Un informe de auditoría del Tribunal Electoral (TE) desestimó los señalamientos de supuestas irregularidades en el uso del subsidio electoral destinado al partido Cambio Democrático (CD), que preside Rómulo Roux.
Sin embargo, solicitó al partido hacer corrección en el caso de un contrato de alquiler entre CD y la madre de la exdiputada y directiva del colectivo Mariela Vega.
En otros asuntos, el informe señala que, a pesar de que se contrató a familiares de directivos y se pagaron viáticos a miembros de CD, no hubo incumplimiento porque la restricción a estas acciones no estaba vigente.
La auditoría del TE surgió a raíz de una denuncia presentada por los 15 diputados disidentes que quieren quitarle la presidencia del partido a Roux, grupo que lidera Yanibel Ábrego, secretaria general de esa organización.
Informe del TE le da la razón al grupo de Roux
La denuncia por supuestas irregularidades en el manejo del subsidio electoral de Cambio Democrático (CD) –una de las principales cartas de los 15 diputados disidentes para expulsar a Rómulo Roux de la presidencia del colectivo– parecen desvanecerse.
Esto es así, luego de una auditoría especial del Tribunal Electoral (TE) que echó por tierra la denuncia que estos mismos diputados presentaron para que se auditara el uso del dinero público en el colectivo y se determinara si hubo afectaciones económicas al Estado, pues afirmaron que el financiamiento de su partido es mal utilizado por Roux, Mitzi Tejeira, Manuel Cohen, Mariela Vega y otros miembros de CD.
Los disidentes son liderados por la diputada y secretaria general de CD, Yanibel Ábrego, quien busca dirigir ese colectivo.
Algunos hallazgos
En el documento, dado a conocer este sábado, el TE detalla por qué cada una de las pruebas presentadas por Ábrego y su grupo no son válidas, aunque en algunas pidió correcciones.
El informe, que según el TE es “de carácter final”, precisa que la denuncia de los diputados llegó a la entidad el 2 de agosto de 2021 y que un día después empezó la investigación.
Un mes más tarde, el 28 de septiembre, los disidentes ampliaron la denuncia con supuestas nuevas pruebas y la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del TE recibió instrucciones para auditar a CD.
Sobre los señalamientos a Mitzi Tejeira, secretaria ejecutiva del partido, quien firmó los contratos de arrendamiento en representación de CD y que, además, actúa como representante del financiamiento público electoral, el TE indicó que “no existe incumplimiento” toda vez que el presidente de la junta directiva de CD certificó que la secretaria ejecutiva está legalmente facultada para ejercer esa función.
En cuanto a las supuestas anomalías en las sedes del partido en la provincia de Herrera, donde, según los disidentes, se beneficia a familiares de un directivo del partido, el informe del TE señala que, en efecto, una de las sedes, la que está ubicada en la calle Aminta Burgos (Chitré), con un canon de arrendamiento de $800 mensuales, es propiedad de la sociedad Nata Holding, S.A., entre cuyos dignatarios figuran la esposa e hijo del exdiputado y secretario de Finanzas de CD, Manuel Cohen.
No obstante, el TE explicó que en la fecha de la firma del contrato de alquiler [del 1 de febrero de 2019 hasta el 31 de enero de 2020] no había impedimento para que proveedores y directivos del partido pudieran celebrar contratos, pues esa prohibición empezó a regir con el Decreto 34 del 20 de agosto de 2020.
También se indica que los cheques girados por el partido en concepto de pagos y viáticos a algunos miembros de CD –Daysi González y Jorge Ruiz González, hijo– fueron sustentados con base en lo dispuesto en la norma vigente. “Se determinó que estos señores son miembros del partido y con base en la normativa vigente, durante el periodo indicado en la denuncia, no existen limitaciones para el pago de viático”, dice el documento.
El TE tampoco validó las quejas por la contratación de la sociedad SIPE, S.A. para el servicio de capacitación a través de Radio República, en la que, según los diputados, hay vínculo familiar con Cohen. Lo mismo pasó en los casos del exdiputado Mario Miller y del excandidato a diputado Porfirio Ellis, en los que el TE dijo que no hubo incumplimiento.
Correcciones
Pero CD sí incumplió con el arrendamiento de las oficinas del partido en Los Santos, pues alquiló una propiedad de Edith Arrivillaga, madre de Mariela Vega, exdiputada y directiva del colectivo.
Según la auditoría, en este caso sí se violó el Decreto 34 del 20 de agosto de 2020, que establece que los proveedores de bienes y servicios no deberán estar vinculados a los directivos del partido.
Sobre este hecho, el TE informó a CD y pidió, tal como establece la norma, que devolviera los fondos, pero a la fecha, no se ha hecho. “La situación anterior se mantiene. El Tribunal Electoral no ha recibido ninguna comunicación ni devolución del fondo”, dice el informe.
Según el documento, para corroborar la información vertida por CD, el TE le solicitó poner a su disposición toda la información sobre los contratos de arrendamiento, mantenimiento, servicios y honorarios profesionales; gastos por servicios de publicidad; servicios varios; cheques; facturas; grados de consanguinidad e información de los proveedores de servicios mencionadas en la denuncia. Además, visitó los locales arrendados e hizo entrevistas.
Dos días antes de que saliera la auditoría, el jueves pasado, y después de que se solicitara su expulsión del partido y se anunciara una acción para revocarles el mandato, los 15 diputados disidentes presentaron una nueva denuncia contra Roux y otras 14 personas por posibles faltas en el cumplimiento del estatuto, en relación con el manejo del financiamiento público. Esta vez, la acción fue presentada ante el Tribunal de Honor y Disciplina del partido.
