Marcado retroceso en la profesionalización y estabilidad del servicio público, procesos de contratación sin los respectivos controles, contratos otorgados a donantes de campaña, ningún avance en la presentación de proyectos de ley contra la corrupción. Estos son algunos de los resultados de la evaluación de cumplimiento del Reto Transparencia 2019, tras dos años del gobierno de Laurentino Nito Cortizo.
El presidente de la República se comprometió a cumplir con los cinco ejes del programa, e incluso los incluyó en su plan de trabajo, pero hasta ahora todo ha quedado en promesas.
El Gobierno no pasa la prueba del Reto Transparencia
El 29 de enero de 2019, en plena campaña política, el entonces candidato presidencial Laurentino Cortizo se comprometió a cumplir con el Reto Transparencia 2019. Ahora, dos años después de haber llegado al poder, son pocos los avances en ese tema y, por el contrario, abundan los retrocesos. Lo revela la evaluación de cumplimiento de ese reto, que preparó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
La iniciativa abarca cinco aspectos: leyes anticorrupción; transparencia y rendición de cuentas; contrataciones públicas; justicia, y, por último, acceso a la información, gobiernos abiertos y datos abiertos.
Leyes
En leyes anticorrupción, Cortizo se comprometió a presentar durante su primer año de mandato, un proyecto para actualizar la norma de declaración de bienes patrimoniales, otro para castigar y evitar el conflicto de interés, un proyecto para proteger a lo denunciantes, otra propuesta para actualizar la ley del Tribunal de Cuentas, una ley antisobornos y otra para modificar el Código Penal, en lo relativo a los delitos contra la administración pública. Nada de eso se ha concretado.
En lo que sí hubo un ligero cambio fue en lo referente a la ley de extinción de dominio. En abril pasado, el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, llevó a la Asamblea un proyecto para establecer esa figura en Panamá, pero lo hizo en la recta final del periodo legislativo, y hasta la fecha el documento no ha sido debatido.
En la Asamblea también hay algunos proyectos anticorrupción que abarcan varios de los temas del Reto, pero la mayoría ha sido presentada por los diputados independientes. Ninguno ha tenido el apoyo del ala oficialista en el palacio Justo Arosemena, por lo que no han prosperado.
Cortizo también se comprometió a modificar la Ley 6 de 2002 de transparencia, y la Ley 33 de 2013, que creó la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). La evaluación describe que en marzo de 2020, la Antai abrió un proceso de consultas sobre los posibles cambios a la Ley 6 de transparencia, proceso que cerró el 31 de julio de ese año.
La Prensa consultó ayer en la Antai sobre el estatus de estas y manifestaron que ambas fueron enviadas en marzo pasado a la Presidencia para su consideración, y que recientemente tuvieron una reunión sobre el tema con el equipo legal de ese ministerio. También enviaron una propuesta para reformar el Código de Ética de los Servidores Públicos y otra para la protección de los denunciantes.
“Estas propuestas responden, además, al cumplimiento del Reto de Transparencia, garantizando instrumentos útiles y eficaces para una gestión pública de calidad, al servicio de la sociedad”, asegura la entidad. Todos estos proyectos deben ser discutidos y aprobados en Consejo de Gabinete y luego remitidos al Legislativo.
Rendición de cuentas
En lo que se refiere a transparencia y rendición de cuentas, Cortizo se comprometió al “cumplimiento estricto de la Ley de Carrera Administrativa”. Pero aquí el monitoreo de cumplimiento alerta sobre un “marcado retroceso en la profesionalización y estabilidad del servicio público”. Cita el Decreto 39 del 9 de julio de 2020 que suspendió la carrera administrativa, y manifiesta “que se repite el modelo de despidos de funcionarios y nombramientos a copartidarios”.
El gobernante, además, prometió transparentar la gestión pública en materia de acceso a la información sobre utilización de recursos del Estado. Pero el informe revela que con la pandemia de la Covid-19, las compras y contrataciones realizadas con base a la Resolución de Gabinete 11 del 13 de marzo de 2020, que declara el estado de emergencia nacional, no llevan los procesos regulares de controles ni de transparencia. “El Gobierno Nacional publica con periodicidad páginas enteras de relaciones públicas con números imposibles de verificar”, advierte la iniciativa.
El Reto añade que la Comisión de Justicia y Paz realizó una veeduría ciudadana al programa Panamá Solidario y su reporte arrojó “múltiples instancias de discrecionalidad y uso de asistencias [bolsas de comida, vales y bonos] de forma clientelar por operadores políticos, que no se traducen en investigaciones”.
Contrataciones
El presidente también dijo en campaña que tenía en sus planes establecer mecanismos para simplificar los procedimientos de contratación pública garantizando la transparencia, la eficiencia y la seguridad jurídica. Aquí, de acuerdo al Reto, tampoco hubo avances. Reformas a la Ley 22 de Contrataciones Públicas también fue otro de los aspectos acordados por el gobernante. En efecto, se aprobó la Ley 153 del 8 de mayo de 2020 que modificó la norma, pero la evaluación afirma que “se quedó corta y generó ambigüedades y espacios para la trampa”. “Después de 14 reformas a la ley en 15 años, queda claro que la prevención de la corrupción no está en norma”, manifiesta el documento.
“No devolver favores a los donantes de campañas”, fue otro de los retos que tenía el gobernante. La evaluación registra retroceso y falta de rendición de cuentas en este tema. Esto, de acuerdo al documento, a raíz de que la emergencia “ha favorecido cientos de contrataciones directas sin los controles usuales”. Pone como ejemplo el hospital modular, para albergar a pacientes contagiados con la Covid-19. “Obra con señalamientos de múltiples irregularidades y objeto de una investigación en el Ministerio Público, que además tiene denuncias de haber favorecido con contratos a donantes de campaña”, advierte el reporte.
Justicia
El único avance en justicia es el relacionado con el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2019, Cortizo designó a María Eugenia López, Maribel Cornejo y Carlos Vásquez, y a seis suplentes. “Son personas sin nexos conocidos económicos, partidistas o familiares con el Ejecutivo”, dice la evaluación.
Datos abiertos
En datos abiertos, el documento abarca varios temas, uno de ellos es de la plataforma datosabiertos.gob.pa, de la que manifiesta, si bien está en línea, “carece de los suficientes datos relevantes”. También destaca que el Ejecutivo, a través de la Antai, “mantiene la voluntad de seguir perteneciendo a la Alianza de Gobierno Abierto”.
