La Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones internacionales de derechos humanos, así como voces a lo interno de El Salvador, rechazaron la destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general de ese país por parte de la recién estrenada Asamblea Legislativa afín al presidente Nayib Bukele.
En comunicado, la secretaría general de la OEA “rechaza la destitución de los magistrados de la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General, Raúl Melara, así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones”.
Tras su instalación la noche del sábado, la nueva Asamblea, dominada por los partidos aliados de Bukele, además de destituir a los funcionarios de justicia nombró a los nuevos titulares que les sustituyen. La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias “arbitrarias”.
La OEA también advierte que “cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios (de la democracia). Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia de funcionamiento del mismo”.
Estados Unidos también se pronunció. En una conversación telefónica, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, mostró a Bukele su preocupación por esta medida y le señaló que “un poder judicial independiente es esencial para la gobernanza democrática”, dijo el portavoz del departamento de Estado, Ned Price.
Por su parte, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, acusó a Bukele, de “concentrar el poder”.
A lo interno de El Salvador, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) advirtió en un comunicado que la medida es inconstitucional y constituye un grave atentado contra el sistema democrático e implica la ruptura del orden constitucional.
De hecho, minutos después del anuncio del poder legislativo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional la decisión. Los magistrados señalaron que la medida “viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista” establecido en el artículo 85 de la Constitución.
Aseguraron que “es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla”.
Pero medios salvadoreños reportaban ayer domingo que policías fuertemente armados se hicieron del control del edificio de la Corte para acuerpar e instalar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional recién nombrados.
Fusades condenó el “golpe de que se ha fraguado por parte de la Asamblea Legislativa”.
Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.
A propósito de esta tensa relación, en agosto de 2020 Bukele declaró: “¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos, o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás mil vidas a cambio de cinco”.
