El asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, cometido por un escuadrón de la muerte hace 41 años en El Salvador, sigue sin ser castigado, denunció ayer la asociación de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández.
“Nuestra exigencia a 41 años [del crimen], es que cese la impunidad , que se investigue el caso”, declaró en rueda de prensa el abogado de la oenegé Alejandro Díaz.
Tutela Legal solicitó la reapertura del caso en marzo de 2017, luego de la derogatoria de una ley de amnistía que encubrió a los responsables de crímenes durante la guerra civil (1980-1992).
En 2019, esta entidad presentó una lista de presuntos involucrados. Pero, según Díaz, el caso se quedó estancado solo con el capitán en retiro Álvaro Saravia, considerado como el único imputado. El militar es buscado por Interpol desde el 23 de octubre de 2018, sin éxito.
Saravia, un lugarteniente del principal implicado, el ya fallecido mayor Roberto D'Aubuisson, confesó años atrás al periódico digital El Faro la manera en que se planificó y ejecutó el asesinato de Romero.
“Consideramos que hay obstáculos muy graves para que el caso avance, principalmente en la lentitud de la Fiscalía General de la República y de otras instituciones para procesar (...) y sancionar a los autores intelectuales y materiales en este caso”, denunció Díaz.
Tras cuatro años de la reapertura del expediente, la Fiscalía debería de tener “un equipo de fiscales de Derechos Humanos” viendo el tema, explicó por su parte, Ovidio González, otro de los abogados de Tutela Legal.
El asesinato encendió una guerra civil que en 12 años dejó 75 mil muertos, más de 7 mil desaparecidos y millonarias pérdidas económicas.
