Un año después de que el gobierno de Laurentino Nito Cortizo cambiara la Secretaría de Comunicación del Estado por la Secretaria Estratégica de Comunicación del Estado (Gaceta Oficial 28841-B), la Presidencia pasó esa página y creó ahora la Dirección General de Comunicación (DGC).
Este organismo gestionará la comunicación política, tendrá 10 funciones y una estructura conformada por 7 oficinas. La DGC no solo rendirá cuentas al presidente Cortizo, sino al vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, pese a que una de las atribuciones del vicepresidente es la de reemplazar al presidente en caso de falta temporal o absoluta (artículo 185 de la Constitución).
La nueva dirección se dio a conocer a través de la Gaceta Oficial 29093, publicada el pasado 18 de agosto, dos meses después de que se anunció que Fernán Molinos es el nuevo responsable de las comunicaciones del Estado en reemplazo de Oscar Ramos, quien había asumido funciones en ese puesto el 1 de julio de 2019, cuando Cortizo llegó al poder.
Los cambios se dan luego de que el gobernante ajustó su gabinete en medio de la crisis por el nuevo coronavirus, hecho que dejó al descubierto fallas en la manera como se dieron a conocer decisiones importantes de la emergencia: anuncios a través de redes sociales y conferencias de prensa que no se formalizaban en decretos, generando confusión en la ciudadanía; poca transparencia en las compras de la pandemia, y decisiones que no se explicaban a la población.
Prueba de ello fue lo que ocurrió en mayo pasado, con la suspensión parcial de la ley seca: se anunció un martes en conferencia de prensa y el decreto se publicó el viernes siguiente a última hora de la tarde, situación que generó zozobra en los comercios y consumidores. Algo similar ocurrió con las medidas restrictivas para la circulación de niños y mascotas en la cuarentena.
El arribo de Molinos a la Presidencia ya generó movimientos de personal: comunicadores y periodistas que trabajaban en palacio, ahora tienen nuevas funciones en otros ministerios o entidades. También significó la llegada de otros. María Elena Barrios, quien hasta hace poco laboraba en TVN, asumió el cargo de subdirectora de comunicaciones. Se esperan más movimientos.
Entre las 10 funciones de la DGC, una menos que las que tenía la antigua secretaría, están las de analizar la coyuntura nacional para anticipar escenarios de riesgos, asegurar la equidad en la pauta estatal, y ejercer la vocería del Gobierno si el presidente lo considera.
Funcionará con siete oficinas: planificación estratégica; publicidad gubernamental; administración y logística; producción técnica; producción de contenidos; plataformas digitales, y comunicación interinstitucional.
Con la vieja secretaría operaban cuatro direcciones: relaciones públicas; publicidad estatal y campañas institucionales; comunicación digital, y medición y acción política para la gobernanza.
El poder del ‘vice’
La DGC, a diferencia de las demás plataformas de comunicación de los gobiernos anteriores, no solo responde al presidente de la República, sino también al vicepresidente. El Decreto Ejecutivo 534, que la crea, menciona al menos ocho veces al vicepresidente, en paralelo con el presidente.
Por ejemplo: la DGC gestionará la logística para acompañar las comparecencias y desplazamientos del presidente y del vicepresidente; producirá los materiales de contenido producto de la labor del presidente, y el vicepresidente; tendrá un consejo consultivo donde estarán representantes del presidente y del vicepresidente, y así.
Este modelo es consecuente con el papel que hasta ahora ha ejercido Carrizo: un poder autónomo para la toma de decisiones trascendentales del Estado. Por ejemplo: la centralización de las compras en la crisis.
Desde afuera
Para Manuel Domínguez, quien fue secretario de comunicaciones del Estado entre julio de 2014 y agosto de 2017 –periodo de Juan Carlos Varela–, y quien actualmente funge como director general de Llorente & Cuenca, la actualización legal y de diseño organizacional de la secretaría le parece “oportuna y necesaria”.
“Y abre la puerta para comenzar el debate sobre la necesidad de incluir esa oficina en el Gabinete con derecho a voz”, añadió.
Mientras, el analista político Edwin Cabrera manifestó que la nueva estructura le parece profesional y moderna; sin embargo, recordó que en la práctica hay algo que debe ser considerado: “la transparencia”. “Si el presidente no da la instrucción de la importancia que tiene la transparencia para comunicar, por más estructura moderna que exista, va a ser muy difícil”, sostuvo.
También dijo que es la primera vez que ve un decreto que crea una oficina en el que se menciona tantas veces al vicepresidente de la República. “No había visto eso antes. ¿Por qué [anteriormente] no se mencionó al vicepresidente? Porque ejercerá las funciones que el Presidente le asigne, como bien dice la Constitución. Me da la impresión de que han querido remarcar que el vicepresidente es una pieza fundamental de la estrategia de comunicación de la Presidencia”, agregó.
Se llamó dos veces a Fernán Molinos y se le envió un mensaje para que hablara del tema, pero no respondió.
