Aunque dos de los magistrados del Tribunal Superior de Chiriquí y Bocas del Toro, Asunción Castillo y Carmen De Gracia, ordenaron el cierre provisional de los dos expedientes por las muertes de Antonio Smith y Virgilio Castillo en las protestas de Changuinola en 2010 contra la “ley chorizo”, también opinaron que la Fiscalía Primera Superior de esa jurisdicción debe seguir investigando los hechos y no declinar la competencia a una fiscalía de circuito.
Castillo, como ponente y con el aval de De Gracia, argumentó en los fallos de ambos casos que la Fiscalía Primera Superior debe mantener la competencia hasta que se pueda establecer si las muertes de Smith y Castillo fueron dolosas o culposas.
Explicó que hasta ahora se ha podido probar que Castillo y Smith murieron como consecuencia de un hecho violento, a causa de las heridas provocadas por perdigones disparados por la Policía Nacional.
Sin embargo, el magistrado precisó que no se ha determinado categórica y científicamente que la actuación de los uniformados contra los obreros haya sido dolosa (es decir, con intención manifiesta) y de allí la importancia de proseguir con las averiguaciones.
De hecho, el dictamen de sobreseimiento provisional deja abierta la puerta para la reapertura de las investigaciones tras el surgimiento de nuevas evidencias.
´Herido a 10 metros´
Por su parte, el fiscal primero superior de Chiriquí y Bocas del Toro, Luis Martínez, pidió en sus conclusiones que ambos expedientes sean remitidos a una fiscalía de circuito, con el argumento de que se trató de hechos culposos ocurridos cuando la policía cumplía con una labor legítima de mantener el orden público, salvaguardar la integridad de las personas y el derecho a la propiedad.
Durante la investigación, el tribunal pidió un perfeccionamiento de ambos sumarios y la fiscalía pudo establecer que en los enfrentamientos participaron 254 policías que seguían órdenes del comisionado Didier de Gracia, entonces jefe de la Zona Policial de Bocas del Toro, quien a su vez estaba subordinado a las órdenes de las autoridades civiles.
Martínez se basó además en las declaraciones de testigos como David Pineda, quien indicó que cuando llegaron los antimotines al puente de Finca 4, Changuinola, los manifestantes se dirigieron hacia un barranco, pero a Castillo le dio miedo tirarse y regresó.
Pineda explicó que en ese momento Castillo fue sorprendido detrás de una casa por los policías, quienes le dispararon con una escopeta de perdigones desde una distancia de unos 10 metros.
Otro testigo citado por Martínez fue Eduardo Castillo, quien dijo que pudo ver a Virgilio Castillo con el rostro cubierto y en compañía de más de 100 personas tirando piedras, quemando llantas y deteniendo a quienes sospechaban eran policías. No se precisa cómo fue que reconoció a Virgilio Castillo entre la muchedumbre que protestaba.
El testigo dijo además que el humo de los gases lacrimógenos impedía la visibilidad cuando fue herido el obrero.
En el caso de Smith, que murió en Finca 12, el fiscal Martínez hizo alusión a los señalamientos del testigo Andrés Jiménez, quien dijo haber presenciado un enfrentamiento entre trabajadores y policías cerca del Global Bank, frente al laboratorio Navarro, cuando de repente unos obreros llevaron un herido a su casa, a quien no pudo ver bien porque había muchos gases lacrimógenos. Más tarde supo que era Smith, que fue sacado de su casa en una hamaca y llevado al hospital.
Pese a todo lo anterior, en más de un año de investigaciones por las muertes de Smith y Castillo (en expedientes separados) no se acusó ni se le formuló cargos a nadie, aunque quedó establecido que se trató de hechos violentos.
Desacuerdo
El sobreseimiento dado por el magistrado Castillo con el aval de De Gracia no tuvo la aprobación del magistrado Salvador Domínguez, que salvó su voto.
Domínguez solicitó que se le devolvieran los expedientes al fiscal Martínez para que al concluir las investigaciones cumpla con el artículo 2194 del Código Judicial y envíe ambos procesos pidiendo llamamiento a juicio o sobreseimiento.
Domínguez agregó que la ley le impide al fiscal pedir que se declinen los procesos a una fiscalía de circuito.
El fallo de sobreseimiento provisional a los presuntos responsables del homicidio de Castillo fue emitido el 27 de octubre pasado, mientras que el de Smith fue el 31 de octubre.
El fiscal Martínez ya presentó y sustentó su apelación, en la que solicitó que se revoque el sobreseimiento del Tribunal Superior de Chiriquí y que ambos procesos sean enviados a una fiscalía de circuito.
Mientras que la parte querellante, representada por el abogado Rafael Benavides, anunció que apelará el sobreseimiento porque considera que la Fiscalía Primera Superior debe continuar las investigaciones hasta dar con los responsables de los dos homicidios.
Las protestas en Changuinola, Bocas del Toro, contra la Ley 30, bautizada como “ley chorizo”, ocurrieron entre el 30 de junio y el 10 de julio de 2010, pero fue el día 8 el considerado más violento. Ese día murieron por heridas de perdigones disparados por policías, los sindicalistas Virgilio Castillo y Antonio Smith.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, los disturbios dejaron 716 heridos, 44 de estos, policías. Además, dos muertos oficiales y otros cinco, todos niños, cuyo deceso podría guardar relación con la inhalación de gases lacrimógenos. También consta la detención de 153 personas y la retención, por parte de los manifestantes, de cinco policías: los sargentos David Gamarra y Efraín Pitterson; el cabo Abilio Serracín, y los agentes Dionisio Castillo y Esteban García, este último rescatado por fieles de la Iglesia bautista de Finca 4. Los cuatro primeros estuvieron retenidos en el sector de Débora. El informe también dice que Bonifacio Ábrego, entonces gobernador de Bocas del Toro, fue quien autorizó a la Policía a reprimir a los manifestantes el 8 de julio.
La Ley 30 quitaba el derecho a huelga, limitaba el acceso a las cuotas sindicales y eliminaba la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental en las obras que el Estado considerara de interés social.
También exoneraba a los policías del arresto preventivo en caso de que fuesen acusados de algún delito cometido en el ejercicio de sus funciones (esto se aprobó después en la Ley 74 de 2010).
Tras las protestas, la “ley chorizo” fue derogada y dividida en seis proyectos de ley.
Rubén Polanco
