El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido ayer sin oponer resistencia, luego de que un juez de la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura, en respuesta una solicitud de extradición presentada por la justicia de Estados Unidos (EU), que lo acusa de vínculos con el narcotráfico, constató un fotógrafo de la agencia noticiosa AFP.
Vestido de azul, Hernández salió de su vivienda en Tegucigalpa –que era custodiada desde la noche del pasado lunes por unos 600 agentes de la policía hondureña– e inmediatamente policías le colocaron un chaleco antibalas y lo esposaron de pies y manos para trasladarlo a un vehículo oficial y posteriormente ser presentado ante un juez.
Ante la petición hecha por la justicia estadounidense el lunes, la Corte Suprema de Justicia convocó ayer a una sesión virtual a los 15 magistrados y nombró un juez que, inmediatamente, emitió la orden de captura.
La detención se concretó durante un operativo de las fuerzas del orden hondureñas, con apoyo de agencias estadounidenses, incluida la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), según confirmó la policía en un comunicado.
El portavoz de la Corte Suprema, Melvin Duarte, explicó que el juez hará una valoración de la información remitida por Estados Unidos para decidir sobre la extradición.
“Normalmente, lo que ha ocurrido es que cuando ya está ubicada la persona casi de inmediato se señala la audiencia preliminar”, precisó el portavoz, y agregó que en otros casos los procesos de extradición no han demorado más de cuatro meses.
Hernández, quien entregó el poder el pasado 27 de enero a la izquierdista Xiomara Castro, es acusado de “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos (...) con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos”.
También se le acusa de “usar o portar armas de fuego, o ayudarle a instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego (...) ametralladoras y dispositivos destructivos”.
Un tercer cargo es por “conspiración para usar o portar armas de fuego (...) en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos” a Estados Unidos.
En “la conspiración, transportó aproximadamente 500 toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos” y recibió sobornos del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán (condenado por la justicia estadounidense), informó la embajada de Washington en Tegucigalpa a través de un comunicado.
El exmandatario ha rechazado insistentemente los cargos y se proclama como el presidente hondureño que más ha combatido a los carteles, con apoyo de las agencias de Estados Unidos, y atribuye los señalamientos a una venganza de los capos procesados en el país norteamericano.
Entre sus logros detalló que durante su gobierno se extraditaron 28 capos y que otros 31 se entregaron a Estados Unidos, en tanto se incautaron 41,240 kilos de cocaína entre 2014 y 2021.
La orden
Temprano, antes de que se concretara el arresto de Hernández, un juez de la Corte había ordenado la captura del expresidente (2014-2022) para cumplir con la petición de extradición de Estados Unidos.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, dijo entonces a los medios de comunicación que, entre sus facultades, el juez tenía “que decidir si se emitía la orden de detención y ya se ha emitido”.
En ese momento, la vivienda del expresidente permanecía rodeada por unos 600 policías.
Según Duarte, la orden del juez fue remitida ayer mismo a las autoridades del ministerio de Seguridad, quienes debían decidir si lo presentan ayer mismo a la primera audiencia o no, dado que tenían 24 horas para hacerlo.
Los abogados del exgobernante se pronunciaron en ese momento mediante un comunicado y argumentaron que “ante la voluntad manifiesta del señor Hernández de someterse voluntariamente al proceso de extradición, no se aprecia la necesidad de que se proceda al libramiento de la orden de arresto”.
El propio expresidente también había divulgado un audio, en el que dijo estar “listo para colaborar y llegar voluntariamente” a la audiencia judicial que decidirá su suerte, “para poder enfrentar esta situación y defenderme”.
Al banquillo
Cuando estaba al frente del gobierno de Honduras, uno de los países más pobres y violentos de Centroamérica, Hernández se presentaba como adalid de la lucha contra el narcotráfico.
El abogado, de 53 años, dejó el poder tras un cuestionado segundo mandato para el cual fue reelecto en 2017, en medio de protestas opositoras por “fraude”.
Hernández se convirtió en 2014 en el presidente más joven de Honduras, un país empobrecido y azotado por narcotraficantes y pandillas que llegaron a convertirlo en el más violento del mundo, con una tasa cercana a los 80 homicidios por cada 100 mil habitantes.
JOH, como es conocido, dijo durante su mandato haber reducido esa tasa a la mitad con su guerra contra los carteles, en el marco de la cual extraditó a más de una veintena de traficantes a Estados Unidos, al tiempo que provocó la entrega voluntaria de otra decena.
En el marco del juicio por narcotráfico realizado en Nueva York contra su hermano, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua, un fiscal de Manhattan dijo que JOH recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, incluido del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.
“Esa alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula”, tuiteó Hernández en aquel momento.
En el juicio de otro narcotraficante hondureño en Nueva York, Geovanny Fuentes, un testigo contó que escuchó a JOH jactarse de que iba a “meter la droga a los gringos en sus propias narices” y no se iban “a dar ni cuenta”.
Sus opositores tildaron al mandatario de “dictador” y lo acusaron de haberse enriquecido en el gobierno.
También lo acusan de haber eludido la prohibición constitucional de un segundo mandato, ampliando su control sobre los poderes del Estado, incluyendo la justicia, que avaló su candidatura, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que proclamó su victoria.