Hace pocos días, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció su nueva arma para detectar a personas sospechosas de haber contraído la Covid-19.
Se trata de una herramienta novedosa: drones con sensores de temperatura corporal, supuestamente capaces de detectar, desde la altura, a alguien con fiebre.
Estos equipos serían “aportados” al Minsa por una empresa de nombre igualmente original: Es Flor de Mayo Investment, S.A., la cual está integrada por personas a las que ha estado vinculado o está vinculado el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
“Con una buena calibración”, los drones podrían “prácticamente determinar el estado de salud de la persona. En este caso, podríamos detectar la Covid-19 en personas que mantengan fiebre”, informó el Ministerio de Salud.
El anuncio se hizo durante la inauguración del Centro de Operaciones para el Control y Trazabilidad Comunitaria en Coclé, acto en el que participaron el ministro de Salud, Luis Sucre, así como el viceministro de Seguridad, Ivor Pittí.
La sociedad Es Flor de Mayo Investment –inscrita en el Registro Público en abril del año 2019 – es integrada por Julio Herrera (presidente), Jacqueline Rodríguez (secretaria) y Harmodio Camargo (tesorero). Herrera y Rodríguez, a su vez, aparecen en otras sociedades en cuyas directivas han estado o están el vicepresidente José Carrizo, así como su antiguo jefe, Richard Fifer, representante de empresas mineras en la provincia de Coclé (ver gráfica).
Por ejemplo, Carrizo preside la sociedad Construcción de Coclé, S.A. –inscrita en 2011–, en la que Julio Herrera es el tesorero. La sociedad está suspendida desde noviembre de 2019 por morosidad. En 2017 se había advertido a sus directivos que estaban morosos con el pago de la tasa única desde hacía tres años.
En tanto, en la Fundación Petaquilla –presidida por Fifer– aparecía Lydia de Carrizo, madre del vicepresidente Carrizo, como fundadora tesorera hasta 2016. Ese año, Herrera fue nombrado vicepresidente de la sociedad.
En cuanto a Jacqueline Rodríguez, esta sustituyó a Carrizo en el cargo de tesorero en la empresa Renovación de Penonomé, S.A., el 6 de marzo de 2016.
La Prensa buscó en los registros de la Autoridad de Aduanas para conocer cuántos drones había importado la empresa Es Flor de Mayo Investment, pero no se encontraron importaciones.
En su aviso de operación -expedido el 7 de mayo de 2019, por el Ministerio de Comercio e Industrias– se reporta que esta sociedad se dedica “al transporte y/o tratamiento de agua potable”. La ubicación que se coloca en el aviso de operación y en el Registro Público es “Calle Santa Ana, casa de color verde, La Pintada, Coclé”.
En diciembre pasado, la Universidad Tecnológica y Es Flor de Mayo Investment firmaron un convenio de “cooperación para la ejecución de proyectos y asesoramientos”. En la nota de prensa no se menciona la participación de Fifer, aunque él aparece en la mesa principal en el acto de la firma del convenio, junto a Herrera, presidente de la sociedad.
Fifer mantiene una medida cautelar que le impide abandonar el país, por un proceso penal que se le sigue por la supuesta retención de más de $3 millones de las cuotas obrero patronales de la Caja de Seguro Social. También enfrenta una denuncia por presunta violación ambiental para la operación del proyecto minero en Donoso, Colón, que realizaba la empresa Petaquilla Gold. Por este caso mantiene una medida cautelar de notificación cada 15 días, informó el Ministerio Público en su momento.
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Contradicciones
¿Quién recomendó la medición de temperatura a través de drones? ¿Existe algún estudio que demuestre su efectividad? ¿Cuál es la experiencia de esta sociedad en tales actividades? ¿Existe algún contrato con la sociedad Es Flor de Mayo Investment? Estas fueron interrogantes que envió La Prensa al ministro de Salud, Luis Sucre, desde el pasado 20 de julio, varias de ellas aún sin responder.
Al día siguiente de haber enviado las preguntas al Minsa, la institución abordó parcialmente el tema en un comunicado oficial, respondiendo algunas interrogantes formuladas por este medio. En el comunicado se aseguró –después de cuatro días de haber promocionado el uso de los drones– que estos no serían utilizados, sin indicar la razón de ello.
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El comunicado del Minsa indica que el director regional de Salud de Coclé, Mario Lozada, fue quien informó que “la iniciativa” de utilizar los drones provino del gobernador de Coclé, Renault Domínguez.
“No existe y no se está elaborando ningún contrato con esta empresa”, aseguró Lozada. Añadió que la semana pasada entregó un informe a Sucre, “quien se mostró muy interesado”, que “quizás se harían alianzas y más adelante pudieran tomar una decisión sobre el uso de drones”.
Sobre la efectividad de esta herramienta y la experiencia de la sociedad, nada se mencionó. Tampoco quién de la empresa ofreció el servicio.
