Al mismo tiempo que miles de ciudadanos han visto cómo pierden sus ingresos, producto de las restricciones de la pandemia de Covid-19, en los últimos dos años el país ha sido testigo del “despilfarro de fondos” por parte del gobierno de Laurentino Cortizo, que no solo evitó reducir los salarios altos, como corresponde en una crisis, sino que “continúa aumentando la ya exorbitante planilla” (290 mil 776 funcionarios).
Así lo planteó en su pronunciamiento dominical la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), luego de que en los últimos días han salido a la luz detalles de cómo los gobiernos locales usan los presupuestos municipales y nacionales para gastos que incluyen emolumentos, que en muchos casos superan los $10 mil mensuales por alcalde o representante.
“La distribución de presupuestos con criterios políticos es inmoral”, dijo la Cámara, tras recordar que en este momento hay sectores productivos tratando de mantener los empleos y reactivar la economía.
Además, hizo un llamado a la Contraloría y a la Autoridad Nacional de Transparencia a que cumplan su rol sin esperar a que exploten las investigaciones periodísticas para reaccionar.
En tanto, ciudadanos recogen firmas para que alcaldes y ediles de Panamá y Colón reduzcan sus ingresos.
Crece el disgusto por el abuso con los fondos públicos en plena crisis
Ante las revelaciones periodísticas que han dejado en evidencia que en plena crisis, alcaldes y representantes de corregimiento han logrado duplicarse y hasta triplicarse sus ingresos mediante el uso de distintas fórmulas, la ciudadanía no se ha quedado callada.
Los empresarios también se han pronunciado contra lo que han calificado como un despilfarro de fondos públicos que agota la paciencia ciudadana frente a la indolencia de los funcionarios.
Este sábado, la agrupación Fiscalización Ciudadana (@fiscalizacionciudadana), que exige al alcalde de la capital, José Luis Fábrega, y a sus 26 concejales, que se reduzcan sus ingresos, llevaba más de 2 mil 900 firmas firmas con este objetivo (https://n9.cl/syjht).
La petición surgió luego de que el pasado 18 de enero, en medio de las críticas por los elevados gastos de movilización que cobran alcaldes y representantes de corregimiento, Fábrega -con ingresos de $12 mil 250 al mes- dijo que en sus recorridos comunitarios nadie le ha pedido que se rebaje su salario.
Un grupo de ciudadanos le tomaron la palabra y el pasado 25 de enero le entregaron la solicitud formal y ahora se preparan para hacer lo mismo en el caso del alcalde de Colón, Rolando Alex Lee. Este funcionario recibe ingresos mensuales por más de $11 mil, desglosados así: salario ($3 mil 500), gastos de movilización ($3 mil 500), gastos de representación ($3 mil 500) y dietas por reuniones del Consejo Provincial ($250). Pero a eso hay que agregarle los $1,200 que recibe de la Autoridad Marítima de Panamá debido que tiene una licencia con sueldo.
Tanto los representantes, como los alcaldes, han defendido sus prebendas alegando que se basan en acuerdos municipales (presupuestos) o leyes que han sido avaladas por la Asamblea Nacional y sancionadas por el Ejecutivo. Algunas, incluso, de vieja data.
Pero nada de esto justifica estos gastos en momentos en que hay tantas necesidades en las comunidades y sus autoridades están llamadas a servir al país, se queja Olmedo Guillén, quien fue representante de Juan Díaz entre 1989 y 1994 y ahora es activista del movimiento Fiscalización Ciudadana.
Lupa a los presupuestos
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá —que dirige José Ramón Icaza— informó que ante este escenario es importante mantener una actitud vigilante. Anunció que como gremio han decidido asignar personal especializado para que dé seguimiento a la formulación y ejecución de los presupuestos gubernamentales; así como al uso adecuado de lo fondos y cuestionar cuando se hagan usos inadecuados de estos.
Hizo un llamado a la Contraloría General de la República —que dirige Gerardo Solís— a que cumpla en todo momento con su deber legal de auditar y fiscalizar el manejo que se le dé a todos los fondos estatales, porque, al “no hacerlo oportuna e imparcialmente, sería cómplice de estos despilfarros”.
Igualmente, recordó que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) —que dirige Elsa Fernández— tiene la responsabilidad de ser proactiva y actuar según se lo exige la ley y no puede esperar a que exploten investigaciones periodísticas para entonces reaccionar y actuar.
La Cámara calificó como una “bofetada” que se usen fondos destinados a obras para gastos administrativos.
Hay que recordar que durante este gobierno se reformó la Ley 66 de 2015 que, a su vez, modifica la Ley 37 de 2009, la cual descentraliza la administración pública, para permitir que las autoridades locales puedan usar fondos del Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles (originalmente destinados a obras comunitarias) para gastos de funcionamiento.
Se trata de la Ley 202 de 19 de marzo de 2021, que, además, permite que, en razón de la pandemia, los municipios contraten personal transitorio, previo acuerdo municipal.
Todo esto fue cabildeado por los gobiernos locales y tuvo el aval del Ejecutivo, del Legislativo y, sobretodo, el silencio de la Contraloría.
El contralor Solís, quien inicialmente había defendido la legalidad de todos estos gastos, anunció el pasado 24 de enero que suspendió el pago de los gastos de movilización. Además, prometió revisar dietas, gastos de representación y otros rubros que se autoasignan los gobiernos locales.
En tanto, la Antai anunció que los alcaldes del país deberán publicar los subsidios, exoneraciones e información presupuestaria detallada, incluyendo los gastos de movilización, en las respectivas páginas web de los municipios.
Ambas entidades actuaron después de las publicaciones de los gastos en los medios y luego de que el propio mandatario, Laurentino Cortizo, dijera que los alcaldes y concejales, al menos, deberían equiparse el salario con el de él (unos 7 mil mensuales).
Panamá tiene 81 alcaldes y 679 representantes de corregimiento. Pero hay en la Asamblea Nacional varios proyectos de creación de nuevas alcaldías y distritos.
