El Consejo de Gabinete, liderado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, designó como nuevo procurador general de la Nación al abogado Eduardo Ulloa Miranda, quien se desempeñó como fiscal en el Ministerio Público entre 1997 y 2008.
Ulloa reemplaza a la procuradora Kenia Porcell, quien anunció su renuncia el pasado 12 de noviembre, luego que fuera divulgada públicamente una serie de conversaciones vía Whats App con el expresidente Juan Carlos Varela, conocidas como los “Varelaleaks”.
Tras el Gabinete y en conferencia de prensa, Cortizo detalló que se hizo un profundo examen de las capacidades de los cinco profesionales del derecho preseleccionados para al cargo, a quienes entrevistó personalmente.
El procurador designado es especialista en derecho penal económico y control de riesgos dirigido a empresas y corporaciones. Laboraba en la firma Tejada y Asociados. Durante su gestión como fiscal, manejó investigaciones sobre blanqueo de capitales y fraude bancario.
Cortizo también anunció la designación del fiscal Javier Caraballo como suplente de Ulloa y de Mónica Castillo como suplente del procurador de la Administración, Rigoberto González.
Al asumir el cargo, Ulloa deberá hacer frente a, por lo menos, 78 casos de alto perfil, algunos de los cuales se encuentran en fase de investigación y otros están pendientes de audiencia en los tribunales de justicia.
El mandatario relató que para la selección del nuevo procurador se buscaron características de integridad, independencia, temple, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y con un profundo conocimiento del derecho.
Las apuestas de Cortizo para el Ministerio Público
Finalmente se despejó la incógnita. El abogado penalista Eduardo Ulloa Miranda es la apuesta del Consejo de Gabinete para reemplazar a Kenia Porcell como cabeza del Ministerio Público entre 2020 y 2024.
El procurador suplente sería Javier Caraballo, actual fiscal superior de Colón y Guna Yala. Mientras que Mónica Castillo, estaría como procuradora de la Administración suplente.
El anuncio lo hizo el presidente Laurentino Nito Cortizo, en una conferencia de prensa ayer martes 10 de diciembre después del Consejo de Gabinete. “Por decisión del gabinete el procurador es Eduardo Ulloa, el procurador suplente Javier Caraballo, procuradora de la Administración suplente Mónica Castillo”, informó el gobernante a las 5:50 p.m. rodeado de sus ministros. La decisión fue unánime, recalcó.
Minutos antes de dar a conocer los nombres, el mandatario había contado que identificó nueve candidatos de los cuales cinco aceptaron someterse al proceso de escrutinio por parte de la empresa Transiciones y Consultores Estratégicos, procedimiento que implicó una evaluación psicométrica. Además, se ponderó la personalidad, el inventario de actitudes de trabajo, y el perfil curricular integral, entre otros aspectos. Cortizo dijo que solicitó al procurador designado aplicar las leyes “sin presiones”.
¿Quién es?
Ulloa es abogado de la Universidad de Panamá. Laboró en el Ministerio Público desde 1997 hasta abril de 2008, institución donde ocupó puestos como el de fiscal tercero de circuito de Panamá, y el de fiscal especializado en delitos financieros. Además, fue fiscal anticorrupción.
Hasta ayer formaba parte de la firma Tejada & y Asociados Abogados, en la que ha trabajado junto al exdefensor del Pueblo Juan Antonio Tejada, socio director de la firma.
En su cuenta de Twitter @eduardoulloa12 se define como abogado, amante de la lectura, la música, los deportes, y el arte en general. “Orgulloso de mi país, fiel creyente de la justicia social y la solidaridad”, se lee en su biografía en esa red social.
Los recursos y los abogados
En una entrevista que dio el 13 de julio de 2018 al canal de televisión Eco TV, fue crítico del abuso de los amparos de garantías para dilatar procesos judiciales. Su opinión surgió en momentos en que se debatía el desarrollo de la investigación que se le seguía al expresidente de la República Ricardo Martinelli (2009-2014), por el caso de los pinchazos, proceso en el que fue declarado no culpable el pasado 9 de agosto.
“No basta únicamente alegar que me violaron el debido proceso, sino que tú tienes que decir qué conducta fue, en qué concepto fue, y cómo se dio esa violación. Eso es lo que la Corte tiene que analizar para admitir o rechazar de plano un recurso”, dijo. “Yo creo que la propia Corte ha advertido de que ellos no van a permitir el abuso del derecho con el fin de alargar este proceso o de evitar que este proceso penal se desarrolle, porque hay que tener algo claro: por más que los abogados de la defensa digan que este proceso penal acusatorio es garantista, ninguna garantía puede ser interpretada como fin último del proceso, que es la realización de la justicia. Porque ese es un compromiso del Estado; es un compromiso de la administración de justicia de dar a la sociedad la certeza de que el sistema va a funcionar. Si nosotros dejamos el sistema en manos de abogados defensores de ciertas personas, si el sistema camino o no, estamos debilitando el sistema de justicia”, sustentó.
En otra entrevista que dio a TVN fue crítico del manejo que le ha dado el Ministerio Público a casos de corrupción de alto perfil.
Los suplentes
Mientras que Javier Caraballo, quien acompañará a Ulloa como procurador suplente, tiene 22 años de trabajar en el Ministerio Público, donde ha ocupado diversos cargos. Entre ellos el de titular de las siguientes fiscalías: Contra la Delincuencia Organizada, de Delitos Financieros, de Delitos Relacionados con Drogas, y hasta ayer era el titular de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.
Mientras que Mónica Castillo, quien será la suplente del procurador de la Administración Rigoberto González, hoy día se desempeña como secretaria general de esa institución. Es miembro de la red Iberoamericana de Contrataciones Públicas y ha sido docente por más de 15 años.
Retos
Ulloa tendrá entre sus tareas más importantes llevar a buen puerto unas 25 investigaciones de alto perfil que se encuentran en trámite y dar seguimiento a otras 53 que están en distintos tribunales de justicia. Entre ellas los sobornos que pagaron en Panamá las empresas Odebrecht y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) para hacerse con contratos.
Tanto Ulloa como Caraballo y Castillo deberán someterse al proceso de ratificación o rechazo por parte de la Asamblea Nacional, órgano que controla el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Ayer, el presidente Cortizo informó que se reunió con la mayoría de los miembros de la bancada del PRD para hablar de las sesiones extraordinarias y de la designación del nuevo procurador General de la Nación, y los suplentes. Narró que algunos diputados le preguntaron por los nombres, pero él le respondió que primero tendrían que se someterlos a consideración del Consejo de Gabinete.