Director de la Policía defiende el cuestionado alquiler de vehículos

Sin importar lo controvertido que sea esta contratación y en medio de la pandemia que dejará severas secuelas económicas para el Estado panameño, el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, se mantuvo firme en la necesidad de alquilar vehículos por un monto de casi $1 millón, pese a que podría tener a su disposición buena parte de la flota gubernamental que está sin uso.

Miranda sostiene que el arrendamiento conlleva “un nivel estratégico de decisión”, asumida al inicio de la actual administración, pero además, sostiene que utilizar los vehículos estatales que están disponibles por su falta de uso debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus, no es una solución viable.

El pasado 20 de marzo, Miranda solicitó autorización al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, para contratar el arrendamiento de vehículos de manera excepcional a dos empresas arrendadoras. La aprobación fue recibida poco después y ratificada el pasado jueves 8 de abril, en medio de los cuestionamientos, entre ellos, los de Transparencia Internacional (Panamá), que pidió la intervención de la Contraloría para que se verifique si se buscaron los mejores precios.

Entre los carros solicitados con transmisión automática se encuentran 20 camionetas modelo Prado, cuyo alquiler cuesta $98 mil. En tanto, los contratos incluyen otras 20 camionetas modelo Fortuner, que serán alquiladas por un monto de $83 mil. Estos vehículos serán arrendados por tres meses y medio.

Las camionetas, afirmó Miranda, serán utilizadas por los equipos de interdicción de drogas, antipandillas y unidades de fuerzas especiales, entre las que mencionó antiterroristas, antinarcóticos y equipo “de choque”.

“Esos vehículos son para este tipo de trabajo, donde se requiere un auto más robusto y [de] mejor capacidad”, se justificó.

También serán alquilados 219 carros sedanes, autos pick up y buses, que serán arrendados por dos meses y medio. Miranda indicó que los vehículos serán para patrullaje policial y labores de investigación, por lo que “no se pueden realizar con la flota del Estado”, porque trasladarían el riesgo a entidades públicas. Además, dijo que estos se están usando para “soporte logístico y acciones administrativas durante la crisis” del coronavirus.

Al ser cuestionado sobre los criterios de selección de los contratistas favorecidos, dijo que se hizo un “análisis del mercado” que determinó que éstas eran las únicas empresas “que por su tamaño, flota y plataforma de mantenimiento y servicio” podrían cumplir “sin mayor complicación”.

El contralor Gerardo Solís afirmó que la documentación para procesar este alquiler aún no la ha recibido. En un corto mensaje a este medio, indicó que “he actuado y actuaré en congruencia con los mejores intereses del Estado”.

Más dinero

El alquiler de estos vehículos es la antesala de una licitación prevista para la adquisición de una flota. Sin revelar monto ni detalles, Miranda confirmó que contratarán a una empresa que se encargará de brindar el servicio de arrendamiento, a través del sistema “leasing operativo”, que “contará con equipamiento policial”.

No descartó que una vez culmine “esta etapa de urgencia, en la que priman principios como el de absoluta necesidad y precaución en la gestión policial, se deba reasumir la convocatoria de actos públicos para la adquisición de vehículos”.

Justificó la medida al indicar que la adquisición de repuestos para el 54% de la flota -que está fuera de servicio- “conlleva un mínimo de 10 pasos administrativos en un periodo de entre 30 y 45 días hábiles”.

Miranda defendió su decisión al señalar que “no existe el tiempo para hacer actos públicos de esa cuantía, además que el mismo sistema electrónico no se encuentra funcional para ese tipo de actos”, por la suspensión de un convenio marco.