edición, no había respondido.
Pero en esa población no se ve el progreso. Lo dicen sus habitantes. “No vemos nada. No sabemos en qué tiempo van a realizar esos proyectos, pero las calles están deterioradas, no vemos nada. Ni siquiera una reunión para decirle a los pobladores ‘vamos a hacer esta obra’”, contó ayer, vía telefónica, Luis Herrera, quien ha vivido en el sector toda su vida.
Políticamente, Bocas del Toro está bajo el mando del diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson. Es el cacique y quien dice cómo se ejerce el poder, dijo.
‘Vieja práctica’
Danilo Ábrego es bocatoreño de pura cepa. Fue el representante del corregimiento Cauchero —en el distrito de Almirante, Bocas del Toro— por CD (2009-2014), por lo que se conoce los resquicios del movimiento del dinero público en esas comunidades.
Para tener una idea de qué se puede hacer con los fondos del Estado, narró lo siguiente: “Antonio Wedderburn, cuando era representante [Guabito, 2009-2014], me dijo que, de la plata que Benicio le depositaba en ese momento en la junta comunal, solamente Benicio le daba el 10%, y el resto de los porcentajes, Benicio los utilizaba. O sea, utilizaba la misma junta comunal, porque todos los cheques los giraba el mismo representante con la tesorera. Pero esta es una práctica que Benicio viene haciendo con muchos representantes...”.
La de Changuinola no fue la única junta comunal que recibió grandes sumas de dinero. En total, 12 juntas de Bocas del Toro recibieron dinero entre junio y agosto pasado, por un total de $2.6 millones. Once son bastiones del PRD y una del Partido Panameñista.
Ahora, si se suma lo que los municipios de Bocas del Toro recibieron, el monto asciende a $3.1 millones, suma que se elevaría a $4.3 millones, pues en el portal de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de documentos de la Contraloría, hay varias transferencias “en trámite”. El de Changuinola, por ejemplo, recibió una transferencia de $393 mil 552, refrendada por la Contraloría el pasado 27 de julio.
En total, cuatro municipios de esa zona: Almirante, Bocas del Toro, Chiriquí Grande y Changuinola, todos controlados por CD, recibieron de $797 mil 849.
El Silencio
También sobresale la cifra que recibió la junta comunal de El Silencio: $450 mil. La Prensa llamó varias veces al representante de ese corregimiento, Julio César Smith, para entrevistarlo sobre ese dinero, pero no respondió.
Los que sí hablaron fueron pobladores de esta comunidad, creada en 2015.
¿Cómo han impactado estos fondos en la vida de los moradores de El Silencio? María Hernández, (el nombre fue cambiado a petición de la entrevistada) tiene 10 años de vivir en el poblado y narró que desde hace como tres años la población ha crecido mucho. El INEC no cuenta con un estimado de la población para este corregimiento, pues fue creado después del censo de 2010.
Sin embargo, Hernández dijo que ahora hay más casas y más barriadas, pero hay mucha pobreza. “Las calles están dañadas; familias viven con casas de penca, sin piso. Hoy [el pasado viernes] el honorable [Smith] inauguró un parque y no ha dicho cuánto costó. Hay agua potable, porque contamos con una potabilizadora, pero a muchas casas no les llega el agua. El único progreso que yo he visto ahorita en El Silencio es la camioneta que carga el honorable, que no es una camioneta que cuesta dos reales. ¿El sueldo del representante da para eso? (...)”, se pregunta.
También se quejó Víctor José Garmendia. Contó que hasta ahora a la junta local de desarrollo no se le ha rendido un informe sobre cómo se usa ese dinero. “El representante debe tener en cuenta que en una consulta ciudadana la mayoría tiene que votar a favor de las obras prioritarias. No se sabe ni cuándo fue formada la junta local de desarrollo ni quién es el presidente ni quiénes la conforman. Como ciudadano de El Silencio, no estoy informado de cómo se usan esos fondos. Yo no veo un proyecto de impacto”, dijo.
Las normas
El pasado 23 de agosto, La Prensa contactó a Francisco Vigil, director de la Autoridad Nacional de Descentralización, para que suministrara información sobre estas transferencias y su sustento, pero no atendió.
Se le volvió a contactar dos días después y dijo que un equipo de trabajo recopilaba la información, que la enviarían “la próxima semana”. Se le informó que esta información era prioritaria. Pero, el 20 de agosto, este medio había enviado un correo con preguntas a la oficina de atención ciudadana de la entidad, y a la asistente de Vigil, y en este último despacho dijeron que tienen a un “equipo de trabajo” recopilando la información. Hasta el cierre de esta nota, no se había recibido.
En el desglose del gasto de la página de seguimiento y fiscalización de la Contraloría no se detalla para qué son estos fondos. En el caso de las transferencias a las juntas comunales, dice que corresponde a “cumplimiento de lo establecido en las normas generales de administración presupuestaria… para la vigencia fiscal 2021”.
En las transferencias a municipios, dice que son “transferencias solicitadas”, correspondientes al “segundo periodo trimestral del año 2021 del fondo de inversión…”. La descripción estipula que corresponde a la transferencia de impuesto de bien inmueble, como lo establece la Ley de Descentralización.
El contralor Solís, por su lado, dijo lo siguiente: “Creo firmemente en la descentralización como modelo implementado por Omar Torrijos para la autogestión comunitaria”. Su comentario fue acompañado de una respuesta que intenta librar a la institución de responsabilidad. “Existe un proceso de fiscalización que sigue meticulosamente manuales de métodos y sistemas con guías circulares e instrucciones para el manejo de esos fondos. Las decisiones ejecutivas y legislativas de presupuesto de asignación de fondos son ajenas a nuestros controles”.
¿Esperaban estos fondos?
Se consultó a un representante de corregimiento para saber si por estos días las juntas comunales del país esperaban sumas de dinero de parte de la Descentralización. Ricardo Domínguez, representante del corregimiento de Bella Vista, municipio de Panamá, explicó que, al año, las juntas comunales reciben dos fondos: $110 mil que la AND deposita en la cuenta de las juntas. Para usar ese dinero, añadió, la Descentralización debe convocar a una consulta ciudadana para después licitar las obras que la comunidad escoja. Por lo general, esos fondos se gestionan a principios de año.
La Descentralización también les otorga lo correspondiente al Impuesto del Bien Inmueble. “Son ciento y pico de millones a nivel nacional. Por ejemplo, a la Alcaldía de Panamá, generalmente le tocan $90 millones. El concejo aprueba el presupuesto y para cada junta comunal, en el caso del Municipio de Panamá, hay alrededor de $350 mil al año. La junta comunal, después de una consulta ciudadana, escoge los proyectos y la Alcaldía es la que licita. Pero esos dineros, si no son depositados en la junta comunal, son depositados en la Alcaldía de Panamá.”, contó.
Fantasmas del pasado
En 2018, cuando Federico Humbert era contralor, entregó 186 auditorías al Ministerio Público con pruebas de múltiples anomalías en la gestión de fondos públicos.
Se determinó que 70 diputados se distribuyeron más de $247 millones en cinco años (2009-2014) que fueron manejados a través de las juntas. Hasta ahora, se desconoce el resultado de la investigación y cuántos políticos —si los hay— están procesados por estas prácticas.
