Pese a que la Asamblea Nacional (AN) ha jugado un papel activo en las últimas semanas en las denuncias sobre abusos físicos, sexuales y psicológicos en algunos albergues del país, este órgano del Estado está en mora con una legislación integral sobre la niñez.

Uno de los proyectos pendientes es la creación de un sistema de garantías y protección integral de la niñez. Dicha iniciativa fue presentada en 2018 ante el pleno del Legislativo por el entonces ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez, pero esta no pasó el filtro de la Comisión de la Mujer.

Para Jorge Giannareas, especialista en política social del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se requiere aprobar una ley marco de niñez y adolescencia, la creación de una política de garantías y de protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia, y la ampliación y fortalecimiento de una oferta de servicios para garantizar los derechos y brindar atención.

Sustenta que las acciones de “diferentes instituciones, o no están bien delimitadas, o generan contradicciones, o se solapan entre sí, creando confusiones, ambigüedades y vacíos, que colocan a los niños, niñas y adolescentes en una situación de desprotección en cualquiera de los momentos de su ciclo de vida”.

En la Asamblea, en tanto, aguardan por segundo debate al menos seis propuestas sobre niñez.

Por su parte, Rossana Uribe, de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, plantea que este escándalo deja en evidencia la “urgencia” de una ley de educación sexual que podría incidir en la planificación de las familias o la prevención de abusos.

Panamá, sin ley integral que proteja a la niñez

En medio del escándalo sobre las denuncias de abusos físicos, sexuales y psicológicos en algunos albergues del país supervisados por el Estado también quedó al descubierto la falta de una legislación integral para resguardar los derechos de la niñez.

Pese a que el país es signatario de varios compromisos, como la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada desde 1990, no se ha logrado que la Asamblea Nacional apruebe “un sistema de garantías y protección integral de niños, niñas y adolescentes”, como lo han solicitado los expertos locales e internacionales.

En 2018, el Ministerio de Desarrollo Social, en ese momento, dirigido por Alcibiades Vásquez, llevó dicha propuesta al Legislativo. La iniciativa fue enviada a la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, que luego la remitió a una subcomisión para analizarla, pero no logró consenso. La propuesta quedó en nada, ya que pasó un periodo legislativo sin ser aprobada en la Comisión.

Panamá tampoco cuenta con una ley que establezca el marco de subsidio para todos los albergues autorizados y certificados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Lo que regula los albergues es el Decreto Ejecutivo 404 de octubre de 2020, que se refiere a su apertura y funcionamiento.

En la Asamblea la aprobación de normativas que protejan a los niños, niñas y adolescentes, es nula. Precisamente, hay cerca de seis propuestas que abordan el tema, pero se encuentran a espera de un segundo y tercer debate por parte del pleno.

Por ejemplo, el proyecto 120, que busca una ley general de adopciones en la República de Panamá. También está la propuesta 477, por el cual se brinda apoyo a las instituciones al cuido y atención de la niñez, adolescencia y albergues de adultos mayores, con las prácticas profesionales de estudiantes de técnicos y licenciaturas de las universidades del país.

Abogan por ley

En base a ese escenario, Domingo Barrios, presidente de Aldeas SOS, cuestionó ayer en una entrevista en TVN cómo el Estado puede exigir una serie de parámetros de un cuido, sin siquiera poseer una ley al respecto.

“Quiero hacer un llamado a la Comisión de la Mujer, después que han visto el resultado, la explosión de no actuar legalmente, y de la Asamblea de no generar leyes que promuevan monitoreo, regulación y subsidio (...) para que aprueben las normas que se requieren”, dijo.

Por su parte, la exmagistrada y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, recordó en Radio Panamá que al Estado panameño se le han hecho recomendaciones por más de 10 años. Por ejemplo que mandar los niños en albergues institucionales no es la mejor opción.

“Está probado que en estos lugares los niños están en mayores riesgos de ser violentados en su derecho”, dijo. Señaló que este escándalo debe servir para exigir un alto y las investigaciones no pueden quedarse en que se van a cerrar albergues. “Tenemos que saber cuáles son esos albergues y quiénes son los responsables de la violación de los derechos de la niñez”, acotó. Al tiempo que dejó claro la necesidad de un sistema de garantías para la protección de la niñez.

Desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), también consideran importante la creación de un sistema que implica la aprobación de una ley marco de niñez y adolescencia, la creación de una política de garantías y de protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia, y la ampliación y fortalecimiento de una oferta de servicios para garantizar los derechos y brindar atención a todos los niños y niñas. La Comisión de la Mujer, en su informe ejecutivo de la investigación sobre el caso, también acepta que hay que impulsar la discusión de un sistema integral de protección de niñez y adolescencia.

En tanto, Rossana Uribe, de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, señaló que el escándalo en los albergues también hace “urgente” la aprobación de la ley de educación sexual. Explicó que el hecho de no contar con una educación sobre sexualidad de manera formal, científica y académica trae todo ese tipo de problemas que se ven a diario en el país. “Si se les da a los niños y niñas las herramientas necesarias para su vida integral van a poderle hacer frente a situaciones de vulnerabilidad”, dijo .

Agregó que no es que un niño o niña que haya recibido educación sexual no vaya a ser víctima de abuso, “pero podrá saber qué está pasando, a quién puede acudir y denunciar”, indicó.

Además, que todo esto puede incidir en la planificación de la familias para evitar niños en riesgo social.

Cortizo se pronuncia; condena abusos sin destituir a nadie

Nueve días después de que se divulgaran las denuncias de abusos en albergues supervisados por el Estado y varios días de protestas en las que se exigía un pronunciamiento del presidente de la República, Laurentizo Cortizo, el mandatario difundió en la tarde de ayer un mensaje a la Nación. No anunció destituciones, pero pidió a los responsables del Mides y de la Senniaf constituirse en querellantes en las denuncias presentadas ante el Ministerio Público para que se sancione a los responsables, “sean oenegés o fundaciones”. Instruyó al Mides para presentar un proyecto de ley para aumentar las sanciones por delitos de abuso sexual. Igualmente pidió al Ministerio de Economía que coordine con el Órgano Judicial la dotación de recursos para acelerar los procesos en la jurisdicción de niñez y adolescencia. Prometió, asimismo, auditar los subsidios entregados a los albergues.