El Estado panameño mantiene una deuda con los jóvenes que están en riesgo social o en conflicto con la ley.
Un informe estadístico, presentado ayer por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno, detalla que entre los años 2012 y 2016, unos 491 menores ingresaron a los centros de cumplimiento. De ese total, el 58% de estos adolescentes tenía entre 17 años y 18 años, y el 66.2% solo había cursado la premedia escolar.
Para Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá es un país con una población de menores infractores baja, y por tal razón se espera mayor “eficiencia” por parte del Estado.
Mientras, Roderick Chaverri, vicepresidente de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia, dijo que se debe destinar más recursos en prevención para los jóvenes en edad escolar.
Alba Tejada, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, señaló que este informe servirá para elaborar un diagnóstico del tema. De hecho, informó que trabajan en un modelo de “intervención integral” para que los menores concluyan sus estudios, reciban atención médica y acudan a talleres del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.
VEA: Urge plan para atención integral de menores
