En medio del escándalo por el derroche de dinero público a través de los gastos de movilización, partida que manejan alcaldías y juntas comunales del país, el contralor Gerardo Solís fue denunciado por supuestamente no cumplir con su labor fiscalizadora, mientras la Fiscalía General Electoral abrió un proceso al alcalde de Colón, Rolando Alexis Lee, por la presunta comisión de delito electoral.
Solís fue denunciado ante la Procuraduría General de la Nación por parte del abogado Abdiel González, quien afirma que el contralor omitió sus funciones de fiscalización y retardó “ilegalmente, actos propios de su cargo”, en lo concerniente al control de los fondos de movilización que se asignan las autoridades locales.
Mientras que la FGE, a cargo de Dilio Arcia, abrió un proceso al alcalde de Colón, luego de que el pasado jueves Lee afirmara que “el alcalde que no camina termina perdiendo”.
La labor del contralor Solís, bajo la lupa
La labor del contralor general de la República, Gerardo Solís, sigue bajo escrutinio. Se cuestiona su rol en la fiscalización de los millonarios fondos que manejan los alcaldes y representantes de corregimiento del país, pero sobre todo en el control de los polémicos gastos de “movilización”, beneficio que reciben estas autoridades locales y que le cuestan al Estado por lo menos $12.3 millones por año.
A los procesos administrativos que le sigue la Procuraduría de la Administración se une ahora una causa penal en el Ministerio Público.
Solís fue denunciado ayer ante la Procuraduría General de la Nación por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos.
El abogado Abdiel González, el denunciante, afirma que el contralor habría violado el artículo 256 del Código Penal, por “omitir sus funciones y retardar ilegalmente actos propios de su cargo”.
En la denuncia, el abogado plasma que entre las funciones de un contralor está la de “fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido ante la ley”.
La Ley Ábrego
La Ley 256 del 26 de noviembre de 2021, conocida como Ley Ábrego, pone en manos de la Corte Suprema de Justicia la potestad de investigar administrativamente a los altos funcionarios, entre ellos, al contralor. La ley se aprobó en momentos en que la Procuraduría de la Administración investigaba a Solís.
En ese sentido indica que se desconoce la función que han realizado los auditores de la Contraloría en el refrendo de los gastos de movilización, durante los años fiscales 2020, 2021 y 2022.
González, quien también denunció al alcalde de Arraiján por el uso de los gastos de movilización en medio de la pandemia, primero llevó la denuncia a la Corte Suprema de Justicia, pero allí no la recibieron. Por eso acudió al Ministerio Público, entidad que está en manos del procurador encargado Javier Caraballo.
‘Despilfarro’
En la mañana de ayer, cuando el abogado González fue a la Corte, dijo a los periodistas que presentaba la denuncia “ante el despilfarro millonario de los fondos públicos a lo largo y ancho del país”. Puso como ejemplo el caso del municipio de Arraiján, pues aseguró que allí “en los últimos años se han consumido $1 millón en supuestos gastos de movilización”.
Añadió que ante este escenario, el contralor se ha hecho “de la vista gorda omitiendo sus responsabilidades”. “Ha omitido fiscalizar. Debe o debió haber solicitado facturas de gastos de estos $5 mil mensuales, porque estos son fondos públicos y nos pertenecen a todos”, añadió.
El pasado martes 18 de enero, el alcalde de la comuna capitalina, José Luis Fábrega, alegó que él no está obligado a sustentar los gastos de movilización que recibe cada mes ($5 mil). “Eso es como los gastos de representación de los diferentes ministros... y que yo tenga que presentar un informe mensual sobre los gastos que yo represento. La ley no contempla que yo tengo que hacer un informe. Partamos por el principio de que la ley hay que reglamentarla en la Asamblea Nacional”, manifestó.
Este medio solicitó a la Contraloría una versión al respecto, pero en la oficina de Comunicación informaron que “tan pronto lo notifiquen podría hacer un comentario”.
Sin embargo, la posición del contralor sobre la fiscalización a los gobiernos locales ha sido muy clara. Asegura que las decisiones político administrativas adoptadas por cada concejo municipal con relación a su presupuesto “son responsabilidad exclusiva de los alcaldes y representantes”, y que esto es así por respeto a la autonomía municipal, como “corresponde en un Estado de derecho”.
En la Procuraduría de la Administración
Por estos días, Solís tiene una pugna con el procurador de la Administración, Rigoberto González, por el mismo tema. González investiga a Solís por su papel en la fiscalización de los gastos de movilización. El pasado 17 de enero, el contralor le mandó una carta al procurador en la que se niega a suministrarle información sobre los acuerdos municipales que sustentan dichos pagos, y en tono desafiante le dice “es usted mismo quien tiene la obligación de mantener sistematizadas esas normas”.
En medio de este proceso y del escándalo por los elevados ingresos que recibe un grupo de alcaldes y representantes de corregimiento del país, el contralor anunció que había ordenado una revisión de los salarios, gastos de movilización y de representación, y dietas de estas autoridades.
Ya dio un paso. El pasado jueves, Solís se reunió con un grupo de alcaldes, entre ellos, varios de los que están en el selecto club de los que más ganan: Alex Lee, alcalde de Colón y presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, y José Luis Fábrega, alcalde del Municipio de Panamá. También estaba el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Abdiel Sandoya, entre otros.
