Los escándalos de corrupción en medio de la pandemia de la Covid-19, el caso Odebrecht, los esfuerzos para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional y la ley que establece la creación de un registro de beneficiarios finales de las personas jurídicas son parte de los temas en los que descansa el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), al momento de analizar a Panamá.
El informe, elaborado por Americas Society/Council of the Americas y el Control Risks, ubica al país en el puesto 9 de entre 15 países evaluados.
Panamá sacó 4.55 puntos, mientras que en 2020 fue calificado con 4.17, lo que le permitió ganar una posición. Sin embargo, la publicación señala a esta nación como “centro mundial de lavado de dinero”.
Del registro de los beneficiarios finales de las personas jurídicas, que aún no se ha implementado, dice que será fundamental para salir de las listas grises. También advierte que la movilización de la sociedad civil contra la corrupción sigue siendo escasa. En esta lucha, Panamá solo le gana a Bolivia.
Procesar y sancionar, un reto anticorrupción del país
Panamá está en el puesto 9 entre una lista de 15 países de Latinoamérica que fueron evaluados en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), elaborado por Americas Society/Council of the Americas y el Control Risks.
El informe destaca, entre otras cosas, que aunque Panamá sigue siendo “un centro mundial de lavado de dinero”, pasó del puesto 10 (2020) al 9 (2021) en el ranking del Índice de CCC.
El país tuvo una puntuación de 4.55 sobre 10, mientras que en 2020 fue calificado con 4.17. Los países con un puntaje más alto se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados. Uruguay, Chile y Costa Rica ocupan los primeros lugares.
El Gafi
El estudio valoró los esfuerzos que ha hecho Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y otras mejoras en su entorno anticorrupción.
“Estos esfuerzos se reflejan en un aumento del 21% en la puntuación de la lucha contra los delitos de cuello blanco, lo que sitúa a Panamá justo por encima de la media regional. En agosto de 2020, Panamá y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para establecer un grupo de trabajo formado por funcionarios panameños que recibirán formación del FBI para atacar las redes de blanqueo de capitales y perseguir la corrupción”, dice el documento, que fue dado a conocer el pasado lunes 14 de junio.
El Índice de CCC también aplaudió la aprobación de una ley que establece la creación de un registro de los beneficiarios finales de las personas jurídicas, así como la norma que establece un observatorio digital público de los proyectos de adquisiciones gubernamentales. Sin embargo, ninguna de las dos herramientas se ha implementado.
El 20 de marzo de 2020 se promulgó en la Gaceta Oficial la Ley 129, que crea el registro de beneficiarios finales, pero hasta la fecha esa base de datos no existe. En el Ministerio de Economía y Finanzas, explicaron recientemente que la meta de seis para la implementación no es realista. Precisamente, por estos días la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, adelanta la campaña “Panamá: Registro de Beneficiarios Finales”, cuyo objetivo principal es exigirle al Gobierno que ponga en marcha la herramienta.
La Prensa consultó sobre el tema a Silvana Amaya, senior analyst de la empresa consultora a cargo del estudio, Control Risks, y respondió que si bien es cierto que el registro no se ha implementado, se reconoce “con muy buenos ojos” la aprobación de la norma, por lo que el reto ahora es ponerlo en marcha y que las autoridades tengan las capacidades necesarias para hacerlo efectivo. “El principal cuello de botella para que Panamá salga de la lista gris de países Gafi es demostrar la efectividad de las medidas, la aplicabilidad de dichas normas y la capacidad del país para investigar, procesar y sancionar delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, añadió.
Corrupción y pandemia
El índice de CCC también hace énfasis en los casos ligados a corrupción que se han detectado en la pandemia de la Covid-19. Menciona las compras con supuestos sobreprecio por parte del Ministerio de la Presidencia y advierte que, aunque este y otros escándalos han provocado la indignación pública, la movilización de la sociedad civil contra la corrupción es escasa. “Panamá sólo está por delante de Bolivia en este ámbito”, dice el documento.
El caso Odebrecht también aparece en la investigación, particularmente entre “los temas críticos para monitorear”. El Índice advierte que este proceso podría marcar un avance crucial en la lucha contra la corrupción en el país. Por este caso, la Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó juicio por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales para 50 personas y en ese grupo hay tres exministros para los que también se pidió juicio por corrupción.
El Índice de CCC cita que los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) también están imputados en el caso.
Hasta ahora, el Órgano Judicial no ha fijado la fecha en que se realizará la audiencia preliminar del caso.
Por último, el Índice CCC señala que “la efectiva” puesta en marcha del registro de beneficiarios finales será fundamental para que Panamá salga de la lista gris del Gafi y, a la vez, puede ayudar a eliminar la corrupción en el país.
