Los mapas, desde siempre, han sido elementos para la conquista. Una vez que un territorio puede ponerse sobre papel, es que se puede planificar su control. Ahora, esas herramientas de conquista están cambiando de manos para ser instrumentos defensivos. Con los cuales acudir a la justicia y poder legalizar los territorios.
“Nuestros abuelos tienen los límites del territorio en la cabeza. Conocen las montañas como quien conoce su cuerpo. Pero los colonos llegan con mapas, avalados por el Gobierno”, explica Janiela Carpio, dirigente de la comunidad de Puerto Indio, límite de la comarca Emberá Wounaan, que aunque está protegida por ley, sufre de todas formas la intrusión de los colonos.
“Desde que tengo uso de razón, el tema de las invasiones es un problema diario. Recuerdo a mis abuelos en lo mismo y hasta el día de hoy”, se lamenta.
Con el apoyo de PPD –Programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas–, a través de la Fundación Almanaque Azul, “nos animamos a empezar esta locura de los mapas, inicialmente para mapear la cuenca hídrica y definir una política para el uso sostenible del agua potable. Pero primero tuvimos que aprender a utilizar las herramientas tecnológicas y en eso estamos todavía”, se ríe. Es el primero de una serie de proyectos en comunidades en conflicto.
Así fue como nació el equipo de mapeadores de Río Indio. Se trató, sobre todo, de digitalizar los conocimientos ancestrales de los abuelos de la comunidad. Realizar inmensas marchas a través de la selva para marcar con gps los límites históricos de los territorios que ellos utilizan. Janelia se ríe cuando recuerda la cara de funcionarios que vinieron de visita y los vieron trabajando con drones, geolocalizadores, computadoras, programas de diseño, mapeo geotérmico. “No lo podían creer. Tienen un prejuicio tan grande con Darién…”.
Mientras decoran la flamante oficina del equipo con los mapas que han ido haciendo, el líder del equipo explica que además de poder acudir a la justicia y defenderse de los invasores, los mapas les sirven para una mejor planificación de las actividades de la comunidad. “Porque necesitábamos saber exactamente qué tenemos. Qué cantidad de terrenos son potrero, qué cantidad es bosque virgen. Nos ayuda a medir e implementar nuestros proyectos, a entender el flujo del agua, a delimitar la cuenca hídrica… las ventajas son innumerables”, explica Aricio Cunampia, a cargo del equipo de mapeadores.
“Mi sueño es dejarle a nuestros hijos este tema resuelto de una vez por todas. Esperemos que este trabajo con los mapas de ese resultado para poder dormir tranquilos”, señala Carpio.
El piloto de drones
Carlos Doviaza es un joven emberá que nació en Alto Chucunaque, en la provincia de Darién. Una vida simple en el bosque.
Recuerda cómo les bañaban cada mañana con plantas medicinales antes de salir de las casas, para resguardarlos y protegerlos de los espíritus malos que podían vivir en el bosque y afectar la salud. “Era una forma de hacernos tomar conciencia y de inculcarnos el respeto al bosque”.
No había luz ni televisión ni celulares. La única comunicación con el mundo era un teléfono público que había en la comunidad. Y el río, que traía lo que traía. En verano, siempre lo mismo: apertura de caminos y tala indiscriminada. Los ojos del niño que fue lo recuerdan de una forma ambigua. Porque la deforestación abría espacios de luz en la noche eterna del bosque tropical. Y, además, los empresarios llegaban y montaban proyecciones de dibujos animados. Era una fiesta. Le costó tiempo entender las consecuencias nefastas de la deforestación. “Lleva tiempo abrir los ojos y aceptar que se están aprovechando de ti”, explica.
Pero sobre todo, Carlos prestaba atención a otro tipo de visitantes. “Recuerdo que siempre llegaban europeos con sus cámaras súper grandes a sacarnos fotos y filmarnos. Y yo los miraba y me imaginaba dónde pondría yo la cámara y que filmaría de lo que yo conocía”.
Esa idea infantil lo acompañó toda su infancia, hasta que luego de terminar la escuela decidió ir a la ciudad a seguir estudiando. Lo primero fue la discriminación. “Recuerdo que no entendía las noticias: siempre que hablaban de los pueblos indígenas hablaban de pobreza y noticias tristes, pero yo en el bosque no recordaba más que felicidad y abundancia”.
Mientras buscaba cómo estudiar cine, se topó de casualidad con los drones. “Y me di cuenta de que esta nueva tecnología me permitía, en una misma actividad, cumplir dos roles: por un lado registrar la vida comunal y por otro monitorear los bosques”.
Así fue como Carlos se convirtió en una herramienta fundamental para las comunidades del Darién: cada vez que hay una invasión de territorio, una quema, o cada vez que se necesita mapear en zonas inaccesibles, ahí va Carlos con su equipo, levanta los drones y consigue la información que se necesita. “Cuando los indígenas comenzaron a ir a los tribunales, los casos se caían porque no se acertaba a acercar la evidencia probatoria. Entonces, las comunidades dejaron de creer en la justicia. Pero ahora podemos llevar videos y demostrar lo que denunciamos. Los drones son una herramienta fundamental para el empoderamiento legal de las comunidades indígenas”, dice.
Con el apoyo de Rainforest Foundation US, viaja permanentemente por las comunidades y monitorea el territorio desde el aire. Para Carlos, hace falta enseñar que la riqueza no está en el bosque, sino que la riqueza es el bosque. No se trata de sacar lo valioso de él, sino pasar tiempo allí para enriquecer la vida.
El abogado
Leonides Quiroz es el primer abogado de la etnia wounaan. Nació en Darién, en la comunidad de Cémaco Taimatí, donde llegó su familia escapando de la violencia en Colombia. No tuvo una vida fácil. Creció con su abuela y su tía, lejos de sus padres. Dejó su comunidad siendo un niño de siete años para vivir con un matrimonio jesuita en la ciudad de Panamá. Su tutor, de pequeño, le decía: “tú estás destinado a ser la voz de tu pueblo”.
Logró ir a la universidad y licenciarse en administración de empresas. Cuando regresó a su pueblo en 1998, la situación de las comunidades wounaan había empeorado notoriamente.
“La desprotección era total, los territorios estaban invadidos y los conflictos eran permanentes”, explica. “La parte más difícil era la falta de reconocimiento legal sobre el uso colectivo del territorio. ¿Pero qué podía hacer yo?”.
Leonides comenzó a contactar abogados y juristas para intentar defender el territorio en la justicia. “Pero era increíble: nadie quería ayudarnos y los que se interesaban nos pedían demasiado dinero, sumas exorbitantes. Fue entonces que entendí que lo que necesitábamos era un abogado indígena. Y fue así que volví a la universidad y empecé a estudiar abogacía y ciencias políticas para trabajar en la prioridad número uno de mi pueblo, que es la reivindicación del derecho territorial como medio de supervivencia”.
Luego de recibirse, en 2003, comenzó un largo proceso para convencer a las autoridades ancestrales de intentar el camino legal. El escepticismo de las comunidades era absoluto. No esperaban nada del Estado panameño. Veían llegar a los políticos durante las elecciones con regalos, buscando votos, para luego desaparecer hasta la siguiente elección. Pero lo respaldaron.
Uno de sus primeros triunfos fue Puerto Lara, Cana Blanca y Arimae. Luego de un largo proceso, que duró siete años, se logró la titulación comunitaria. Fue una fiesta popular. Y esa legalización trajo a la comunidad una calma que se había olvidado. Poco a poco fueron percibiendo cómo un simple cambio legal repercutía en su vida cotidiana: las intrusiones de colonos terminaron y el bosque lentamente comenzó a regenerarse.
Luego de ese primer triunfo, Leonides se convirtió en un dolor de cabeza para el Ministerio de Ambiente, que preferiría no tener que lidiar con él. En marzo de 2018, incluso fue uno de los que tomó el edificio del ministerio en una protesta que obligó a este a dar el visto bueno para las inspecciones en ocho comunidades, el primer paso para titular la tierra. Estas inspecciones se realizaron en febrero de 2019.
