La operación Fisher que ejecutó la Fiscalía Primera de Drogas del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Policía Nacional, deja al descubierto, una vez más, la infiltración del crimen organizado en el aparato gubernamental y en las filas de las entidades encargadas de la seguridad pública.
De las 56 personas aprehendidas el pasado miércoles en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, cuatro pertenecen a la Policía Nacional (PN) y una al Servicio Nacional Aeronaval, mientras que dos trabajan en la Autoridad del Canal de Panamá, otra en el Ministerio de Educación y una en una junta comunal.
Fuentes ligadas a la investigación, que pidieron el anonimato por temas de seguridad, detallaron a este medio que los agentes de la policía involucrados custodiaban los cargamentos de drogas y daban información clave a la organización criminal para garantizar el éxito de sus operaciones. El director de la Policía Nacional, John Dornheim, dijo el pasado miércoles en conferencia de prensa que no permitirá que sus agentes colaboren con las organizaciones criminales. “Aquel que cruce el camino tiene dos destinos: uno, la cárcel, y el otro, institucionalmente va a ser destituido”, añadió.
Sin embargo, este no es el único caso donde se detecta que policías colaboran con actividades ilícitas. En la mayoría de las operaciones antidrogas, las propias autoridades revelan que hay agentes vinculados.
#Entrevista| Dijo el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo que lo incautado en la #OperacionFisher es la más grande que se ha dado, producto del trabajo arduo realizado entre el Ministerio Público y los estamentos de seguridad. @ProtegeryServir @SENANPanama pic.twitter.com/p6FcwBLdfz
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) December 3, 2021
Familiares de un alcalde
En la fiscalía a cargo de la investigación informaron a este medio que entre los detenidos figuran dos familiares de Carlos Chavarría, alcalde de Portobelo, provincia de Colón. Se trata de su hijo, Carlos Chavarría Ceballos, y de su sobrina Jeshihara Chavarría. El alcalde Chavarría pertenece al Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, aliado del oficialista Partido Revolucionario Democrático.
El procurador Javier Caraballo destacó que este grupo criminal tenía la tarea de recibir grandes cantidades de drogas que eran enviadas por el Clan del Golfo, desde Colombia. La recibían en la Costa Arriba de Colón, luego la escondían en “caletos” y, posteriormente, a petición del cartel, la droga se entregaba a personas con las que el grupo colombiano había negociado.
La red movilizaba el cargamento a la ciudad de Panamá, a través de vehículos cuya estructura había sido alterada (doble fondo). También la transportaban en cilindros de gas, llantas de vehículos o lanchas rápidas. La mandaban a Centroamérica y de ahí a Estados Unidos.
El caleto
Ayer se generó otro capítulo relacionado con esta operación. Durante la mañana, cuando las autoridades realizaban diligencias relativas al proceso, en Colón, ubicaron un “caleto” de dinero en una residencia en la comunidad de Nueva Providencia.
En videos y fotografías que divulgó la entidad, se observa a personal de la Unidad Financiera de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) rompiendo un piso de baldosa y concreto con un mazo. Luego retiran una lámina de metal, para después encontrar pacas de dinero forradas con plástico.
El comisionado Julio Wong informó que contarían el dinero, a la vez que se debe establecer si los billetes son reales o no. Adelantó que se trata de “sumas millonarias”. “Hay que esperar el conteo oficial”, enfatizó. Al momento de redactar esta noticia, no se había divulgado la cifra total.
Audiencias
Todos los indiciados producto de la operación Fisher fueron llevados ayer, ante un juez de garantías. La fiscalía pediría la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, y medidas cautelares.
Las personas fueron conducidos en dos buses de la Policía Nacional a las 2:30 p.m. de ayer, a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en Ancón, ya que el salón de audiencia del Segundo Tribunal de Justicia fue habilitado para dicho acto.
Al cierre de la edición no había finalizado ninguna de las audiencias.
Nota del editor: 10 millones 091 mil 871 dólares es la suma decomisada en la residencia en Nueva Providencia. Así lo informó el Ministerio Público, a través de sus redes sociales, tras el cierre de esta edición.
