Autoridades de Costa Rica allanaron ayer la Casa Presidencial y varios organismos estatales, y detuvieron, al menos, a dos dueños de firmas constructoras, en una operación para desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambio de obras públicas.
Durante la operación, liderada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que depende de la Fiscalía, se realizaron 57 allanamientos, tanto a entidades públicas como a domicilios particulares. Se presume que la red malversó entre 2018 y 2020 unos 78 mil millones de colones, equivalentes a unos 125 millones de dólares.
“Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas (...) Incluso, había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos”, expuso el director del OIJ, Wálter Espinoza.
En el transcurso de la mañana, según información oficial del OIJ, se detuvieron 28 sospechosos, entre ellos, dos de los dueños de las constructoras más importantes del país: Carlos Cerdas Araya, de Meco; y Mélida Solís Vargas, de H. Solís.
Además de la Casa Presidencial, la policía ingresó a otras 13 instituciones públicas, entre ellas el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP), así como a múltiples oficinas de empresas privadas que se dedicaban al mantenimiento y desarrollo de obras viales, y a 21 casas de personas vinculadas a la presunta red.
“Hubo una denuncia hacia un grupo de funcionarios públicos que irregularmente favorecían a algunas empresas y que lo hacían para obtener beneficios en el ámbito del mantenimiento, desarrollo y construcción de carreteras”, dijo Espinoza.
“Esas empresas tenían monopolio de adjudicaciones y licitaciones públicas porque contaban con un apoyo de funcionarios que daban beneficios irregulares”, añadió el jefe de la OIJ. Entre los favores se incluyen autos, terrenos, dinero en efectivo, y hasta favores sexuales, entre otros.
Los delitos que se investigan son peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos y tráfico de influencias.
Al respecto, la Casa Presidencial envió un comunicado señalando que está cooperando con todas las diligencias judiciales, ya que reiteran que “la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas”.
Esta es la segunda ocasión en que la Casa Presidencial es allanada. En febrero de 2020, las autoridades ingresaron a sus ambientes como parte de las investigaciones sobre el posible acceso ilegal a información sensible de la población, a través de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
De acuerdo con el diario La Nación, Erick Ramos Fallas, quien representa a Cerdas, expresó que “estamos en una amplia y plena colaboración con el Ministerio Público, con las limitaciones que eso implique y, por supuesto, vamos a ejercer los controles de legalidad que permite el ordenamiento jurídico para esclarecer la verdad real de los hechos”.
Además, a través de sendos comunicados, Meco y H. Solís dijeron que están facilitando toda la información y documentación que el Ministerio Público requiera.
La Nación reportó que uno de los investigados, Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, es asesor del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y que, aunque le allanaron la oficina y su apartamento, no fue detenido.
Según medios costarricenses, las investigaciones judiciales apuntan a que en algunos casos se desvió el presupuesto aprobado para un proyecto hacia otros.
Cerdas fue uno de tres contratistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que en marzo de 2018 admitió haber pagado sobornos a Blue Apple Services, Inc., supuestamente a cambio de agilizar trámites y desembolsos por avance de obra.
El empresario señaló a la Fiscalía Sexta Anticorrupción en 2018 que Meco —que tenía seis contratos con el MOP— pagó a Blue Apple cerca de $9.4 millones en coimas.
